El Gobierno comienza 2023 con un propósito para el nuevo año: finiquitar las reformas que aún le quedan pendientes del pacto de coalición que firmaron a principios de 2020 el presidente Pedro Sánchez y el exvicepresidente Pablo Iglesias. Algunas, como la aprobación del estatuto del becario, están bastante avanzadas, pero en los próximos meses el Ejecutivo también tendrá que ponerse manos a la obra para desencallar leyes que le han generado muchos choques internos, como la ley de vivienda, la de familias, la nueva norma de bienestar animal o la derogación de la ley mordaza. Estos son los principales frentes:

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  El desbloqueo, más cerca
  

  

  Uno de los proyectos más icónicos del Gobierno, la ley de vivienda, es también uno de los que más quebraderos de cabeza le lleva dando desde hace más de dos años. Tras una larga negociación, la ley lleva varada en el Congreso desde principios de 2022, aunque en las últimas semanas PSOE y Unidas Podemos han registrado ciertos avances y han pedido que la Cámara Baja habilite el mes de enero para celebrar sesiones parlamentarias con el fin de intentar aprobar de una vez por todas la norma. La limitación del precio de los alquileres y la restricción de los desahucios de familias sin un techo alternativo siguen siendo los temas más peliagudos, aunque los morados ya han pactado con los socialistas rebajar el número de pisos que debe tener un propietario para ser considerado gran tenedor de vivienda y estar sujeto a mayores restricciones.
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  Batalla entre Calviño y Díaz

  

  2023 será también el año en el que el Gobierno apruebe la última subida del salario mínimo de la legislatura, después de una senda de grandes aumentos que lo han incrementado desde los 735 euros mensuales en 14 pagas de 2018 a los 1.000 euros mensuales en los que cerró el pasado año. Que habrá aumento no se duda: el debate que se está produciendo ahora mismo en el seno del Ejecutivo es la cuantía de ese incremento. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, apuesta por un crecimiento moderado y muy por debajo de la inflación, en la línea de lo que propone de la patronal, mientras la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere que el salario mínimo aumente en torno a un 8%, con el IPC.
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  Una derogación largamente aplazada

  

  Menos visos de prosperar a corto plazo tiene la derogación de la ley mordaza, pese a que una de las principales promesas de Sánchez cuando fue nombrado presidente del Gobierno fue reformar dicha norma, aprobada en 2015 por el PP en solitario. PSOE y Unidas Podemos pactaron el año pasado varios cambios en la ley, pero ahora mismo varias discrepancias entre el Gobierno y ERC y EH Bildu mantienen la norma bloqueada en el Congreso. Los más importantes son la prohibición de que las fuerzas de seguridad utilicen pelotas de goma como material antidisturbios y lo relativo a la presunción de veracidad de los agentes policiales, que los independentistas quieren limitar.
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  Una negociación que marcha lenta

  

  Tampoco está exenta de obstáculos la negociación para aprobar la segunda parte de la reforma de las pensiones, que el Gobierno ha tenido que dejar para 2023 después de que fuera imposible cerrarla el año pasado. La nueva reforma incluye medidas como el aumento de las bases máximas de cotización para que los sueldos más altos aporten más al sistema, aunque la medida más polémica que quiere impulsar el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es el aumento del período de cómputo de las pensiones de los actuales 25 años a 30, con la opción de descartar los dos peores de ese plazo. Tanto los sindicatos como el ala del Gobierno de Unidas Podemos, liderada por Yolanda Díaz, se han opuesto a esa ampliación.
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  Pocos avances

  

  En el ámbito laboral, otra de las promesas del pacto de coalición que el Gobierno aún no ha llevado a cabo es la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores "que compagine la protección de los trabajadores y trabajadoras [...] con la necesaria competitividad empresarial y el papel de la negociación colectiva". A todo lo más que ha llegado el Ejecutivo es a conformar una comisión de expertos que le asesore en esta tarea, a la que vincula algunas de las medidas pendientes que no se incluyeron en la reforma laboral, como el endurecimiento de las causas de despido.
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  Los últimos flecos

  

  Bastante más avanzada se encuentra la negociación del Estatuto del becario, que el Ministerio de Trabajo quiere dejar cerrado en las próximas semanas, aunque el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, calificó hace unos días de "complejas" las conversaciones con patronal y sindicatos. La prestación por desempleo y la exclusión de las prácticas extracurriculares de la nueva norma para evitar que se utilice a becarios para suplir puestos de personal ordinario han sido los puntos más polémicos de la negociación.
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  Los 100 euros por hijo o los permisos de cuidados

  

  Tras varios retrasos de última hora, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre el anteproyecto de la ley de familias, al que ahora le queda pasar por segunda vez por este órgano y, después, afrontar una larga tramitación parlamentaria en Congreso y Senado. La norma ampliará la ayuda de 100 euros por cada hijo menor de tres años también a las madres que estén en paro siempre y cuando, en el mes en el que nace el niño, su progenitor haya estado cotizando al menos un día o, en su defecto, haya estado cobrando el paro. Asimismo, pondrá en marcha un permiso parental de ocho semanas para los padres con hijos menores de ocho años, y se permitirá a las familias monomarentales con dos hijos o a las familias con dos progenitores y dos hijos donde uno de los ascendientes o descendientes tengan discapacidad que disfruten de las ayudas que se otorgan a las familias numerosas.
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  En el filo de la navaja

  

  Otra de las negociaciones más controvertidas que han tenido en los últimos tiempos PSOE y Unidas Podemos, la de la ley de bienestar animal, escribirá pronto su desenlace, aunque aún no está claro cuál será. El proyecto de ley quedó a finales de diciembre listo para ser votado en el Pleno del Congreso y el texto que se someterá a debate excluirá, finalmente, a los perros de caza de las medidas de protección que pondrá en marcha la norma si se aprueba por decisión de PSOE y PP, y pese a la oposición de Unidas Podemos. Los morados aún tienen la opción de votar del conjunto de la norma dentro de unas semanas, pero eso implicaría casi con total seguridad derribarla e impedir que entre en vigor.
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  La prohibición de las privatizaciones sanitarias
  

  

  Tampoco hay acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante la nueva ley que servirá para "consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud", la norma conocida como 'ley Darias'. La norma superó el pasado septiembre su segundo examen parlamentario, pero lo hizo después de que Unidas Podemos forzara al PSOE a comprometerse a revisar el texto para que garantice la prohibición de las privatizaciones sanitarias ya que, a juicio de los morados, no está suficientemente clara con la actual redacción. Desde entonces, prácticamente no ha habido avances y la norma se encuentra empantanada en el Congreso.
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  La reforma eternamente postergada

  

  Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha hablado intermitentemente de la necesidad de aprobar una reforma de la actual ley de secretos oficiales, que no fija un plazo para la desclasificación de documentos. La última vez fue en agosto, cuando el Ejecutivo aprobó el anteproyecto de ley de información clasificada en Consejo de Ministros con un mínimo de 50 años para guardar altos secretos, prorrogable más allá en función de la sensibilidad de la información. El texto aún tiene que pasar por segunda vez por el Consejo de Ministros y después por Congreso y Senado, y las críticas que ha despertado tanto en Unidas Podemos como en los socios independentistas del Gobierno -que lo consideran muy tibio- dificultan sobremanera su puesta en marcha.
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  Una iniciativa bloqueada desde hace meses

  

  Menos avances incluso hay en lo relativo a la eliminación del Código Penal de delitos de expresión como las injurias a la Corona, los ultrajes a España o la ofensa a sentimientos religiosos. El PSOE apoyó en junio de 2021 el inicio de la tramitación de una proposición de ley de Unidas Podemos en este sentido, pero los socialistas llevan obstruyendo desde entonces el avance de esta reforma en el Congreso. De hecho, el ala del Gobierno del PSOE prometió en 2021 que el Ministerio de Justicia prepararía su propia reforma, pero de la misma no ha habido noticias en el último año.
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  La tramitación acaba de comenzar
  

  

  La ley de trata es otra de las normas a las que el Gobierno deberá dar un empujón si quiere que queden aprobadas antes de que termine la legislatura. El pasado noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de esta norma, que castigará con penas de hasta cuatro años a los 'puteros' y también a todo aquel que se lucre de la prostitución o destine algún inmueble a la explotación ajena, además de endurecer la persecución de todas las formas de trata de seres humanos. El texto aún tiene que pasar por segunda vez por el Consejo de Ministros, y después le espera la tramitación parlamentaria en Congreso y Senado.
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  Un texto pendiente desde 2021

  

  El Ejecutivo está atando los últimos flecos para dar luz verde por fin al Estatuto del artista, una norma que lleva trabajándose desde 2021. Durante el año pasado, el Ministerio de Cultura ha ido incorporando nuevas medidas para completarlo, y el texto incluirá, por ejemplo, la creación de un contrato de duración determinada para las actividades culturales. Asimismo, se creará una prestación por desempleo estructural para adaptarse a la intermitencia del sector.