La ley trans ha amenazado esta semana con volver a despertar antiguos fantasmas y romper la relativa tranquilidad de la que el PSOE lleva meses, quizá años, disfrutando. La decisión de alargar una semana más el plazo de enmiendas sumió a diferentes facciones del partido -también de la coalición de Gobierno- en un nuevo enfrentamiento que Moncloa trató de sofocar interviniendo: la libre autodeterminación de género, punto clave del debate que enfrenta a las dos almas del feminismo, no se toca. Zanjado el debate, desde filas socialistas tratan de cerrar ahora las grietas internas y ponen en el punto de mira a la derecha, pues dan por hecho que recurrirá el articulado una vez aprobado y se plantea derogarlo si llega a gobernar.

"Feijóo ya ha dicho que la va a derogar", recuerdan fuentes del partido en referencia a las declaraciones que el presidente del Partido Popular ha realizado esta semana. Nunca antes el líder gallego se había mostrado tan contundente contra la norma, que viene a responder a demandas históricas del colectivo trans. Hasta ahora, los populares se habían centrado en oponerse a que el proyecto se tramitara por el procedimiento de urgencia en el Congreso. Eso sí, Alberto Núñez Feijóo llegó a tacharla hace días de "frivolidad" por "tomarse a broma gran parte de los principios básicos de la dignidad humana".

Estas palabras resuenan todavía en Ferraz, cuartel general de los socialistas, que las aprovechan para señalar al "verdadero" enemigo y para tratar de restar importancia a las diferencias entre el socialismo encabezado por la exvicepresidenta Carmen Calvo, defensora del feminismo más teórico, y otros miembros de la dirección actual, como Víctor Gutiérrez, secretario del Área LGTBi. En este sentido, las mismas fuentes ya avanzan otro de los frentes a los que se enfrentará el articulado, además del electoral teniendo en cuenta que, si se cumplen las previsiones, la norma se aprobará antes de las elecciones municipales y autonómicas que derivarán en unas generales a final de año: el jurídico.

Feijóo hurga en la herida abierta en el Gobierno por la ley trans y promete derogarla si llega a la Moncloa: "Es una frivolidad"

Desde el Partido Socialista dan por hecho que el articulado será recurrido, sí o sí, al Tribunal Constitucional una vez sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya sea por Vox o por el PP. Es por ello por lo que justifican pequeños cambios en el articulado, con el pretexto de "darle seguridad jurídica". Las dudas del PSOE pasan ahora por la equiparación de "ciertas violencias" con la de género, en lo referido al artículo 65. 

Este precepto contempla que cuando haya una condena o una orden de protección por violencia familiar LGTBIfóbica o intragénero -en parejas LGTBI- las víctimas tendrán los mismo derechos laborales y de Seguridad Social que se atribuyen a las víctimas de violencia de género, lo que podría modificarse. "El legislativo puede mejorar la ley y hacerla más robusta ante esos ataques de los que son verdaderos enemigos de los derechos de los colectivos", defienden otras fuentes del grupo parlamentario socialista.

Con todo, que ese sea el centro del debate y no la autodeterminación -la ley recoge que cualquier persona trans podrá cambiar la mención registral del sexo, desde los 16 años, sin necesidad de someterse a tratamientos de terapia, como se exige actualmente- es una derrota del sector de Carmen Calvo y una victoria del que ahora es el sector oficialista del PSOE. Ya no solo porque Calvo acabó fuera de la dirección cuando entró Gutiérrez, sino porque en las propias resoluciones que el partido fijó en su 40º Congreso, no sin tensión interna. En la cita celebrada en Valencia, la formación dejó claro que la ley trans "materializa un compromiso histórico tanto programático como orgánico" del PSOE.

El PSOE promete no tocar en la ley trans la autodeterminación de género, aunque anuncia enmiendas para darle "seguridad jurídica"

La siguiente incógnita: cuándo

Con todo, la intervención de Moncloa no llegó a tiempo para apagar el conato de incendio creado el martes. Ese día, el PSOE se sumó al PP para ampliar por quinta vez el plazo para presentar enmiendas a este proyecto de ley, lo que suponía aplazar una semana más -como mínimo- su tramitación. Esto provocó, incluso, que Carla Antonelli, exdiputada socialista e histórica activista por los derechos trans, solicitase su baja de la militancia del PSOE. "Habrá personas que se preguntarán: ¿por qué hoy y no cuando se inició este delirio y odio desatado en contra de los derechos de las personas trans hace ya dos años y medio? Y la respuesta es simple, porque hay gotas que colman los vasos llenos y a punto de rebosar...", dijo.

Pero esa no fue la única consecuencia que amenazó con enturbiar la paz socialista y la del Ejecutivo. La ampliación del plazo de enmiendas sentó muy mal en Unidas Podemos, que planteó abiertamente su "preocupación" ante la posibilidad de que el PSOE pudiera estar maniobrando para "forzar" un retraso en la tramitación de esta norma y para reabrir el debate sobre la autodeterminación de género. También la principal defensora de la norma, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la vicepresidenta segunda y líder del espacio de UP en la coalición, Yolanda Díaz, salieron a presionar. Lo hicieron con un mensaje que ahora también se lanza desde el PSOE. "La ley trans será ley". La incógnita a partir de ahora es cuándo.