El Gobierno afronta en esta última quincena de 2022 la última gran negociación que tendrá en su seno este año: la prórroga del decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias por la guerra en Ucrania -el conocido como escudo social- más allá del 31 de diciembre, el día en el que las medidas actualmente vigentes decaen. El Ejecutivo, tal y como confirmó este sábado el presidente Pedro Sánchez, aprobará esta prórroga el próximo día 29, y se inclina por extender el grueso de las iniciativas que ha aprobado en los últimos meses, aunque también acotará otras e incluirá algunas nuevas. Y entre estas últimas podría encontrarse la puesta en marcha de un cheque de unos 300 euros destinado a cubrir el alza de los precios de los productos fundamentales de la cesta de la compra.

Así lo desveló este sábado la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, durante su intervención de apertura del Consejo Ciudadano Estatal del partido morado, su máximo órgano entre congresos. Belarra no ofreció demasiados detalles de una negociación que, por ahora, marcha con cierta sintonía entre los socios de Gobierno. Pero sí explicó que este bono de 300 euros que Unidas Podemos está "negociando con el PSOE" beneficiaría a "unos ocho millones de hogares", presumiblemente limitados por renta para centrarse en los más perjudicados por el alza de los precios del último año.

La puesta en marcha de este cheque de 300 euros supondría un triunfo de las tesis moradas en lo relativo a la necesidad de una inyección económica a algunas familias para hacer frente a la cesta de la compra, si bien la propuesta inicial de Podemos -tal y como detalló el partido el lunes pasado- era la de un bono de hasta 500 euros para aquellos hogares que no superen los 42.000 euros anuales de renta. "Este pago, que recibirían tanto personas trabajadoras por cuenta ajena o propia como beneficiarias de prestaciones y subsidios por desempleo, ampliaría las ayudas directas aprobadas en junio y contribuiría a que las familias compensen la subida de los precios", explicaban hace unos días fuentes de Derechos Sociales.

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Junto a ese cheque de 300 euros, Belarra reveló que PSOE y Unidas Podemos están negociando también la puesta en marcha de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes cadenas de alimentación, después de los instaurados a energéticas, banca y grandes fortunas. La líder morada no ofreció más detalles sobre el gravamen que está sobre la mesa de negociación, aunque hace unos días fuentes del Ministerio de Derechos Sociales explicaban que la propuesta de Unidas Podemos para dicho tributo gravaría con un tipo del 33% los beneficios extraordinarios de los grandes supermercados.

Recorte a la ayuda al combustible

Además de la inclusión de esas dos nuevas medidas, el nuevo decreto para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania también llevaría aparejada la modificación de una medida vigente en los últimos meses para limitar en parte el aumento del precio de los combustibles: los 20 céntimos por litro para todos los consumidores. El viernes, la ministra de Economía y vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, abrió la puerta a mantener ese descuento -muy gravoso para las arcas públicas- únicamente para "los sectores que se pueden ver más afectados", lo que básicamente supondría, según mencionó, el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca.

Esto implicaría volver al diseño inicial de esa ayuda de 20 céntimos por litro de carburante, que en primera instancia fue solo para profesionales pero después se extendió al conjunto de la población. Y ese recorte de la subvención coincidiría con la progresiva bajada del precio de los combustibles en los últimos meses, que se han abaratado ya prácticamente a niveles del inicio de la guerra de Ucrania. La gasolina está ahora solo un 3,1% por encima del precio que marcaba el 21 de febrero, el último registro antes de la invasión. En el caso del diésel, el porcentaje se eleva al 15,5%.

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También falta por determinar qué ocurrirá con medidas como la limitación de las subidas del precio del alquiler para contratos en vigor. Actualmente, el incremento anual del precio está limitado al 2%, en lugar de poder indexarse al IPC, como ocurre habitualmente. Y Unidas Podemos quiere ir más allá y aplicar la congelación total de los precios, lo que supondría prohibir temporalmente la revalorización anual de los contratos, como ya se hizo durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19.

De igual forma, Unidas Podemos apuesta desde hace meses por que el decreto que se aprobará antes de fin de año incluya medidas para limitar los precios de las hipotecas variables, que en los últimos meses han experimentado una subida vertiginosa por el aumento de los tipos de interés y, singularmente, del Euríbor. La vicepresidenta segunda y líder morada en el Gobierno, Yolanda Díaz, ya tachó de insuficiente hace unas semanas el pacto alcanzado por Calviño con la banca para este control de los precios, que no será de obligado cumplimiento para las entidades financieras. Y, hace unos días, aseguró que "hay que actuar en la cesta de la compra y en las hipotecas" porque "es misión imposible para muchas familias españolas asumir el incremento que supone el Euríbor".