Un posible indulto a Griñán divide al Gobierno y alienta las críticas de la oposición

José Antonio Griñán, en una imagen de archivo.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en una imagen de archivo.
EP
José Antonio Griñán, en una imagen de archivo.

Las reacciones políticas ante un posible indulto al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán no han dejado de sucederse desde que el Tribunal Supremo confirmara este miércoles la condena a 6 años de prisión por delitos de prevaricación y malversación en el caso de los ERE. La medida de gracia sobrevuela en el horizonte del Gobierno de Pedro Sánchez, dividiendo a la coalición y sirviendo de blanco para la oposición. Mientras que el PSOE, que solo defiende su compromiso con el cumplimiento de la ley, no se decide a descartar el indulto de forma tajantePodemos se muestra contrario y trata de presionar para evitarlo.

En el ala socialista del Gobierno reina la prudencia. La última en hablar este jueves ha sido la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que ha señalado que el Ejecutivo se pronunciará sobre el posible indulto "cuando llegue el momento" y ha destacado la "legitimidad" de las personas implicadas y de las familias de los condenados a presentar un recurso. En la misma línea, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha recordado que Griñán tiene derecho a solicitar el indulto como cualquier ciudadano y que, en caso de que así sea, el Gobierno deberá "atenerse a la ley y hacerlo con total transparencia". El propio Sánchez ya defendió esta postura en la víspera de conocerse el pronunciamiento del Tribunal Supremo, cuando reiteró que su Ejecutivo respetará los procedimientos establecidos y actuará "con absoluta transparencia".

Pese a la cautela, el PSOE no cierra la puerta al indulto y se afana en subrayar que ni Griñán ni su predecesor al frente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, condenado también a nueve años de inhabilitación, se enriquecieron personalmente mediante el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los ERE. En ese sentido, Montero, que fue consejera de la Junta con ambos presidentes, ha recalcado que la sentencia "pone en evidencia" que "no ha habido ningún lucro personal por parte de ninguna de estas personas imputadas" y que tampoco ha habido "un enriquecimiento del partido político al que ellos se dirigían".

Siguiendo con su argumentación, la número dos del PSOE ha recordado que hay dos votos particulares que "entienden que no se ha demostrado que efectivamente no conocían ni habían participado de esos hechos" y que "el señor Griñán ya asumió consecuencias políticas"

Aunque la división de los magistrados podría dar argumentos al expresidente andaluz para intentar evitar la cárcel, esta tesis no convence al resto de fuerzas políticas. "Suena muy mal que alguien involucrado, por acción o por omisión, en este tipo de cosas, sobre todo si hay malversación, tenga este tipo de beneficios", ha lamentado este jueves el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

En el PSOE "hay debate", según Podemos

Los socios de Gobierno del PSOE se muestran más contundentes. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, rechazó este miércoles el posible indulto y aseguró que dentro del PSOE "hay un debate" al respecto. "No estamos a favor de la prerrogativa gubernamental del indulto en este tipo de cosas. El indulto no está para este tipo de cosas", expresó. "Nuestra posición es clara siendo quienes somos", añadió aludiendo a que su formación fue la fuerza política "que más trabajó para sacar" al expresidente Mariano Rajoy de la Moncloa tras la sentencia de la Gürtel.

"Ni siquiera se ha producido esa petición de indulto, cuando se produzca lo valoraremos, pero lo que no cambia y permanece es ese compromiso de acabar con las peores prácticas del bipartidismo. Para eso gobernamos, este es un país mejor cuando se destierran esas prácticas", señaló en la misma línea Irene Montero. Sin embargo, la familia de Griñán ya formalizó su petición de indulto parcial el pasado 1 de septiembre, antes de conocerse la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, que ha asegurado que el expresidente andaluz tenía "conocimiento de la ilegalidad" del criterio que se siguió con los ERE y actuó con "pasividad" ante el "despilfarro y la arbitrariedad" con la que se concedieron las ayudas.

Las críticas de la oposición

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha calificado de "impresentable" la posible medida de gracia y el hecho de que el PSOE no haya pedido perdón por la "mayor condena por corrupción" de la historia de la democracia española. A su juicio, la sentencia debe cumplirse. Además, ha criticado que el Gobierno esté utilizando el indulto "políticamente" y lo ha comparado con el 'procés'. "Está poniendo las piedras en el camino y es el mismo camino que trazó para los indultos de los que habían sido condenados por haber puesto en cuestión el orden constitucional", ha sostenido en alusión al referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. 

"Ahora estamos hablando de indulto en relación a un caso de corrupción de esta envergadura, diciéndole a los españoles que si cometes delitos de corrupción, no te preocupes que cuando tu partido gobierne, te indultará", ha añadido Gamarra. Sin embargo, desde Ciudadanos han afeado las críticas del PP. Al tiempo que ha rechazado el posible indulto, el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, se ha preguntado este jueves si el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, aprovechará la coyuntura para pedir a Sánchez que utilice el mismo beneficio hacia Luis Bárcenas. "Parecería un hoy por ti mañana por mí", ha lamentado.

Por último, también Vox ha mostrado su oposición al posible indulto y ha exigido que la sentencia del Tribunal Supremo "se cumpla y se devuelva cada céntimo malversado a los andaluces". El portavoz del partido en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha instado al Gobierno autonómico a que "comience las actuaciones necesarias para recuperar el dinero que se defraudó a todos los andaluces" y ha recordado que "estamos en un Estado social y democrático de derecho, por tanto, ahora lo que toca es que se cumpla y ejecute esa resolución judicial, no hay otra".

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