Pese a que la polémica decisión del Tribunal Constitucional de impedir que se vote la reforma judicial del Gobierno ha acaparado los titulares en la última semana, el Ejecutivo va poco a poco consiguiendo sacar adelante varias de sus principales medidas. El martes fueron los Presupuestos Generales del Estado los que recibieron luz verde definitiva en el Senado y, este miércoles, la Cámara Alta aprobó la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2023 de los impuestos extraordinarios a la banca, las empresas energéticas y las grandes fortunas.
La proposición de ley, que ya recibió el 'sí' del Congreso hace unas semanas, salió este miércoles adelante en el Senado con los votos a favor del PSOE y sus habituales aliados -Unidas Podemos no tiene representación-, entre ellos ERC y EH Bildu. También apoyó el texto el PNV, a pesar de que en la Cámara Baja se abstuvo y que es muy próximo a algunas grandes empresas energéticas (de hecho, su exlíder Josu Jon Imaz es consejero delegado de Repsol). En contra, por su parte, votaron PP, Vox y otros grupos minoritarios.
Como no se aceptó ninguna de las enmiendas presentadas al texto de los tres nuevos impuestos, la luz verde recibida por el Senado este miércoles es suficiente para que la proposición de ley no tenga que volver al Congreso y, por tanto, quede definitivamente aprobada. Así, a partir del 1 de enero la tasa destinada a las energéticas afectará a eléctricas, gasistas y petroleras que tuvieran ingresos brutos superiores a los 1.000 millones de euros en el año 2019, y gravará con un tipo del 1,2% el total del dinero ingresado por estas empresas.
Por su parte, a los bancos se le aplicará un tipo del 4,8% sobre la cifra resultante de restar a los intereses y comisiones que cada entidad cobre a sus clientes la cifra que hayan tenido que desembolsar los propios bancos en concepto de intereses y comisiones para obtener financiación.
Y en el caso del impuesto a las grandes fortunas, se gravará con un tipo máximo del 3,5% a las personas con un patrimonio de más de tres millones de euros, con la vivienda habitual exenta hasta un valor de 300.000 euros. El contribuyente se podrá deducir lo que haya pagado en concepto de impuesto de patrimonio, en el caso de que viva en una comunidad que lo aplique.
El senador del PSOE Cosme Bonet defendió que la votación de estos nuevos gravámenes "retrata a quienes están con los trabajadores y con las clases medias de este país y a quienes defienden los privilegios y los beneficios extraordinarios de unos sectores muy concretos y muy poderosos". "En estos momentos extraordinarios, hay que adoptar medidas extraordinarias para, desde el Estado, sufragar el coste" de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno, afirmó Bonet, que aseguró que "el coste de esas medidas debe ser compartido por aquellos que se están beneficiando de forma particular y por quienes gozan de una situación económica privilegiada".
El PP acusa al PSOE de haberse "hecho podemita"
Por el contrario, su homólogo del PP Juan Manuel Juncal señaló que los impuestos terminarán "gravando a los ciudadanos, también a los más vulnerables", porque las empresas les trasladarán los costes extra de estos gravámenes y porque los tribunales podrían derribarlos. Juncal, además, acusó al PSOE de haberse "hecho podemitas" y querer "justificar lo injustificable", porque el diseño de los impuestos no grava expresamente los beneficios de las grandes empresas, una circunstancia con la que el Gobierno pretende dificultar la ingeniería fiscal de las grandes firmas y que puedan terminar eludiendo el gravamen.
Lo que grava el impuesto a las energéticas es la cifra de negocio de la compañía y no los beneficios, precisamente porque Hacienda quiere evitar que ocurra lo mismo que con el impuesto de sociedades, en el que los grandes grupos económicos utilizan una importante cantidad de exenciones y deducciones para reducir la cantidad final de dinero a pagar. Los ingresos brutos -antes de impuestos y sin descontar los gastos de la compañía- son una cifra mucho más sencilla de concretar y mucho más complicada de maquillar por parte de las empresas.
Por su parte, el PNV justificó su cambio de posición argumentando que está "plenamente de acuerdo con la necesidad de establecer en estos tiempos" los nuevos tributos y que "la vertiginosa subida de los precios" hace necesarios estos impuestos. "Establecer una contribución solidaria, excepcional y temporal de los sectores del petróleo, el gas, el carbón y la refinería", así como la banca, "nos parece procedente", planteó el senador Luis Jesús Uribe-Etxebarria.
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