Como ocurre en el espectro político o en el social, también hay una división clara en el ámbito jurídico respecto a una posible reforma de la ley de garantía de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'. No hay medias tintas: o defienden la propuesta de modificación presentada por el PSOE, o rechazan de plano volver a introducir la violencia y la intimidación para elevar las penas por delitos sexuales.

Todos los profesionales de la justicia consultados por 20minutos coinciden, eso sí, en que la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad es necesaria, importante y crucial para las víctimas. Pero difieren en un punto clave: la propuesta penal. Las horquillas de penas se ensancharon al unificar en un delito (agresión sexual) lo que antes eran dos (abuso y agresión sexual), y, al entrar en vigor el texto en octubre, se originó un goteo de rebajas de condenas a agresores sexuales -que ya superan las 500-, pues los mínimos pasaron a ser más bajos. 

La alarma social generada por estas revisiones de sentencias llevó al ala socialista del Gobierno a intentar negociar una reforma de la ley con sus socios de Unidas Podemos, pero, tras meses sin llegar a ningún acuerdo, el PSOE presentó finalmente en solitario su propia propuesta. Y es aquí donde reside el punto clave de toda la polémica surgida en los últimos días. Los socialistas sugieren recuperar la violencia y la intimidación (que antes de la ley condicionaban si un delito sexual era abuso o agresión), como subtipos agravados para computar penas más altas. Por ejemplo, si ahora el tipo básico por agresión sexual está penado con entre 1 y 4 años de cárcel, si concurre violencia o intimidación, la horquilla se elevaría de 1 a 5 años. 

Carlos G. Kindelán

En contra: "Tendrá que probar que cerró las piernas"

Un desdoblamiento que, según algunos expertos, retorna esas dos figuras delictivas diferenciadas, pese a que en el papel siga constando solo un único delito. "Vuelve a meter la cuña de dos tipos de agresión sexual. Otra vez la víctima tendrá que probar que se resistió, que cerró las piernas", lamenta María Acale, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz y una de las participantes durante la elaboración de la norma. Además, añade, pese a que no se toca como tal el artículo en el que se define el consentimiento, asegura que con la nueva propuesta, este "se convierte en una suerte de añadido" que cobra más o menos valor en función de si en la agresión hubo violencia o intimidación. 

Algo parecido opina Glòria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y presidenta de la Asociación Española de Mujeres Juezas, quien sostiene que la reforma "devalúa aquellos casos en los que el agresor no necesita usar la violencia para doblegar a la víctima". Es decir, que en cierta parte se 'penaliza' a las víctimas penando a sus agresores con un castigo más leve si no se resistieron. 

"Que te cojan de la coleta y te inmovilicen es violencia, y no deja ningún tipo de marca"

Además, añade la magistrada, va a exigir que quienes juzgan "hagan otra vez preguntas sobre las razones por las que mostraron o no mostraron resistencia". "Y no olvidemos que quienes juzgamos no somos inmunes a los estereotipos sexistas. Yo misma he de hacer esfuerzos para erradicarlos de mis convicciones judiciales", reconoce.

Hay, igualmente, un argumento que sostienen todos los profesionales que rechazan volver al modelo anterior, y es que toda violación entraña violencia o intimidación en mayor o menor grado. "Que te cojan de la coleta y te inmovilicen es violencia, y no deja ningún tipo de marca", sostiene Isaac Guijarro, jurista de Olympe Abogados. 

La violencia, asegura, es lo más complicado de probar. "A los abogados que defendemos a las víctimas nos va a volver a costar vida y milagro conseguir penas más altas porque vamos a volver a demostrar otra vez el tema de la violencia", asevera Guijarro, quien afea que con esta propuesta que al incluir estas "capas" dentro del delito de agresión sexual, "se le dará más importancia a la violencia y la intimidación que a, por ejemplo, que lo hicieran en manada, o que te haya violado tu propia pareja". 

Sea como fuere, más allá de la propuesta penal, los tres sostienen que se trata de una reforma que se está impulsando en caliente, apenas cuatro meses después de que entrara en vigor y cuando todavía no ha dado tiempo a que se implemente el texto completo. Hacen un llamamiento a la prudencia, y a esperar a que realmente haya pasado un tiempo para, entonces, decidir si debe cambiarse la ley. 

A favor: "Si hay violencia, no hay consentimiento"

En el otro bando están quienes defienden que la reforma es coherente y necesaria. "Cuando tú agredes a una persona, en general, el delito o la pena que se te impone depende del resultado que produzca o de los medios empleados", explica Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Género y miembro del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El también médico forense no cree que la propuesta socialista sea una vuelta al modelo anterior, ni que se aleje del planteamiento inicial de la ley del 'solo sí es sí', basado en el consentimiento expreso. "Si hay violencia o intimidación, lógicamente no hay consentimiento", sostiene. Lorente recuerda que, según un estudio sobre sentencias del Tribunal Supremo dictadas en 2020, la conducta utilizada con más frecuencia para llevar a cabo la violencia sexual es la fuerza física, empleada en el 49,1% de los casos, seguida de la intimidación, utilizada en el 43,8% de las agresiones.

No comparte tampoco que tener que demostrar la violencia en una agresión suponga un "calvario probatorio" para las víctimas, como ha denunciado la titular de Igualdad, Irene Montero, en varias ocasiones. "Si tienes todos los instrumentos físicos y psíquicos, no tiene por qué implicar eso. Es como si dices que a una persona que va al hospital sufrirá un calvario diagnóstico por el hecho de que le tengan que hacer pruebas para determinar su afección", defiende. 

"Cuando hay violencia, el peligro que se le crea a la víctima es mayor, por lo que es lógico que la pena sea superior"

Angela Alemany, de la asociación de mujeres juristas Themis, defiende la reforma como un mecanismo para precisar la proporcionalidad de las condenas. El texto actual, explica, pretende evitar que se aplique la pena mínima en los casos más graves (que están definidos en los agravantes), "pero lo deja a la aplicación de los tribunales, que pueden aplicarlos o no en función de una serie de circunstancias". Entonces, para Alemany, la reforma implica una forma de limitar esa aplicación y evitar así que se impongan condenas muy bajas para los casos más violentos. 

"Cuando no hay violencia o intimidación, se está atacando a un bien jurídico de la víctima, su libertad sexual; pero cuando hay violencia, además de eso, se está agrediendo a su vida, porque se pone en peligro su integridad física, y el peligro que se le crea a la víctima es mayor, por lo que es lógico que la pena sea superior", coincide el abogado penalista José María de Pablo. 

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Con todo, De Pablo considera que la reforma se ha quedado coja. "Es insuficiente, en cuanto a que vuelve al sistema anterior, pero queda todavía una horquilla demasiado amplia para aquellos delitos que antes se consideraban abuso", defiende. 

En ningún caso se frenarán las revisiones

Ninguna reforma frenará, sin embargo, las revisiones de condenas a agresores sexuales. Las rebajas y excarcelaciones (en torno a 500 ya) se están dictando en base al principio de retroactividad del Código Penal que establece que siempre se le aplicará al reo la ley más favorable (en este caso, la del 'sí es sí' porque han bajado las penas mínimas). Es, precisamente por esa razón por la que, por muchas modificaciones que se hagan de la norma, no acabarán las revisiones, porque una vez ha entrado en vigor una norma, no hay forma de impedir que se pueda aplicar. 

Sí que hay voces, entre ellas miembros del Ministerio de Igualdad, que apuntan a que la propuesta del PSOE origine una segunda oleada de revisiones. "Yo también creo que es posible, porque si dividen un delito otra vez, pues aquellas sentencias que no se habían revisado porque entraban dentro de la horquilla, al cambiar esa horquilla, pueden ser revisadas", afirma Guijarro.