Garantizar el acceso a las ayudas económicas y habitacionales para las víctimas vulnerables en situación de riesgo, aumentar los puntos de ayuda para las mujeres en zonas rurales y alargar el tiempo de atención psicológica especializada en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Son las tres propuestas que se han puesto este viernes sobre la mesa en el segundo comité de crisis convocado en menos de un mes (el anterior fue el 28 de diciembre) para analizar "exhaustivamente" los últimos casos de asesinatos machistas en España.

En la reunión, en la que estaba representado tanto el Gobierno (con el Ministerio de Igualdad, el de Justicia e Interior) como las comunidades autónomas y la Fiscalía, se ha analizado, caso por caso, los seis asesinatos que deja la violencia de género en lo que va de 2023. El objetivo de este comité de crisis (creado ad hoc para cada repunte de violencia machista) es el de buscar las posibles lagunas del sistema y qué falló a la hora de proteger a las mujeres de sus agresores, para tratar de encontrar posibles mejoras y "poder llegar a tiempo" las próximas veces. 

La principal conclusión resultante del comité de este viernes, ha subrayado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una rueda posterior a la reunión, tiene que ver con "la capacidad de llegar allá donde están las víctimas para garantizar sus derechos y fortalecer todos los servicios que el Estado tiene la obligación poner a su disposición". Han trabajado así en "buscar maneras" de llegar a las víctimas, para que no tengan que hacer "laberintos burocráticos" a la hora de acceder a los recursos, atender a las situaciones de vulnerabilidad de cada ellas y, en definitiva, "ser capaces de llegar siempre a tiempo", no solo para evitar los asesinatos, sino también para que puedan salir de esas situaciones de violencia.

"La pobreza también mata"

En esa línea va una de las propuestas planteadas este viernes y que, junto a las demás, deberá ser aprobada en la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad, con las comunidades autónomas. Tras observar las particularidades de los últimos casos, el comité de crisis ha advertido que muchas de las mujeres que fueron asesinadas en las últimas semanas vivían en una situación de especial vulnerabilidad; ya fuera porque sufrían algún tipo de discapacidad, por la edad, por la dependencia o porque estaban sumidas en la pobreza. 

"Situaciones que obligaban a las mujeres a convivir con sus maltratadores por no disponer de una salida", ha detallado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, en la rueda de prensa en la que también ha intervenido la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Así, uno de los planteamientos que se incluirán en el informe que deberá ratificar la Sectorial, pasa por tratar de sortear ese obstáculo. 

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La medida planteada este viernes propone que cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los Servicios Sociales valoren que la mujer está en un "riesgo alto" y que, además, se encuentra en una situación de exclusión social o vulnerabilidad económica, garantizar que "de manera automática" la víctima pueda tener acceso a una vivienda, al Ingreso Mínimo Vital (IMV) u otras medidas de carácter económico. 

"La pobreza también mata", ha subrayado Rodríguez, quien ha explicado que la precariedad es uno de los asuntos que más ha concernido al comité de crisis y recordando que las situaciones de precariedad suponen un  "factor determinante" en la prevalencia de la violencia de género. Según ha explicado Rosell dos de las mujeres asesinadas en este mes de enero convivían con el agresor, después de haberse separado, por motivos económicos.

Más "brazos" en el ámbito rural

Otro de los factores analizados responde a la situación de desprotección en la que muchas veces se encuentran las mujeres víctimas de violencia machista en el ámbito rural y municipios con pocos habitantes. Es en estas zonas donde se encuentran los mayores obstáculos, en parte porque la mayoría de veces los servicios públicos están situados más lejos. Por ello, el Gobierno ha sugerido impulsar mecanismos como los Puntos Violeta (situados en lugares de ocio nocturno, transporte público para dar información), pero que no solo ofrezcan información, sino que también "sirvan como mecanismos de derivación inmediata a los servicios de ayuda". 

Farmacias, centros sociales, centros de atención primaria... se trata -tal y como ha explicado la secretaria de Estado- de aumentar los "brazos" de las administraciones puestos a disposición de las mujeres para allanar el terreno a los servicios sociales que ofrece el Estado.

Prolongar la atención psicológica

El último punto estudiado está relacionado con los  problemas vinculados a la salud mental, tanto de los propios agresores como de las víctimas, incluyendo aquí también a quienes son drogodependientes o tienen adicciones. En ese sentido, Rodríguez ha comentado que en algunos de los casos analizados, la mujer asesinada ya había sido víctima de maltrato años atrás. 

Así, la medida que se hapuesto sobre la mesa este viernes contempla dotar al Sistema Nacional de Salud (SNS) de la capacidad de ser un punto de servicio de atención psicológica especializada para quienes ya hayan sufrido violencia de género o sexual "de manera continuada en el tiempo". Servirá, según ha detallado Rodríguez, ya no solo de reparación, sino también de "detección precoz de posibles casos de violencia que ya puedan estar sufriendo". 

El planteamiento, ha detallado la secretaria de Estada al ser preguntada al respecto, es que ahora mismo las víctimas que ya son usuarias del sistema de protección a víctimas de violencia de género sí tienen acceso a la atención psicológica especializada. "Pero 10 años después es probable que necesites seguir recibiendo esa intención", ha subrayado. De este modo, lo que proponen es que exista un servicio especializado dentro del sistema de salud, para garantizar un acompañamiento a estas mujeres mucho más prolongado en el tiempo, "como una enfermedad crónica". 

En ese marco, se ha propuesto que esa atención psicológica que se presta a las mujeres se pueda extender, no solo a los hijos menores de edad, sino también a los hijos mayores de edad y a otros mayores de su entorno "que pueden ser clave en las investigaciones policiales". "Hemos conocido en muchas ocasiones casos de hijos que por tener 18 o 25 años no reciben ese apoyo psicológico", ha subrayado.