Cuando Irene Montero decía que no iba a haber "una sola reducción de penas" y lo llamaba "propaganda machista"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su intervención en el Congreso el pasado 2 de noviembre.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su intervención en el Congreso el pasado 2 de noviembre.
CONGRESO
La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su intervención en el Congreso el pasado 2 de noviembre.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su intervención en el Congreso.
CONGRESO

La polémica generada tras la reducción de varias condenas a agresores sexuales tras una revisión de las mismas en aplicación de la recientemente aprobada ley como conocida como 'solo sí es sí' parece que solo ha empezado, pues según los especialistas las próximas semanas se conocerán más resoluciones del aluvión de revisiones de condenadas solicitadas. Sin embargo, antes de que trascendieran estos casos, la ministra de Igualdad y principal impulsora del texto, Irene Montero, aseguró que no se conocería ni "una sola reducción de penas", al tiempo que tildaba esas entonces sospechas de "propaganda machista"

Así lo aseguró durante la Comisión de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género celebrada en el Congreso de los Diputados el pasado 2 de noviembre. Afirmó que "tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia en nuestro país es clara respecto a que si las penas impuestas entran dentro del nuevo rango de penas, de la nueva horquilla de penas que salen de la nueva ley, no cabe la revisión de penas".

Añadió que "todo condenado tiene derecho a pedir con la modificación de una ley una reducción de penas", si bien indicó que en ese momento "todavía" no se conocía "una sola reducción de penas". "Y no se va a conocer", sentenció una semana antes de que comenzaran a aflorar las rebajas de penas a agresores sexuales en aplicación de la nueva norma (a partir del minuto 1:36 del siguiente vídeo)

Prosiguió en su intervención calificando de "propaganda machista" todas las informaciones que fueran en esta dirección e insistió en que esa es "el único recurso que les queda a los defensores de los agresores cuando hay avances feministas".

En la misma línea se pronunciaba la pasada noche en la Cadena Ser, donde durante una entrevista subrayó que en los dos años de tramitación de la ley del 'solo sí es sí nadie, ni el resto de ministerios implicados, ni el Consejo Fiscal, ni el Consejo de Estado, ni el CGPJ, advirtió de las posibles revisiones de las penas por los cambios introducidos.

Montero rechazó admitir errores en la norma y recalcó que las rebajas de penas a delincuentes sexuales se están produciendo por una interpretación incorrecta de la ley del 'solo sí es sí' por parte de los jueces, no por su redacción. 

Asimismo, argumentó que en todo el proceso de discusión previo a la aprobación de la ley ningún organismo advirtió lo que está ocurriendo, que la rebaja de las penas mínimas tipificadas se tradujera en una revisión a la baja de las condenas ya dictadas. Porque, a su juicio, todos daban por hecho que ocurriría como en la reforma del Código Penal de 2015, cuando la Fiscalía dictó una instrucción por la que se indicaba no apoyar rebajas de condenas ya impuestas siempre y cuando estuvieran dentro del rango de penas que se establecía en la nueva legislación. 

Igualdad y los jueces coinciden en el Senado

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, coincidirán este jueves en el Senado con la ministra de Igualdad en medio de la polémica por la revisión a la baja de algunas condenas por la ley del 'solo sí es sí'. Será en la inauguración del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género donde se verán las caras tras las acusaciones de "machismo" de Igualdad a los jueces por el goteo de rebajas de condenas a delincuentes sexuales que se han dado a conocer en las últimas horas en aplicación de la nueva ley.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha pedido la dimisión de Montero por sus ataques y descalificaciones a los jueces. En un comunicado, la asociación mayoritaria en la carrera judicial expresa su "más enérgico rechazo" a las declaraciones de Irene Montero y otros responsables políticos. "En un Estado de derecho es perfectamente admisible la crítica a las resoluciones judiciales, aunque sería recomendable que si tales críticas provienen de otro poder del Estado se produjeran dentro de la ponderación y la prudencia que demandan las más elementales normas de respeto institucional", señala la APM.

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