La aprobación de la ley de vivienda y la derogación de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, se perfilaban al inicio de las negociaciones como dos importantes exigencias de los socios del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Pero ambas normas siguen varadas en el Congreso y, sin embargo, el Ejecutivo está a escasas horas de sacar adelante las cuentas de 2023 con el mayor apoyo de la legislatura, más amplio incluso que el que obtuvo en los dos últimos años.

Una vez que ERC ha dado a entender este mismo jueves su apoyo al proyecto de cuentas públicas, el Gobierno suma en el Congreso el voto favorable de 188 diputados, por lo que los Presupuestos saldrán cómodamente de la Cámara Baja para iniciar su tramitación en el Senado. 

Para conseguir la luz verde a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, la gran concesión del Gobierno a ERC ha sido la reforma del delito de sedición, que precisamente comenzará a tramitarse este jueves en el Congreso con el debate de toma en consideración. La votación que tendrá lugar sobre esta reforma del Código Penal únicamente servirá iniciar la tramitación parlamentaria de la norma, si bien el PP ha pedido que se realice de viva voz y no mediante el voto electrónico -como se vota habitualmente- para tratar de reflejar "si van a ser cómplices" de "la entrega de un artículo del Código Penal a un partido político cuyos dirigentes han sido condenados por ese delito para que el delito desaparezca y se reescriba la historia".

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No obstante, esa reforma del delito de sedición y la ya asegurada aprobación de los Presupuestos han opacado la ausencia de avances tangibles en la derogación de la ley mordaza y la aprobación de la ley de vivienda. En las últimas horas, confirman fuentes de diferentes partidos, se han reanudado los contactos para desbloquear ambas normas. Pero lo que supuso uno de los grandes caballos de batalla en la negociación entre PSOE y Unidas Podemos para pactar el proyecto de cuentas que mañana se aprobará prácticamente ha desaparecido de las conversaciones que se han mantenido estas semanas con los grupos parlamentarios.

De hecho, ERC y EH Bildu, los dos principales aliados -junto al PNV- del Gobierno durante la legislatura, han ido diluyendo con el paso de las semanas la exigencia de que estas normas se pusieran en marcha junto a los Presupuestos. El PSOE, por su parte, ha querido desligar cualquier asunto relativo a la vivienda o la nueva ley de seguridad ciudadana de las cuentas para 2023, y tanto es así que, hace un par de semanas, unió sus votos a los del PP para impedir que se debatieran y votaran en la comisión de Presupuestos varias enmiendas de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para, entre otros asuntos, poner en marcha un tope al precio del alquiler.

El bloqueo se mantiene

Preguntada sobre la situación de las negociaciones sobre la ley de vivienda y la ley mordaza, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, señalaba el martes que "ahora mismo quien está bloqueando" que estas normas salgan adelante "es el Gobierno". "Esperamos que se avenga a negociar y acordar", aunque "ahora al mismo se han retomado los contactos y está habiendo reuniones después de un tiempo en el que apenas ha habido avances", señaló Aizpurua, que insistió en que "la paralización de los desahucios" sin alternativa habitacional "y la regulación de los alquileres deben estar" presentes en la nueva ley de vivienda.

Fuentes de Unidas Podemos coinciden en señalar la reanudación de estas conversaciones como una buena noticia, aunque apuntan que, por ahora, ha habido más una constatación de buenas intenciones que avances tangibles. Las reivindicaciones moradas, compartidas con ERC y EH Bildu y que el PSOE rechaza, llevan siendo fundamentalmente tres desde hace meses: la puesta en marcha de un mecanismo de limitación de precios del alquiler más ambicioso que el pactado ya con los socialistas, el bloqueo de los desahucios en los que la familia vaya a quedarse en la calle, y la cesión de todo el parque de viviendas de la Sareb [el banco malo, de titularidad pública] al parque público de vivienda en alquiler.

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En cuanto a la derogación de la ley mordaza y la aprobación de una nueva ley de seguridad ciudadana, quienes exigen los cambios son fundamentalmente ERC o EH Bildu y no tanto un Unidas Podemos, que ya pactó con el PSOE un amplio paquete de enmiendas conjuntas hace casi un año. Los grupos minoritarios pretenden ser más ambiciosos en algunos de los asuntos más polémicos de la norma, que la reforma no modifica o tan solo retoca. Es el caso, por ejemplo, del uso de material antidisturbios en las manifestaciones, ya que PSOE y Unidas Podemos pactaron que la ley únicamente obligue a las fuerzas de seguridad a "utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables", de forma genérica.

Ante esa redacción, que abre la puerta a una interpretación amplia de la norma, ERC ha planteado una enmienda para vetar expresamente "el uso de pelotas de goma o de cualquier otro instrumento o producto que pueda producir amputaciones o la muerte de una persona" cuando la Policía cargue para disolver reuniones o manifestaciones.