El Gobierno prima la rebaja del precio de los alimentos sobre los carburantes y rechaza congelar las hipotecas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su encuentro este martes en el Palacio de la Moncloa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su encuentro este martes en el Palacio de la Moncloa.
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su encuentro este martes en el Palacio de la Moncloa.

El Gobierno pasa de pantalla. Toda vez que los precios de los combustibles han moderado su subida -aunque siguen más altos que hace un año-, el Ejecutivo se centra ahora en dos áreas principales en las que la inflación sigue repartiendo temores: la alimentación y la vivienda. A ello van dirigidas las nuevas ayudas incorporadas en el tercer paquete para paliar las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania, que movilizará otros 10.000 millones de euros, y que buscan limitar el coste de la cesta de la compra y evitar subidas abusivas de los alquileres.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este cambio de prioridades en la rueda de prensa ofrecida desde el Palacio de la Moncloa, en la misma sala en la que compareció junto a Joe Biden cuando el presidente de los Estados Unidos visitó España el pasado mes de junio. "Vamos a proteger a la gente de a pie", lanzó el jefe del Ejecutivo, que utilizó una frase nada desdeñable: "Con estas medidas protegemos a la clase media y a las empresas ante el aumento del coste de la vida, de la energía y de los alimentos".

Sánchez ha anunciado la bajada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los alimentos de primera necesidad, que se suma a la prórroga de la rebaja de dicho impuesto en materia energética. Aunque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había negado anteriormente que esto fuera a suceder, finalmente la reducción será del 4% al 0% en productos como el pan, la leche, el queso, los huevos, las frutas o las verduras, las legumbres y los cereales; y del 10% al 5% para aceites y pasta. La carne y el pescado quedan fuera de esta medida. También se repartirán 300 millones en ayudas directas a los agricultores con el fin de compensar el aumento de los costes por el encarecimiento de los fertilizantes.

Con ambas medidas, el Ejecutivo espera que bajen el precio de los alimentos, que se disparó hasta el 15% el pasado mes de noviembre y que ha mantenido alta la inflación subyacente. El presidente también aseguró que se obligará por ley a que estos esfuerzos gubernamentales se trasladen en la rebaja de los costes para las familias, aunque no explicitó cómo. El paquete también incluye un cheque de 200 euros para familias cuya renta no supere los 27.000 euros anuales y no cuenten con un patrimonio superior a los 75.000 euros. Se hará a través de un pago único, como otros cheques aprobados anteriormente por el Ejecutivo, y llegará a 4,2 millones de hogares.

En cuanto a lo referido a la vivienda, el decreto prorroga seis meses la suspensión de los desahucios y los lanzamientos de hogares vulnerables y extiende hasta el 31 de diciembre de 2023 el tope del 2% a la subida de los alquileres, así como la prohibición del corte de suministros esenciales. De igual manera se mantendrá el incremento del 15% del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas. Como novedad y de la misma forma en la que se hizo en los meses más duros de la pandemia de coronavirus, se prorrogará el alquiler durante seis meses más a quienes se les acabe el contrato entre el 1 de enero y el 30 de junio.

Por contra, el Gobierno ha decidido eliminar la ayuda general de 20 céntimos por litro de carburante, una vez que los precios de los combustibles han comenzado a moderarse. De hecho, cuando entró el vigor el descuento el pasado 1 de abril, el precio medio de la gasolina de 95 era de 1,82 euros. Ayer, era de 1,57 euros para la gasolina de 95, habiendo alcanzado un máximo de 2,51 euros en estos meses.

Este descuento, no obstante, continuará "para los sectores más afectados", como son el de los transportistas, los agricultores o los pescadores. Lo que sí se mantendrá es el descuento del 30% para el transporte público gestionado por autonomías (metro) o ayuntamientos (autobuses). Eso sí, esta vez el Ejecutivo lo supedita a que las otras administraciones aporten otro 20% para que el descuento que llega a los usuarios sea del 50%. Es decir, que si la administración autonómica no pone dinero, no se aplicará ningún tipo de descuento. Esta medida es "complementaria" a la gratuidad de Cercanías, que el Gobierno ha incluido ya en los Presupuestos de 2023, aprobados de forma definitiva el pasado jueves en el Senado.

Una negociación larga, pero "fructífera"

Junto con la presentación del real decreto, que deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en el próximo mes, el presidente ha hecho este martes también un buen balance de los últimos seis meses, que no han sido fáciles para la coalición. "Pese a todo, España avanza", ha proclamado Sánchez con un positivismo que recordaba al de José María Aznar cuando el presidente ‘popular’ lanzó en 1997 su famosa frase "España va bien". Con todo, este paquete de ayudas se puede interpretar como un primer paso en el camino que el jefe del Ejecutivo quiere recorrer. 2023 es año electoral y el presidente pretende afrontarlo con la calma de haber dejado atrás casi todas las polémicas, incluidas las cesiones a los independentistas o leyes con las que ha habido polémica en las negociaciones con Unidas Podemos.

No fueron una excepción las conversaciones para salvar este decreto, con el que el Gobierno suma ya 45.000 millones movilizados para paliar las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania. Según fuentes conocedoras de la negociación, otra vez la coalición ha salvado el punto en los últimos compases. Este lunes, festivo en Madrid, hubo una última reunión de los negociadores que, sin embargo, no logró desatascar el decreto por las reticencias del PSOE a aceptar las peticiones de Unidas Podemos respecto a la vivienda. El intercambio de papeles se prolongó durante toda la tarde y solo a última hora de la noche se fijaron los últimos detalles, como que el límite a las hipotecas de precio variable quedaba fuera, pero entraba una novedad importante: la prórroga de los contratos de alquiler durante seis meses, para evitar una subida indiscriminada del precio por parte de los caseros. A la mañana siguiente, Sánchez y Díaz se hicieron la foto en Moncloa.

Ambas partes han quedado contentas con el resultado final. "Las nuevas medidas demuestran que los socialistas seguirán estando con la gente en 2023", ha dicho la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, en una rueda de prensa posterior a la comparecencia de Sánchez. "Hemos trabajado mucho y negociado hasta esta misma mañana a primera hora para lograr este acuerdo", ha señalado por su parte Ione Belarra, secretaria general de la formación, que se ha mostrado "satisfecha" de lo logrado.

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