Muchas familias esperan durante meses para conseguir una plaza en Atención Temprana. ¿Qué estrategia está llevando a cabo la Comunidad de Madrid para reducir esta demora?Hemos elaborado un plan de choque en el que, primero, todas las peticiones se registran. Creamos un nuevo equipo de valoración formado por médico, psicólogo y trabajador social para agilizar el proceso y hemos reducido a dos meses y medio el tiempo de espera desde el registro de la valoración: antes era de 205 días, ahora es de 76. Además, vamos a reducir a tres meses el tiempo que puede esperar una persona para que le den una plaza, aunque yo confío que termine la legislatura y no haya lista de espera. Por otro lado, nos comprometimos a crear 2.000 nuevas plazas en esta legislatura y lo vamos a hacer. Hemos creado 815 plazas en 2022, que ya están funcionando, y estamos tramitando un contrato de otras 1.250. También hemos incrementado en un 20% el coste que dábamos a las entidades que atienden la Atención Temprana y ahora está en 480 euros al mes. 

De cara al futuro próximo, ¿se plantean alguna nueva medida?Nosotros creamos un registro unificado entre Sanidad, Educación y CRECOVI porque la mayoría de las personas que nos envían vienen derivadas de Sanidad (hospitales) y Educación (colegios). En este sentido, estamos trabajando en un proyecto piloto con dos hospitales para que determinadas patologías, como el síndrome de Down, pasen directamente y no esperen ni los dos meses y medio para tener una plaza. Sabemos que los primeros años son fundamentales en la recuperación de ese menor y todo lo que hagamos en Atención Temprana durante esos años redundará en la mejoría de la calidad de vida de ese niño en su futuro. 

En la Comunidad de Madrid, la Atención Temprana depende de Servicios Sociales. Hay expertos que aconsejan un modelo como el de Cantabria, donde dependa del sistema público de salud. ¿Se plantean algo parecido?En este momento no. Yo creo que es independiente de donde esté. Es más, Sanidad tiene un problema muy grande: abarca ya muchas cosas y todos estos programas requieren una atención muy directa y pendiente. Lo que tenemos que hacer es mejorar el sistema que tenemos; lo importante es tener unas normas claras, los medios adecuados y facilitar la vida a estas personas, por eso vamos a conseguir dejar la lista a cero, con no más de tres meses de espera como límite máximo.

Desde su Consejería, han pedido la creación de una "pasarela entre la discapacidad y la dependencia". ¿En qué consistiría?Hay personas que necesitan la discapacidad y la dependencia y no tiene ningún sentido que tengan que ir a hacer dos procesos distintos con el consiguiente trastorno de papeles. Lo que nosotros propusimos, y hemos apoyado en el Consejo Territorial, es que se haga una pasarela en la que, si se da un grado de discapacidad, signifique un determinado grado de dependencia. Es una medida que, si no la tomaran, sería una pena porque le haríamos la vida más fácil a la gente. Vivimos en una ciudad grande, compleja, en la que hacer muchos trámites puede resultar complicado y no es tan fácil siempre hacerlos por internet. Tenemos que ser ágiles y tratar de no marear a la gente.

¿Qué va a suceder con el centro de día para personas con discapacidad que tienen en Barajas?Es un centro enorme, que está fenomenal, pero no es el recurso adecuado para estas personas con discapacidad, algunas muy mayores, porque está un poco aislado y queremos que participen más de la comunidad donde viven. Les vamos a sacar de allí para llevarlos a otro centro y dar otro uso a ese, porque cuenta con muchísimos espacios.

La nueva Ley de Familias elimina el término "familias numerosas" y lo sustituye por el de "Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza". ¿Qué opina de este cambio de terminología?Me parece increíble que eliminen una calificación que tenemos desde hace más de 80 años en nuestro país. Las familias numerosas existen. Hemos bajado en número porque, evidentemente, en el año 60 las familias tenían cinco hijos y ahora tienen tres; pero tampoco las mujeres trabajaban en los años 60, con lo cual las necesidades de atención de las familias también son diferentes. Nosotros, desde luego, estamos en contra de esa eliminación.

Dentro de esta categoría se sitúan ahora las familias monoparentales con dos hijos. No entran, sin embargo, las que tienen un hijo con discapacidad.Me parece también otro disparate. Primero, las familias monoparentales con dos hijos son las menos, la mayoría tienen uno. Si encima este hijo tiene una discapacidad, no tiene sentido que no entren. Nosotros, en la Ley de Servicios Sociales, reconocemos la posibilidad de ayudas a las familias monoparentales, que no estaban en nuestra ley anterior. Siempre hemos dicho que, para hacer algo con ellas, primero tenemos que decir qué consideramos como familias monoparentales. Algunas comunidades han legislado, pero es una cuestión que tiene que definirse a nivel nacional. Una vez que lo definan, nosotros pondremos las ayudas, que no tienen por qué ser las mismas que para las familias numerosas, porque su problema no viene derivado de que tienen muchos hijos sino de que están solas. Por lo tanto, las medidas tienen que ser distintas, pero estamos de acuerdo en apoyar a las familias monoparentales.

Una de las cuestiones que han trasladado desde su Consejería es que, para la elaboración del anteproyecto, no se ha contado con las aportaciones de las comunidades autónomas.Aprobado ya por el Consejo de Ministros, nos mandaron un correo diciéndonos que nos mandaban el anteproyecto de ley y que teníamos tres días para firmarlo. Desde la Comunidad de Madrid hemos mandado un informe de apreciación general de la ley y otro informe diciendo lo que opinamos de cada artículo. No nos han consultado. Además, dicen que no supone ningún incremento económico, por lo tanto, no hay dinero, pero nos obligan a crear una serie de prestaciones económicas. Lo que no puede ser es que el Gobierno adopte unas leyes sin contar con las comunidades y luego nos obliguen a sacarlas de nuestro presupuesto, algo que, además en este caso, yo creo que es anticonstitucional. Ahora habrá que ver qué sucede con el anteproyecto, con todas las observaciones que han hecho las comunidades... Es un tema ideológico por parte del Ministerio de Derechos Sociales, ellos quieren un modelo de familia que se han inventado. Las familias son las que están en la realidad.