El Gobierno desveló ayer por fin su plan para enterrar de una vez la batalla fiscal desatada entre comunidades en las últimas dos semanas y frenar la iniciativa del PP, que le había tomado la delantera en el debate. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el jueves entre gran expectación mediática una batería de medidas formada por rebajas fiscales a rentas bajas, autónomos y pymes. Y en la otra cara, un aumento de la presión que afrontan las grandes empresas y fortunas. 

La propuesta fiscal de la coalición descansa sobre algunas líneas maestras. En primer lugar, restringe las bajadas de impuestos solo a las rentas más bajas y carga los costes sobre los contribuyentes más acaudalados. También apuesta por medidas quirúrgicas y temporales. Pero, por encima de todo, prima la recaudación a la rebaja fiscal. Las cifras son claras. Mientras que el Ejecutivo plantea una bajada de impuestos de 2.500 millones de euros en los próximos dos años, espera recaudar otros 5.649 millones por el aumento de la presión fiscal en ese mismo periodo. Esto arroja un balance final de 3.144 a favor de las cuentas del Estado.

Todas las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno: impuesto a los ricos, mínimo exento y reducción del IRPF al 50% de trabajadores

Las razones por las que se ha apostado por primar ingresos ante gasto tienen mucho que ver con el complejo panorama económico que se espera para el año próximo. Fuentes del Ejecutivo deslizaban ayer que 2023 será un año "crítico" en el que será importante tener buenos ingresos fiscales. 

Para garantizar que las arcas públicas están llenas, el Gobierno apuesta por dos grandes medidas en su paquete fiscal. Por un lado, un impuesto temporal a las grandes fortunas con el que espera recaudar 3.000 millones en los próximos dos años (131.066 euros de media por cada una de los 17.814 contribuyentes afectados). Pero, aunque el Ejecutivo espera ingresar 1.500 millones cada año por este tributo, la recaudación real quedará previsiblemente muy por debajo de esa cifra. Desde Hacienda señalan que ese cálculo se ha hecho sin descontar las deducciones a las que tienen derecho los contribuyentes que sí pagan patrimonio en su comunidad autónoma.

La otra gran apuesta para conseguir ingresos fiscales es una revisión en el impuesto de sociedades para evitar que los grandes grupos empresariales con beneficios puedan compensar al 100% las pérdidas de sus filiales. Se trata de una modificación que solo estará vigente en 2023 y que actuará como una especie de 'crédito' fiscal para el Estado, pues las empresas podrán recuperar las compensaciones que no ejecuten en 2023 en años futuros. Con esta modificación se espera obtener 2.439 millones en dos años de recaudación entre 2023 y 2024 (675.810 euros por cada uno de los 3.609 grupos afectados). Además, el Gobierno espera recaudar otros 204 millones más por el aumento del IRPF a las rentas del capital de más de 300.000 euros, algo que costará a cada contribuyente unos 11.452 euros.

Tres de cada cuatro euros se van a bajar IRPF

En el lado de la rebaja fiscal, la protagonista indiscutible es la rebaja en el IRPF a las rentas de menos de 21.000 euros al año. Tres de cada cuatro euros de la bajada de impuestos se van a esa partida que beneficiará a la mitad de los trabajadores, estima el Gobierno. Aunque esta rebaja no afectará a todas las rentas por igual, Hacienda aporta algunos perfiles. Por ejemplo, un trabajador con un salario bruto de 18.000 euros se ahorraría 746 euros anuales en su declaración. En cambio, un empleado casado y con dos hijos disfrutaría de un beneficio de 331 euros, mientras que un jubilado con una pensión de 16.500 euros se ahorraría 689 euros.

El segundo colectivo que más se beneficiará es el de los autónomos, con un ahorro fiscal total valorado en 308 millones que afectará aproximadamente a 1,5 millones de trabajadores por cuenta propia. Mientras que las pymes se repartirán unos beneficios fiscales de 292 millones por la rebaja en el impuesto de sociedades (unos 717 por cada una de las 407.384 empresas afectadas). Finalmente, la rebaja en el IVA a productos de higiene femenina y anticonceptivos restará a las arcas públicas 24 millones de euros.