La negociación contra reloj entre PSOE y Podemos para reformar el texto de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida popularmente como la ley del ‘solo sí es sí’, continúa encallada a menos de 24 horas de que se agote el plazo marcado por los socialistas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, mostraba ayer su disposición a hacer cambios en la normativa, que a su parecer está "bien hecha", con una única condición: "El consentimiento no se toca", advirtió. "Aunque sabemos que la ley está bien y que ninguna reforma legal va a evitar esas decisiones judiciales de rebajar las condenas, nosotras estamos dispuestas a reformar la ley, a aceptar las condiciones que el socio mayoritario necesita para salir unidas a hacer frente a esta ofensiva contra la ley y contra el Gobierno", subrayó Montero en un acto organizado por Podemos para arropar a la ministra y defender que el consentimiento continúe como el "núcleo central de la ley".
Esta puesta en escena de Podemos para defender una de sus leyes estrella contrasta con el discurso ofrecido por el PSOE el fin de semana. En plena crisis política entre los socios de Gobierno, el presidente Pedro Sánchez no hizo alusión alguna al respecto en un acto de precampaña del 28-M en Madrid. Quien sí habló de ello fue el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López, que el sábado se mostraba convencido para "hacer esos retoques que son necesarios" a esta "magnífica ley", que ha "tenido unos efectos no deseados". Más dura fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el viernes apretó públicamente a sus socios al asegurar que si no se produce finalmente el acuerdo, no descartaban registrar unilateralmente su «proposición de ley".
Las conversaciones continúan centradas en cómo se pueden castigar con mayor pena las agresiones sexuales en las que haya violencia e intimidación, preservando el corazón de la ley del ‘solo sí es sí’. Mientras tanto, el tiempo para negociar estos cambios se agota. El ala socialista emplazó a mañana como fecha límite para ultimar una propuesta conjunta, y, por su parte, Montero admitió que "están siendo días muy difíciles" porque hay "muchas presiones" para enmendar la ley y volver al modelo anterior que propone el PP.
La propuesta de Justicia El Ejecutivo está negociando a partir de una propuesta elaborada por Justicia, que pretende recuperar las penas del anterior Código Penal para evitar las rebajas a los condenados. El departamento que dirige Pilar Llop plantea volver a penas de entre 1 y 5 años cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima y de entre 6 y 12 años en esos mismos casos cuando la agresión sexual sea con penetración. En los supuestos en que haya agravantes, también pide volver a las penas anteriores de entre 5 y 10 años en el caso de que no exista penetración, y de entre 12 y 15 cuando sí la haya.
Este domingo, fuentes del socio minoritario de la coalición remarcaron a EP que la negociación sigue atascada y no se han producido avances con los socialistas, ya que, a su juicio, las propuestas planteadas por Justicia suponen una vuelta al modelo previo a la ley del ‘solo sí es sí’ y no blindan el consentimiento.
En este sentido, Montero reivindicó que la ley se hizo junto al exministro de Justicia Juan Carlos Campo en lo relativo al ámbito de las penas y que la mayoría de jueces aplica correctamente la norma, frente a una minoría que sí aplica rebajas, pese a que aún no hay datos oficiales completos para poder establecer una comparativa. Por su parte, fuentes socialistas lamentaron a Efe que Podemos esté desenfocando el debate sobre la reforma de la ley con la idea del consentimiento, ya que seguirá en el centro de la norma y el único cambio estará en las penas.
Las 400 rebajas de condenas que ponen contra las cuerdas a Igualdad
A un día de cumplir cuatro meses desde su entrada en vigor, la ley del ‘solo sí es sí’ ya ha beneficiado a más de 400 delincuentes sexuales, entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Esta cifra se alcanza cuando el Ministerio de Igualdad, capitaneado por Irene Montero e impulsor de la norma, es puesto contra las cuerdas al exigir el ala socialista del Gobierno reformar inmediatamente la ley.
Mientras prosiguen las negociaciones entre los departamentos de Igualdad (Unidas Podemos) y Justicia (PSOE) para buscar una solución, el goteo de rebajas de pena no cesa. Desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal, hasta la fecha, se ordenó la excarcelación de 28 personas. Las últimas 26 rebajas trascendieron la semana pasada y se produjeron en Andalucía, Baleares, Cataluña, Navarra y País Vasco.
Los datos del pasado viernes y jueves muestran que hay 122 casos más que el viernes 27 de enero, cuando el número de condenados que había visto rebajada sus condenas alcanzaba los 278. El pasado lunes la cifra subió hasta los 338. El miércoles llegó a los 374. Y finalmente, el pasado viernes el número agresores sexuales beneficiados se situó en los 400.
En la lista constan rebajas que llegan hasta los cinco años. Los últimos casos registrados fueron comunicados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 6 rebajas y una excarcelación. En Baleares, por su parte, el TSJ informó de 11 nuevas modificaciones de pena.
En Cataluña, la Audiencia Provincial de Lleida rebajó rebajado de 7 a 5 años y 4 meses la pena de prisión a un hombre condenado por un delito de agresión sexual. Asimismo, la de Barcelona acordó la revisión de una pena a un hombre que cuando era entrenador en un club de fútbol de Sant Joan Despí cometió un delito de agresión sexual contra una menor de 16 años. El tribunal le impuso la pena de 9 años de prisión.
En la lista también consta una nueva rebaja en Navarra, donde la Audiencia Provincial ha modificado de 9 a 7 años la pena de prisión impuesta a un varón que violó a su expareja en junio de 2020 en Pamplona. Al margen, otros seis agresores sexuales han visto reducidas sus penas de cárcel en Álava, el País Vasco. Uno de ellos se ha beneficiado de una rebaja de cinco años, al ver pasar su pena de prisión por un delito de agresión sexual de 12 a 7 años.
Según el recuento de Europa Press, actualizado al 4 de febrero, por comunidades autónomas, el actual reparto es el siguiente: 70 en Andalucía, 53 en el País Vasco, 46 en la Comunidad Valenciana, 42 en la Comunidad de Madrid, 39 en Baleares, 33 en Galicia, 21 en Castilla y León, 20 en Castilla-La Mancha, 16 en Asturias, 14 en Canarias, 13 en
Cataluña, ocho en Extremadura, siete en Cantabria, tres en Navarra, dos en Murcia, dos en La Rioja y dos en Aragón. A esto, hay que sumarle otros nueve casos que se han producido en el Tribunal Supremo, que recordó en
diciembre que "tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo".
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios