El decisivo Pleno que el Tribunal Constitucional (TC) celebrará este lunes se avecina largo y jurídicamente muy complejo. Sus implicaciones, además, exceden el Derecho y la jurisprudencia que puedan sentar las conclusiones del debate, sino que el choque entre altas instituciones del Estado ya está servido, pues en manos del tribunal está el futuro de una reforma legal que está en plena tramitación parlamentaria, además de su propio desbloqueo. La deliberación se dividirá en varias partes y una de ellas será la recusación de dos magistrados. La resolución de este punto podría inclinar la balanza y ser la clave para la decisión final.

El presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez son los señalados por Unidas Podemos, en un escrito de alegaciones presentado en el tribunal, como los miembros del órgano que deberían ser apartados de la deliberación del recurso de amparo presentado por el PP esta semana para impedir la tramitación de las dos enmiendas que cambian las leyes orgánicas del Poder Judicial y el Constitucional.

El motivo que alegan los 'morados' es que ambos tienen "conflicto de interés" en el debate que ha abierto el PP con su recurso de amparo, pues las mencionadas enmiendas pretenden cambiar los trámites necesarios para acometer la renovación del TC que está pendiente desde hace meses. Y tanto González-Trevijano como Narváez son los dos magistrados que debían haber sido sustituidos por el Gobierno a mediados de año si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hubiese llevado a cabo con normalidad la tarea que le corresponde de nombrar a otros dos magistrados para ser reemplazados también. El CGPJ no lo ha hecho por su imposibilidad para hacer nombramientos, primero, y por el bloqueo de los vocales conservadores, después.

A día de hoy, el Constitucional está compuesto por 11 magistrados -debían ser 12, pero la plaza de Alfredo Montoya sigue vacante después de que éste renunciara el pasado mes de julio por enfermedad- y la tendencia es clara: seis considerados conservadores y cinco de sensibilidad progresista. González-Trevijano y Narváez pertenecen al primer grupo.

En el Pleno del TC que se convocó el pasado jueves para analizar el recurso de amparo del PP y las alegaciones tanto del PSOE como de Unidas Podemos en contra del mismo, ninguno de los dos magistrados señalados por los 'morados' se apartaron de motu proprio. Podían haberlo hecho si lo hubiesen considerado necesario para no contaminar la deliberación del tribunal. No sería la primera vez que un magistrado del Constitucional lo hace para disipar dudas sobre su imparcialidad para debatir cierto asunto. Lo hicieron, por ejemplo, Cándido Conde-Pumpido y el propio Antonio Narváez de los recursos derivados de la causa del procés, ya que se habían pronunciado sobre el tema en conferencias y artículos en los que habían manifestado su opinión jurídica. 

Pero que González-Trevijano y Narváez no se hayan apartado no significa que se haya resuelto la recusación planteada por Unidas Podemos. El tribunal tendrá que dar respuesta a las alegaciones de los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición y es en ese debate donde el Ejecutivo podría tener opciones de cara a la resolución del recurso de amparo del PP y las medidas cautelarísimas que pide para detener la tramitación de las enmiendas que cambian las leyes del Poder Judicial y del Constitucional, a las que les queda el paso del Senado para poder entrar en vigor.

¿Y si se invirtieran las mayorías?

Que los dos magistrados fueran apartados de la deliberación invertiría las mayorías en el Pleno del TC -quedarían cuatro magistrados conservadores frente a cinco progresistas- y esta circunstancia podría poner las cosas más fáciles al Gobierno para aprobar sus enmiendas. Sin embargo, la mayoría conservadora que va a abordar las alegaciones pone difícil que las recusaciones salgan adelante.

Eso sí, no hay que dar nada por hecho en el Tribunal Constitucional. Los magistrados son nombrados a propuesta de partidos políticos (a excepción del CGPJ, que designa dos), pero no significa que respondan siempre a sus intereses. A priori, su ideología, conocida por su trayectoria jurídica previa, puede ser más favorable a unos u otros, pero no sería la primera vez que magistrados designados a propuesta de un partido votan en contra de iniciativas impulsadas por este.

Ocurrió, por ejemplo, en la sentencia del TC sobre el primer estado de alarma. Un tribunal de garantías profundamente dividido determinó que el decreto del Gobierno fue inconstitucional y a favor de este fallo votó la entonces vicepresidenta del órgano, Encarnación Roca, que había sido nombrada a propuesta del PSOE. En contra de la sentencia se posicionó el entonces presidente, Juan José González Rivas, designado a propuesta del PP.

En esta ocasión, la deliberación que el TC tiene que abordar sobre las enmiendas del Gobierno y el modo en que se han tramitado en el Parlamento no es menos tensa. Ya se vio el pasado jueves, cuando el Pleno del tribunal estaba previsto para las diez de la mañana y su arranque no se produjo hasta tres horas después debido a las reuniones entre unos y otros magistrados en las que los progresistas insistieron a González-Trevijano en que era necesario cierto sosiego para abordar un asunto tan complejo jurídicamente.

Después de varias horas de consultas y de un estudio inicial tanto de los recursos del PP y Vox como de las alegaciones del PSOE y Unidas Podemos, el presidente del Constitucional optó por dar algo de tiempo a los magistrados para preparar el Pleno, que está convocado para este lunes por la mañana.