El Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia del caso de los ERE de Andalucía cuyo fallo se conoció en julio de este año y que valoraba el recurso contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla en 2019. La decisión del Alto Tribunal supone la pena de prisión de seis años para el ex presidente andaluz José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación para Manuel Chaves.

La sentencia completa, de más de mil folios, considera que "los responsables crearon y mantuvieron un sistema de concesión de ayudas para evitar todo control administrativo, disponiendo del dinero público de forma discrecional, al margen de toda legalidad". Asimismo especifica que los condenados "tuvieron conocimiento de la gestión concreta de las ayudas" que supusieron desvíos de más de 680 millones de euros de las arcas públicas andaluzas en el caso de corrupción más sonado en Andalucía.

En el caso concreto de Griñán, la sentencia destaca su "conocimiento de la ilegalidad" y la "pasividad" mostrada ante el "despilfarro y la arbitrariedad". "No ofrece duda la vinculación de Griñán, no solo con la presupuestación sino con la gestión de los fondos, actuación esta que no puede ser calificada como ajena, desconocida o desconectada con el ejercicio de sus funciones públicas", se lee.

Según una nota del Tribunal Supremo, "la sentencia confirma la condena por delito continuado de malversación de caudales públicos a quienes concedieron y pagaron las ayudas y a quienes permitieron que se pagaran conociendo que en la gestión concreta de las mismas se estaban produciendo gravísimas ilegalidades". Eso incluye, además de a José Antonio Griñán, a Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano, Jesús Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Para los magistrados, añade la nota, "la malversación de caudales públicos se produce cuando se dispone de esos caudales como si fueran propios, de forma libre y arbitraria, al margen de todo control y de cualquier criterio mínimamente reglado, y también cuando se permite que se produzca esa situación, existiendo la obligación y la posibilidad de evitarlo".

La sentencia cuenta con el voto particular formulado por la magistrada Ana María Ferrer García, a la que se adhirió la magistrada Susana Polo García. Ambas estiman que la sentencia "no se ajusta a Derecho" porque "habiendo colaborado con sus actos a la implantación de un procedimiento ilegal para la aceleración y agilización del otorgamiento de subvenciones excepcionales (...) se les pretende condenar en la sentencia mayoritaria no solo por un delito de prevaricación, sino también por un delito de malversación".

Para las magistradas "ninguno de los cinco acusados referidos intervino en esos actos fraudulentos del tramo final de la ejecución del presupuesto, ni tampoco tuvo conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo. A pesar de lo cual, y sin base probatoria para ello, se les condenó por delito de malversación en virtud de un supuesto dolo eventual que en ningún caso quedó acreditado".

Recursos y peticiones de indulto

La sentencia completa se conoce después de que la familia de Griñán haya presentado una petición de indulto al Gobierno para exonerar al ex dirigente, de 76 años, de entrar en prisión. El Partido Socialista manifestó tras conocerse la sentencia su apoyo al ex presidente, pero señaló que se pronunciarían sobre la oportunidad de un indulto (sobre el que sí se han manifestado favorablemente algunos dirigentes) cuando se conociera la sentencia íntegra.  

El abogado de Griñán informó de que con "alta probabilidad" presentará un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo, con plazo de 20 días, y que valorará la posibilidad de cursar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, para la Junta de Andalucía, el PSOE debería pedir perdón por el "mayor caso de corrupción" en la comunidad. "Hoy el Partido Socialista podría empezar por pedir perdón de una vez por todas y, desde luego, no es día de indultos. Espero que reflexionen en ese sentido, teniendo en cuenta la gravedad de la sentencia", señaló el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.

En cuanto al ingreso en prisión del ex presidente y otros ocho altos cargos, la Audiencia de Sevilla es el órgano judicial que tendrá que decidir una vez que el Supremo remita la sentencia. Sin embargo, la medida no tiene porqué ser automática, sino que dependerá de los recursos de nulidad o ante el Constitucional, lo que paralizaría el ingreso en prisión. En cambio, las peticiones de indulto no interfieren en el proceso.