La cesión del PSOE en la malversación alienta a ERC a aprobar un nuevo plan de referéndum

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, juntos en la gala de los premios Pimec celebrada el pasado 27 de junio en Barcelona.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, juntos en la gala de los premios Pimec celebrada el pasado 27 de junio en Barcelona.
PAU BARRENA / ACN
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, juntos en la gala de los premios Pimec celebrada el pasado 27 de junio en Barcelona.

El PSOE y ERC ya se han puesto de acuerdo para reformar el delito de malversación. Si su enmienda conjunta sale adelante, la condena máxima que se aplicará a hechos similares a aquellos que cometieron los líderes del procés catalán se rebajará de seis a cuatro años de cárcel.

Después de superar este escollo y del pacto para la supresión del delito de sedición, los republicanos están listos para avanzar en su estrategia a largo plazo con el Gobierno. Ayer desvelaron qué dice la ponencia sobre un futuro referéndum de independencia que plantearán al Ejecutivo dentro del "acuerdo de claridad" anunciado por Pere Aragonès en septiembre: dice que se considerará que ha ganado el 'sí' si la participación es al menos del 50% y los votos favorables llegan al 55%.

La reunión de este lunes entre socialistas y ERC duró menos de una hora y algunos diputados salieron molestos por las formas y la "opacidad". Ninguno, de hecho, quiso hablar con los periodistas y los jefes de prensa fueron los encargados del anuncio del acuerdo. Los cambios en el Código Penal que proponen dividen la malversación en tres tipos, diferenciando si el desvío presupuestario se hace o no con ánimo de lucro y si el dinero se utiliza o no para fines públicos.

En primer lugar, se mantendría el castigo de dos a seis años de cárcel a las autoridades que "con ánimo de lucro" se apropien de patrimonio público o consientan que un tercero haga lo propio. No se modificarán los agravantes: la pena será de entre cuatro y ocho años de prisión –y de 10 a 20 años de inhabilitación– si se causa un "grave daño" al servicio público o si el valor del perjuicio causado excede de los 50.000 euros. Las penas más duras también se aplicarán si lo malversado tiene valor histórico o artístico.

El segundo supuesto es el de aquel funcionario o autoridad que "sin ánimo" de lucro destine a uso privado el dinero público, lo que tendrá un castigo de entre seis meses y tres años y una inhabilitación de entre uno y cuatro años. Estas penas aumentarían hasta las del supuesto anterior si el condenado no devuelve lo malversado.

Por último, el tercer tipo es el que afectaría de lleno a los líderes del procés. Seguirá estando castigada la malversación si quien la comete es un funcionario o una autoridad pública que dé una función "pública" diferente a la requerida en un principio, como quería el PSOE. La condena quedaría fijada entre uno y cuatro años y una inhabilitación de entre dos y seis años; de esta forma, se rebajará en dos años la pena máxima actual, que establece hasta seis años de cárcel y diez de inhabilitación en estos casos.

Desde ERC se mostraron satisfechos con el resultado, aunque no comparten la redacción de este último supuesto. "No se corresponde tampoco con las conductas como la de organización del 1 de octubre, y menos aún con penas de prisión, dado que no se produjo ningún daño ni entorpecimiento grave del servicio público", explicaron en un comunicado. El PSOE, por su parte, se ha encontrado con críticas tanto de barones como de otros cargos que suelen cerrar filas con su secretario general.

La enmienda se ha podido incorporar al texto definitivo de la reforma del Código Penal gracias al apoyo global de Unidas Podemos. Fuentes del grupo parlamentario morado insistieron este lunes en que no han formado parte del acuerdo sobre la malversación, pero ya habían anunciado que no iban a provocar que el texto "descarrilase".

La Comisión de Justicia del Congreso dará su visto bueno este martes a la reforma, que se votará el jueves en Pleno para ser enviada al Senado y será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de fin de año.

Cerrado este capítulo, ERC considera que ya es el momento de iniciar la segunda fase de las negociaciones con el Gobierno y el lunes aprobó en su ejecutiva los criterios que regirán un hipotético referéndum de independencia. La ponencia se someterá a votación entre las bases el 28 de enero en Lleida, en el congreso del partido.

El documento apuesta por llevar la petición de celebrar una consulta a la denominada 'mesa de diálogo' con el Gobierno de Pedro Sánchez y pone en valor las reformas del Código Penal, que considera una amnistía de facto para los condenados por el procés. Además de los mencionados porcentajes para considerar que el resultado es positivo, el texto establece que si gana el 'sí' el Gobierno central tiene que aceptar la apertura una negociación entre Madrid y Barcelona con mediación europea e internacional.

Y también, que la pregunta que se haga en la consulta sea clara, "como la del referéndum del 1-O": el documento habla de "reimpulsar la mayoría social del 1 y el 3 de octubre del 2017". Sobre el censo electoral con derecho a voto, Esquerra propone que pueda votar cualquier persona residente en Cataluña mayor de 16 años y también los no residentes con derecho a votar en las elecciones del Parlament.

La ponencia, que lleva por nombre, La vía democrática del referéndum, está inspirada en los procesos llevados a cabo en Canadá y Escocia.

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