La reforma de la sedición y de la malversación supera el último trámite y queda lista para ser aprobada en el Congreso

Gabriel Rufián y Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
Gabriel Rufián y Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
Europa Press
Gabriel Rufián y Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

La reforma de los delitos de sedición y malversación ya está en la rampa de salida para ser aprobada por el Congreso y pasar al Senado para recibir la sanción definitiva. Este martes, la Comisión de Justicia de la Cámara Baja dio luz verde al texto que se someterá a votación el jueves en el Pleno, y lo hizo apenas un día después de que PSOE y ERC pactaran añadir a la reforma de la sedición la rebaja de penas en la malversación, distinguiendo en ella tres tipos delictivos en la administración ilícita de dinero público y diferenciando entre los casos en los que haya ánimo de lucro personal y los que no.

Con la aprobación del dictamen en comisión de este martes se da el penúltimo paso de la tramitación exprés que PSOE y Unidas Podemos han querido impulsar para solventar en el menor tiempo posible una modificación legal que les genera cierta incomodidad, pero que pactaron con ERC para sacar adelante los Presupuestos. Los morados, además, apoyaron este martes el texto pese a que incluye la modificación del delito de malversación, que a Unidas Podemos le genera "dudas" por las posibles consecuencias positivas que pueda tener para condenados o encausados por corrupción, según han explicado en los últimos días varios dirigentes de Unidas Podemos.

Tras la larga jornada del lunes, cuando PSOE y ERC pactaron incluir esta reforma de la malversación en la proposición de ley, la sesión de este martes en el Congreso fue más de trámite. De hecho, buena parte de los grupos que apoyaron el dictamen de la reforma de la sedición centraron sus intervenciones en ese delito y obviaron que incluye también una rebaja de penas en ciertos supuestos del delito de malversación, así como una reforma legal para obligar al CGPJ a nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional y desbloquear su renovación. 

ERC, por el contrario, defendió abiertamente el acuerdo alcanzado asegurando que "supone limitar el delito de malversación sin despenalizarlo" y criticando la "demagogia" que, a su juicio, se está haciendo sobre este asunto. "Lo que hacemos es democratizar y adaptar a los estándares europeos un Código Penal que es de los más punitivos de Europa", defendió la diputada de ERC Carolina Telechea. Por su parte, el PSOE aseguró que "frente a los que piensan que en 2017 se vivía mejor, nosotros creemos que en 2022 tenemos una sociedad más fuerte", y afirmó que con sus enmiendas "no se despenaliza ninguna forma de malversación y se endurece la persecución de corruptos", aunque los socialistas no se refirieron a la rebaja de penas en algunos supuestos. 

Una reforma "innoble" y un "paso atrás en la democracia"

De nada ha servido el rechazo del bloque de centro-derecha. PP, Vox y Cs han mantenido la línea del discurso que han defendido en las últimas semanas, condenando la que consideran una reforma "innoble" -según Cs-, que supone un "paso atrás en la democracia" -según PP- y "un claro golpe de Estado institucional"- según Vox-. Estos últimos, además, han denunciado la vía legislativa "apresurada" y sin los informes preceptivos necesarios, al haberse presentado por vía de urgencia.

El popular Luis Santamaría ha vaticinado que con la eliminación de delito y nueva redacción de malversación "al dictado de independentismo y la quiebra de la separación de poderes", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "va a pasar a la historia por deconstruir España, por dejar impugne el 1-O, por haber tendido un puente de plata a Junqueras para que sea candidato de ERC a la Generalitat y por haber contribuido a que España esté más cerca que nunca del referéndum contranatura que exige el independentismo". Además, ha subrayado que con la malversación se da "un incomprensible paso atrás en la lucha contra la corrupción al volver al tipo previo de 2015". 

Santamaría ha denunciado "el claro deje autoritario que subyace" la forma de gobernar "al servicio de unos pocos" y del "autoritarismo de Sánchez" que convierte a los españoles en "testigos de la quiebra constitucional con el pago de las letras que le libra el independentismo". Así, el PP asume el "reto conseguir que los españoles olviden de la etapa mas negra de la historia reciente".

Asimismo, el PP se ha querido desmarcar de "esta forma de legislar apresurada y atropellada abusando de las proposiciones de leyes y de la tramitación urgente", lo que viene a significar "legislar sin reflexión, como ya ocurrió con la ley 'solo sí es sí'", ha recordado. También Vox ha denunciado el "evidente fraude procesal y reglamentario, tramitado con prisa, alevosía y nocturnidad" en el que "no hay tiempo sosegado de debate y se pretende cubrir el expediente".

El diputado Javier Ortega Smith ha cargado contra las reformas de la sedición y la malversación porque "solo van a favorecer a quienes con coacción y violencia llevan décadas intentando romper la unidad de España". Para Ortega Smith, el remedio ante esta situación es que los españoles "desalojen al Gobierno de manera democrática y que un nuevo Gobierno derogue esta basura legislativa".

En Ciudadanos hablan de "una legislación a la carta y que trata de beneficiar a 37 personas, que se hace ad hóminem, como moneda de cambio a favor de permanecer en el poder un año más". El diputado Edmundo Bal ha hecho un llamamiento a los socialistas que apoyarán esta reforma. Les advierte de que "van a votar que no se castigue a aquellos que tumultuariamente se alzan de forma pública para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes". 

También recuerda que el delito de sedición, en su redacción original, lleva aparejada la inhabilitación absoluta, "porque es tan grave que no se puede dejar que participe en el sistema quien comete este delito". De hecho, ya el Tribunal Supremo en su sentencia condenatoria del procés "dejó claro que no era lo mismo la sedición que los desordenes y lo califico como aquellas personas que han realizado un ataque concertado a las bases constitucionales del sistema". 

De nuevo, llama a los socialistas a recapacitar: "Ustedes están apoyando a los antisistema; lo tratan de disimular en un delito de desórdenes públicos agravados en los que se dice que se trata de aquellos que alteren la paz pública ejecutando actos de violencia. ¡Pero si ERC o Junst afirman que no hubo actos de violencia... el 1-O no van a ser ni desórdenes públicos!", ironiza Bal.

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