La segunda pata de la reforma del sistema de pensiones se le está poniendo muy cuesta arriba a José Luis Escrivá, el ministro al cargo de la Seguridad Social, que es quien lleva la voz cantante en las negociaciones. El ministerio planteó en la tarde del lunes la primera propuesta firme a los agentes sociales. Un documento que tanto el ala morada del Gobierno, como los sindicatos y la patronal rechazan y que, además, se presenta apenas a un mes antes de que concluya el plazo que el Gobierno acordó con Bruselas para tener lista la parte más compleja de la reforma.  

Desde Comisiones Obreras ven la propuesta de Escrivá como "un marco útil", pero "claramente insuficiente" y le reprochan el retraso a la hora de convocar la mesa de negociación. Una crítica que comparten en la patronal, que aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el documento de Escrivá. En todo caso, fuentes de CEOE trasladan a 20minutos que, aunque estudiarán la propuesta, de entrada no ven que pueda dar lugar a un acuerdo. Además, señalan que llega tarde y que "no se entiende bien el papel de los agentes sociales si se quiere aprobar en los plazos previstos y sin que haya un acuerdo político".

Escrivá ha puesto sobre la mesa de los agentes sociales dos grandes propuestas. La primera, que genera rechazo unánime, es ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión de los 25 años actuales hasta 30. Eso sí, con la posibilidad de descartar, dentro de esos 30 años, los dos peores, según avanzó la agencia Efe el lunes. La ampliación se haría de forma progresiva y vendría acompañada de medidas específicas para paliar las lagunas de cotización de las personas cuya carrera se haya visto perjudicada tras tener un hijo. El Banco de España recordó hace unos meses que la última ampliación de este periodo de 15 a 25 años -que entrará en vigor en 2027- supondrá una merma en la pensión media del 5%.

Nada de esto ha gustado a las partes implicadas en la negociación. Al poco de conocerse la propuesta, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la rechazó por suponer "un endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación". "Es recortar derechos", apostilló Díaz. Desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos incidieron en este mensaje ya el martes. El portavoz de los morados en la Cámara Baja, Pablo Echenique, añadió que algunas pensiones quedarían rebajadas si se aumenta el periodo de cómputo.

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En la misma línea se expresaron UGT y CC OO. Desde Comisiones señalaron que la ampliación del periodo de cómputo no es una recomendación que aparezca en el Pacto de Toledo y no consideran que sea necesaria. Además, subrayan que no hay certezas de que el propio Gobierno tenga apoyos suficientes para sacarla adelante. Desde UGT consideran que Escrivá "ha vuelto a equivocarse" al abrir de nuevo este debate que "no es necesario y no aporta nada". 

La segunda medida puesta sobre la mesa es elevar las bases máximas de cotización para aumentar los ingresos de la Seguridad Social, lo que se conoce en el argot como destopar las cotizaciones. En España, los salarios solo cotizan hasta los primeros 4.139 euros, una cifra reducida si se compara con la de otros países del entorno europeo. La propuesta de Escrivá prevé ensanchar las bases máximas todos los años en función de lo que marque la inflación. Un porcentaje al que se añadirían 1,154 puntos más entre 2025 y 2050, según informó EFE. En todo caso, la ampliación de esta cotización máxima iría ligada a una subida más o menos equivalente de la pensión máxima.

Esta medida sí goza de aceptación entre los sindicatos, que ven con necesario un destope "en uno de los países con los topes más bajos de Europa". De hecho, en CC OO van más allá y reclaman que la actualización de la pensión máxima mantenga un "carácter solidario". Es decir, que los incrementos de ingresos que aporte el destope en las cotizaciones superen el aumento del gasto que suponga la ampliación de la pensión máxima.

Sin noticias del MEI

Los detalles que han trascendido del documento presentado por Escrivá a los agentes sociales no incluyen mención alguna al mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), la regla que está destinada a garantizar que el sistema es sostenible a largo plazo. La aprobación del MEI es otro de los compromisos adquiridos con la UE de cara a esta segunda pata de la reforma y el que más suspicacias despierta en Bruselas. La fórmula adoptada por el Ejecutivo ha sido una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos porcentuales que estará en vigor de forma temporal entre 2023 y 2032 y con la que se busca llenar la hucha de las pensiones.

Aunque la Comisión Europea no se ha pronunciado oficialmente sobre el MEI, los técnicos de Bruselas son partidarios de una regla automática, algo que el propio Escrivá reconoce. La Comisión y organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España ya han expresado en varias ocasiones que con las medidas desplegadas hasta ahora no está garantizada la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, Bruselas aún no ha emitido una evaluación formal de la reforma, a la espera de que el Gobierno termine de cerrarla.

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14.000 millones en juego

La segunda pata de la reforma de las pensiones es uno de los compromisos que adquirió el Gobierno con Bruselas en el marco de los fondos de recuperación Next Generation EU. En concreto, el Ejecutivo se comprometió a desarrollar, antes de que concluyera 2022, un "mecanismo de equidad intergeneracional" para garantizar la sostenibilidad del sistema; un ajuste del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión y el ajuste de las bases máximas de cotización. El Ejecutivo también deberá enviar a Bruselas unas proyecciones que demuestren que la primera pata de la reforma (que ya aprobó el año pasado y cuya medida estrella fue la indexación de las pensiones al IPC) aseguran la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Del cumplimiento de estos hitos (y otros 54 más no relacionados con las pensiones) depende el desembolso del cuarto tramo de los fondos europeos. Unas ayudas directas que ascienden a 11.494 millones de euros que el Ejecutivo todavía no ha solicitado. La Comisión Europea dará su veredicto sobre si las reformas aprobadas por el Gobierno son suficientes a principios de 2023.