El Ministerio de Igualdad atenúa sus críticas contra el supuesto machismo de los jueces que están rebajando penas a condenados por delitos sexuales, pero insiste en que estas decisiones son "errores" que no están amparados por la nueva ley del 'solo sí es sí'. Así lo defendieron este viernes la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien señaló que "ha habido lo que nosotros consideramos errores judiciales claros en una aplicación rápida, sin calma, sin reflexión y sin una buena lectura de la ley". 

Por ello, Igualdad insiste en que la norma no necesita ninguna modificación, y pide esperar a que el poder judicial unifique criterios en estas semanas, en la misma línea en la que se pronunció el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Dejemos hablar a la Fiscalía General del Estado y al poder judicial" para que se consolide una única interpretación de la norma en lugar de "la enorme disparidad de criterios" que han provocado varias rebajas de condena, pero también que muchos otros casos se hayan saldado sin que los condenados hayan visto modificado su castigo, planteó Rosell, que insistió en que "ningún delito sexual se ha despenalizado".

En el fondo de la cuestión, Igualdad insiste en el argumento que ha planteado en los últimos días: que la ley del 'solo sí es sí' no tiene ninguna "brecha" que permita a los jueces rebajar penas a los condenados y, por ende, no es necesario modificarla, sino aplicarla correctamente. Rosell, en este sentido, aseguró que la clave es que no se está administrando adecuadamente el "derecho transitorio", y explicó que, según recoge el propio Código Penal vigente desde 1995, "cuando entran en vigor normas penales no se aplican [a los ya condenados] si son más graves, y sí aplican si les son más favorables, pero se comparan las normas con sus circunstancias" y no de manera aislada.

Sánchez aleja una reforma de la ley del 'solo sí es sí' pese a la polémica por los varapalos judiciales

Este es el quid de la cuestión del argumento que defiende Igualdad. Según establece la disposición transitoria quinta del Código Penal, cuando hay un cambio de la ley, los jueces "procederán a revisar las sentencias firmes y en las que el penado esté cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la disposición más favorable". Esa disposición, no obstante, también señala que, para las penas de cárcel, "no se considerará más favorable" la nueva norma "cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código Penal". 

Esto implica, según considera Igualdad, que los castigos deben mantenerse aunque el condenado haya sido penado por un delito de abuso sexual, que ya no existe, puesto que ha sido subsumido en el de agresión sexual. Y es así, aseguran fuentes del Ministerio, porque los hechos por los que se condenó al agresor siguen siendo juzgables con el nuevo Código Penal y pueden seguir siendo penados con los mismos años de prisión, puesto que lo único que se ha rebajado para ciertas acciones es la pena mínima y no la máxima.

Según Rosell, esta es la interpretación que se aplica "desde hace años" y está apoyada por jurisprudencia muy consolidada. La delegada, asimismo, sostuvo que cada vez que se produce un cambio en el Código Penal existe "un periodo de adaptación que dura unas pocas semanas y que estamos viviendo ahora con cierto alarmismo". "Entiendo la inseguridad que puedan sentir las mujeres y las preguntas de los medios cuando existen sentencias tan dispares", pero "esto es mucho más habitual de lo que parece" y se zanjará cuando el poder judicial se pronuncie sobre cómo aplicar la norma, afirmó.