El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una hoja de ruta para la lucha contra la trata y la explotación sexual en España. La estrategia, diseñada por el Ministerio de Igualdad y bautizada como 'Plan Camino', marca el horizonte a seguir para coordinar el trabajo entre comunidades autónomas y ministerios, y asegurar que se cumplen las medidas impulsadas por el Ejecutivo, a falta de una ley estatal contra la trata, que previsiblemente verá la luz próximamente.
Dotado con 204 millones de euros, el plan incluye 28 medidas que se irán implementando hasta 2026 y que se concretan en cinco objetivos principales: promover la recogida de datos de esta realidad; prevenir y desincentivar la demanda de la prostitución; reforzar el acceso a derechos de las víctimas; garantizar su inserción sociolaboral; e impulsar la regularización de las mujeres en situación administrativa irregular.
Se establecen así acciones específicas y transversales que tendrán que seguir los otros once ministerios competentes para "redoblar" el esfuerzo frente a la trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual y el apoyo a las mujeres en contextos de prostitución, y garantizar una salida a estas mujeres.
El plan será, en definitiva, un pilar sobre el cual desplegar el resto de medidas, tanto las que se han ido anunciando en los últimos meses (plan de inserción sociolaboral, sistema de acreditación de las víctimas, etc.); como para las previstas de aprobar en un futuro. Consiste, según detallan fuentes del departamento de Irene Montero, en "engranar las distintas políticas de los ministerios" en esta materia y hacer que las medidas aprobadas en las distintas Conferencias Sectoriales del ramo no caigan en saco roto. "Es un resumen de lo que el Gobierno quiere hacer con las víctimas de trata", añaden las mismas fuentes.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dado a conocer algunos de los datos que se disponen a través del CITCO: entre 2017 y 2021 se identificaron 973 víctimas de "trata sexual", 2.227 de explotación sexual, el 50% tenía entre 18 y 32 años de edad y una de cada tres se encontraba en situación administrativa irregular. "Con este plan, tratamos de ayudar a esas mujeres que aquí son cifras, pero que son vidas truncadas a las que queremos darles respuesta", ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Macroestudio sobre trata y prostitución
Ante la falta de datos sobre la trata y la prostitución oculta, el plan promueve la investigación y recogida, y contempla la realización de "la mayor encuesta sobre trata y prostitución de la Unión Europea", según destacan desde Igualdad. El fin no es otro que el de mejorar la información actual sobre la magnitud de esta realidad, y recoger datos sobre el número de mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y aquellas en contextos de prostitución.
Desincentivar la demanda
En línea con lo impulsado a través de otras iniciativas -como la ley del 'solo sí es sí'-, la estrategia pone en marcha una serie de acciones centradas en la prevención y desincentivo de la demanda de la prostitución, tanto a través de campañas de sensibilización y garantizando la educación sexual en los colegios e institutos.
El plan pone el foco en la necesidad de impulsar campañas de sensibilización dirigidas a "adolescentes, hombres jóvenes y adultos" para desincentivar la demanda, "con especial énfasis" en zonas turísticas y de ocio donde suele ser mayor, "y en áreas geográficas críticas como son las fronteras con Portugal y Francia".
Puerta a los derechos de las víctimas
El tercer objetivo específico del 'Plan Camino' va dirigido a garantizar la salida de la violencia y la explotación sexual, fortaleciendo la detección de las víctimas para que tengan acceso a derechos económicos, asistenciales y de salud sexual y reproductiva. La mirada aquí está puesta en, sobre todo, asegurar que para que las víctimas puedan optar a esas ayudas no tengan que haber denunciado previamente a sus tratantes y explotadores. A este respecto, Igualdad y comunidades autónomas ya aprobaron un sistema de acreditación parecido al que se usa para la violencia de género
Inserción sociolaboral
En esa misma dirección va el cuarto objetivo del plan, que contempla "alternativas económicas y sociales". En esa línea, hace apenas unos meses -en julio-, el Consejo de Ministros dio luz verde al decreto que regula la concesión directa de subvenciones a diversas entidades para la inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas con 12,9 millones de euros.
Según prevé Igualdad, desde su implementación este septiembre y hasta 2026, la estrategia llegará a cerca de 30.000 mujeres a las que se le ofrecerán "condiciones materiales" para facilitarles una salida de la violencia de la que están siendo víctimas. Todo ello, mediante un itinerario que tendrán integradas las entidades beneficiarias para reforzar el acompañamiento y la inserción a través de prácticas en empresas, apoyo en la búsqueda laboral y entrenamiento para afrontar entrevistas de trabajo.
Regularización de las mujeres
El último punto marcado en el documento de más de 42 páginas al que ha tenido acceso 20minutos se centra en un asunto en el que llevan haciendo hincapié desde Igualdad en los últimos meses: la regularización de las víctimas extranjeras. "En un país en que el 90% de las mujeres que atienden las organizaciones son mujeres migradas en situación administrativa irregular, la regularización es la única vía para que esta salida se haga realidad para todas ellas", defiende el departamento de Montero.
Así, el Ministerio de Igualdad asegura que ha alcanzado "un acuerdo histórico" que todavía tiene que concretarse en los próximos meses, que impulse el acceso a la regularización documental de las mujeres víctimas para que "sean beneficiarias de todas las medidas de este acuerdo".
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