Cuenta el dicho que aunque no te interese la política, la política se seguirá interesando por ti. En una democracia liberal, verse afectado por las decisiones de legisladores y gobernantes implica necesariamente el derecho fundamental (y el deber cívico) de participar en la vida pública. Hacer política puede adoptar muchas formas, desde afiliarse a un sindicato o apuntarse a una asociación de padres y madres en un colegio, a manifestarse por la sanidad pública o en repulsa de un atentado terrorista. Y por supuesto, la forma más directa y a la vez menos costosa: votando.

El voto nos iguala a todos de manera absoluta, desde el momento en el que tenemos capacidad para decidir cuáles son nuestros intereses y valores y elegir representantes que los defiendan. Ese momento, en España, está fijado en los 18 años. Hoy es hora de replantearlo, seguir la estela de otros países europeos y ampliar el derecho al sufragio a los jóvenes de 16 años.

Hay dos razones esenciales para ello. En primer lugar, un argumento de justicia: adelantar la edad de voto aportaría coherencia al marco legal de derechos y obligaciones de los jóvenes, sincronizándolo temporalmente con el inicio de responsabilidad penal o el acceso al mercado de trabajo.

Dejando atrás el paternalismo anacrónico, es hora de darle voz y voto a una juventud informada y comprometida, con ilusión por participar activamente en política

Por otra parte, contribuiría a la toma de conciencia política de la juventud y fomentaría su participación: aumentaría la representatividad de las cámaras legislativas y ayudaría a acabar con la invisibilidad de los temas que más afectan a los jóvenes, ahora excluidos en gran medida de la agenda pública.

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Existe un tercer elemento a favor. Expandir el derecho al voto a los ciudadanos de 16 a 18 años, un grupo relativamente pequeño en el cómputo total de la población española, atajaría el desequilibrio creciente en el reparto generacional de influencia política, potenciado por la evolución demográfica. Debates candentes como el de la reforma de las pensiones demuestran que la constante subida de la esperanza de vida y el envejecimiento de la pirámide poblacional refuerzan los incentivos de los decisores públicos para atender a las prioridades de las personas mayores de 65 años. Mientras, las reivindicaciones de la juventud no resultan rentables electoralmente.

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El voto a los 16 no es una medida revolucionaria. Ocurre en varios países europeos: Alemania o Escocia lo permiten en las elecciones locales y en Austria, en todos los procesos electorales. En Grecia, el límite está en los 17. En ninguno de estos lugares existe evidencia empírica que confirme las profecías tremendistas de los que se oponen a la medida: los más jóvenes no votan en masa a opciones antisistema, ni se inclinan necesariamente por una línea partidista concreta. Lo que sí hacen es demostrar preocupación por temas que resultan importantes para ellos, como la emergencia climática o la conquista y defensa de derechos de las minorías. Dejando atrás el paternalismo anacrónico, es hora de darle voz y voto a una juventud informada y comprometida, con ilusión por participar activamente en política.