La supresión del delito de sedición y su cambio por el tipo penal de 'desórdenes públicos agravados' pactada entre el PSOE y ERC dio el jueves un paso más al rechazar la 'mayoría de la investidura' las enmiendas a la totalidad del PP, Vox, Cs, Junts y la CUP. El debate duró más de una hora, pero ninguno de los implicados habló del elefante en la habitación: la posibilidad de que esa reforma del Código Penal incluya también el retoque de la malversación. De momento, es una incógnita y lo será hasta el día 9, cuando finalice el período de enmiendas. Hasta ahora, el Ejecutivo deja la pelota en el tejado de ERC, que dice que está negociando con Moncloa. A su vez, el Ministerio de Presidencia lo niega y Unidas Podemos, socio minoritario de la coalición, rechaza llevar la iniciativa.

Nadie en el Gobierno oculta que es un tema espinoso. Pese a que ERC plantea pedirlo para 'beneficiar' a Oriol Junqueras, que fue condenado por sedición y por malversación, también se podrían beneficiar otros condenados por corrupción. Algunos diputados advierten, incluso, de la mala imagen que supondría un goteo de rebajas de penas a condenados por este delito, tal y como está pasando en algunos casos de agresión sexual tras la aprobación de la ley del 'solo sí es sí'. Todo ello, a las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales -en mayo- y unas generales, a finales de 2023. Por si eso fuera poco, la reforma de la malversación podría tener otro gran beneficiado: el expresidente andaluz José Antonio Griñán, pendiente de entrar en prisión al haber sido condenado en el caso de los ERE.

Con todo, lo cierto es que el PSOE sigue manteniendo la postura que adoptó desde el primer momento, que pasa por defender la reforma de la sedición y no cerrar la puerta al estudio del retoque de la malversación, siempre y cuando otro grupo lo introduzca mediante una enmienda en la tramitación parlamentaria. Las fuentes cercanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siguen poniéndose de perfil. También lo hacen el propio Sánchez y sus ministros cuando se les pregunta. 

El último fue Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. "Lo que voy a decir es lo que llevamos semanas diciendo", señaló el pasado martes para terminar afirmando que "en una tramitación parlamentaria, con normalidad, se presentan enmiendas por parte de los grupos". "Todas aquellas enmiendas que se presenten serán analizadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo de Unidas Podemos", que fueron quienes presentaron la proposición de ley inicial.

Los juristas temen que limitar la malversación pueda "beneficiar a muchos corruptos" y obstaculizar la investigación de delitos

Ahora, será ERC quien deba mover ficha. Una vez superado el trámite de las enmiendas a la totalidad, se abre el plazo de enmiendas parciales, que finalizará el próximo viernes. Dentro de la formación independentista hay voces que admiten que la reforma de la malversación es un asunto delicado y que insisten en que lo último que quieren es "que nadie nos acuse de defender ningún tipo de corruptela". No obstante, también defienden que a Junqueras no se le debería haber condenado por ese delito al entender que "hacen política con el Código Penal en la mano".

"Comparar a Junqueras con [Luis] Bárcenas es una locura más allá de sus fobias políticas", apuntó el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, en Antena 3 el pasado martes. Con estos argumentos en la mano, podrían dar el paso de presentar la enmienda que modificase la malversación, aunque de momento se limitan a negociarlo con Moncloa. Así lo aseguran fuentes del partido, que no descartan que la reforma termine llevándose a cabo. "No se está negociando nada", defienden, no obstante, desde el Ministerio de la Presidencia.

Unidas Podemos, a la expectativa

En lo referido a la malversación, en Unidas Podemos hay diferentes sensibilidades. El portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ya rebajó el tono al asegurar que el tema tenía "aristas", aunque Jaume Asens, portavoz de En Comú Podem, se había mostrado favorable anteriormente. Con todo, fuentes de Unidas Podemos consultadas por este medio aseguran -a diferencia de Asens, que no lo descartó- que la formación morada no tiene ninguna intención de asumir los riesgos que supondría promover por su cuenta la reforma de la malversación, especialmente cuando al PSOE tampoco parece seducirle la idea. Y otro dirigente morado, en ese sentido, asegura que no es de recibo poner en marcha reformas de tipos "ad hoc" en el Código Penal pensando en personas concretas, en este caso los condenados por el 'procés'.