Los Presupuestos Generales del Estado son, a juicio de una ministra, "la hoja de ruta y de servicios más importante para un Gobierno". A partir de este jueves, el Ejecutivo ya tiene la suya fijada para el año que viene tras lograr que el Congreso de los Diputados dé luz verde a las Cuentas de 2023 con un amplio apoyo parlamentario que afianza la mayoría de la investidura y logra un hito insólito en los últimos años: estos son los terceros Presupuestos consecutivos de la coalición, algo que no pasaba en España desde 2015, cuando terminó la legislatura en la que Mariano Rajoy (PP) gobernó con mayoría absoluta de 186 diputados. Ahora las Cuentas pasarán al Senado para su tramitación definitiva.

Pese a estar en minoría (PSOE y Unidas Podemos suman 153 diputados), la coalición ha logrado cosechar un apoyo superior al que tenía Rajoy gracias al apoyo de sus socios habituales. Se han registrado 187 votos a favor: los citados 153, más ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Coalición Canaria, Más País, Compromís, PRC y el de Meri Pita, una exdiputada de Unidas Podemos que actualmente está en el Grupo Mixto. En contra han votado PP, Vox, Ciudadanos o los diputados expulsados de UPN. También Teruel Existe, que se ha desmarcado del acuerdo presupuestario a diferencia de 2020 y 2021.

"Es la victoria del entendimiento", ha celebrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A la salida del hemiciclo, el jefe del Ejecutivo ha agradecido a los diez partidos políticos que "representan a 12 millones de votantes" y que han posibilitado la aprobación de los Presupuestos, que son "muy importantes para el país y buscan proteger a los más vulnerables, canalizar los fondos europeos para modernizar nuestra economía y dar estabilidad política, que es necesaria". 

Sánchez ha insistido en que la victoria de la coalición "no es contra nadie, sino frente a los desafíos de la sociedad española”. "Desde el año 2015 no se aprobaban tres Presupuestos consecutivos. Hoy hemos demostrado que la política, más allá del ruido, es muy útil", ha zanjado el presidente.

El Gobierno ata los Presupuestos pese a que las leyes mordaza y de vivienda siguen atascadas en el Congreso

No por esperada, la victoria parlamentaria del Ejecutivo es menor. Según recuerdan fuentes socialistas, en marzo "nadie daba un duro" por el hecho de que volviera a haber Presupuestos. No obstante, el giro a la izquierda dado por Sánchez en verano tras la debacle socialista en Andalucía fue allanando el camino y afianzando el bloque progresista en el Congreso. Eso no ha supuesto, sin embargo, que el Ejecutivo no haya tenido que hacer importantes cesiones. 

En el caso de ERC, y pese a que fuentes tanto de los republicanos como de los socialistas se han desvivido por desvincular ambos hechos, el PSOE ha accedido a suprimir la sedición del Código Penal y a sustituirla por el tipo penal de 'desórdenes públicos agravados', que rebaja las penas a la mitad. La proposición de ley, presentada por PSOE y Unidas Podemos hace dos semanas, también se tomará en consideración este jueves en el Pleno, donde no se vislumbra que tenga dificultades. También los republicanos han pactado con el Gobierno la transferencia por parte del Estado a la Generalitat de 900 millones de euros para ejecutar inversiones pendientes en infraestructuras.

Para el 'sí' de Bildu a las Cuentas, el Gobierno ha aceptado prorrogar durante todo 2023 el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler y la subida del 15% de las pensiones no contributivas, algo que ya se incluyó en el último paquete de medidas para sortear la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania. Asimismo, Sánchez también devolverá a Navarra la competencia exclusiva de Tráfico y Seguridad Vial. Esta es una demanda histórica que el Ejecutivo había comprometido en varias ocasiones, pero que no se ha producido hasta ahora y que ha levantado las críticas de la oposición.

En el debe, el PSOE ha logrado sacar los Presupuestos pese a las trabas que siguen imposibilitando la aprobación de la ley de vivienda y la derogación de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, que se perfilaban al inicio de las negociaciones como dos importantes exigencias de los socios para aprobar los Presupuestos.