El Partido Popular rechaza frontalmente los impuestos especiales a la banca, a las grandes energéticas y a las grandes fortunas, el pilar principal en el que se sostiene el paquete fiscal que el Gobierno presentó junto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a finales de septiembre. Los populares han presentado enmiendas a los tres tributos, que actualmente se están tramitando como proposición de ley en el Congreso con vistas a entrar en vigor ya el año que viene. Para los populares, esta proposición de ley es "de dudoso encaje legal", generará "inseguridad económica y jurídica" y "abriría las puertas a ser recurrido ante el Tribunal Constitucional".

El principal partido de la oposición ve lagunas legales importantes en el diseño de estas tres figuras e insiste en los riesgos de salirse de la línea que marca la UE. "Si hacemos algo que no admite Europa, corremos el riesgo de cobrarlo, gastarlo y luego tener que devolverlo", señalan fuentes parlamentarias populares en referencia a la posibilidad de que los tribunales acaben tumbando los impuestos y el Ejecutivo tenga que restituir los importes recaudados. "A la gente hay que explicarle que esto lo van a acabar pagando ellos", añaden. En el PP también cuestionan que sea legal la prohibición de repercutir los impuestos a los consumidores, como aparece reflejado en el texto que desarrolla los impuestos.

Las mismas fuentes señalan que el importe que habría que reintegrar si los tribunales tumban los tributos podría rondar entre los 10.000 y los 12.000 millones de euros. En el PP están convencidos de que esto acabará ocurriendo y señalan que las empresas afectadas ya tienen listos sus recursos a los tribunales. "El propio sector dice que lo va a recurrir y que sus gabinetes jurídicos les dicen que lo tienen ganado", señalan desde Génova.

Los populares critican que los tres impuestos se estén tramitando como proposición de ley para acelerar plazos, una vía que no obliga a contar con los informes preceptivos del Consejo de Estado y el CGPJ, algo que sí ocurre cuando las normas se tramitan como proyecto de ley. 

El PP critica con especial dureza la fórmula con la que se pretende aprobar el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, un tributo diseñado para evitar que las autonomías eliminen en la práctica el impuesto al patrimonio, como ya ocurre en Madrid o Andalucía. En principio, el Gobierno había introducido los impuestos a la banca y energéticas en una misma proposición de ley, a la que finalmente ha incorporado también el impuesto a las grandes fortunas a través de una enmienda. Los populares rechazan frontalmente esta fórmula que, sostienen, no les permitiría enmendar este tributo. "Jamás se ha creado un impuesto sin debate, informes preceptivos y hurtando al poder legislativo su capacidad de enmendar", resumen las fuentes mencionadas, que lo califican como "un impuesto al patrimonio bis".

Seguir a la UE y gravar beneficios

Las alternativas de los populares al paquete fiscal del Gobierno son conocidas. En materia energética, el PP propone adaptar el impuesto a la normativa europea, lo que pasaría por dar un tratamiento diferenciado a las eléctricas -que ya tienen una minoración a sus beneficios extraordinarios, arguyen en el PP- y al resto de empresas. En este caso, se gravarían solo los beneficios (y no la facturación, como pretende el Gobierno) que superen el 20% de la media de los últimos tres años. Una propuesta calcada al reglamento aprobado por la Comisión Europea. Así, sostienen, se evitaría la doble imposición (las empresas ya tributan por sus beneficios en el impuesto de sociedades). "Nadie duda que hay que ayudar al que peor lo está pasando si hay beneficios extraordinarios", dicen en el PP.

En lo tocante al impuesto a la banca, los populares creen que no es una buena idea introducirlo y prefieren consensuar medidas con las entidades de crédito. Para justificarlo, se apoyan en el reciente dictamen no vinculante aprobado por unanimidad en el BCE que pide un análisis exhaustivo del mismo. En el PP señalan que este tributo pone en riesgo la solvencia de los bancos, perjudica a los bancos españoles frente a los extranjeros, frenará los créditos y ven imposible controlar que no se repercuta al cliente. "Eso de que no lo van a pagar los españoles tienen difícil encaje", señalan.

En su lugar, proponen una batería de medidas que van desde alargar la vida de las hipotecas variables, recuperar las deducciones en el IRPF por compra de vivienda habitual, reforzar el código de buenas prácticas hipotecarias (algo en lo que ya está trabajando el Gobierno con los bancos) y crear un fondo de participación voluntaria que incluiría a los bancos y el Estado. Los ingresos de este fondo irían destinados a ayudar a las familias más vulnerables.