Lesmes niega que el Gobierno le presione para nombrar a los vocales del TC a cambio de un puesto en el Tribunal: "El que lo diga, miente"

Lesmes critica que la reforma del Gobierno no permita al CGPJ renovar el Supremo
Lesmes critica que la reforma del Gobierno no permita al CGPJ renovar el Supremo
Europa Press
Lesmes critica que la reforma del Gobierno no permita al CGPJ renovar el Supremo

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha negado rotundamente este lunes su intención de rellenar la vacante en el Tribunal Constitucional porque le parecería "indecente" valerse de su actual cargo para conseguir esa ventaja. "No tengo ninguna intención de ir al TC en las actuales circunstancias, Y en el futuro inmediato, por supuesto que tampoco. Y dentro de tres años, cinco, seis, no lo sé", ha zanjado en declaraciones a la prensa tras el acto de toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo.

El magistrado respondía con estas palabras a la información publicada este lunes por El Mundo, según la cual estaría recibiendo presiones del Ejecutivo para que el CGPJ nombre a los dos vocales del TC a cambio de ser promocionado para ocupar el asiento que el Catedrático Alfredo Montoya ha dejado libre en el tribunal de garantías. 

El presidente del Supremo ha asegurado que no sabe si algún miembro del Ejecutivo ha dicho eso, pero ha asegurado que en el Gobierno saben "perfectamente" que no está interesado en la candidatura, porque él mismo lo ha puesto "de manifiesto".

En el Gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato. Lo saben porque se lo he puesto yo de manifiesto

Lesmes ha negado que sus esfuerzos por que el CGPJ cumpla con los plazos impuestos por el Ejecutivo y vote a los dos magistrados correspondientes para acceder al TC escondan intereses personales relacionados con su carrera. El magistrado ha afirmado, por el contrario, que su interés en deliberar en el plazo indicado se debe a que no entiende que el órgano de los jueces se ponga "en rebeldía" y a que "debe cumplir la ley aunque no le guste". A pesar de todo, Lesmes ha reconocido la dificultad de que se llegue a un acuerdo. 

El presidente del Poder Judicial ha aprovechado su intervención para señalar la "insostenible e inaceptable" situación de la justicia española, consecuencia de la no renovación del órgano que dirige, que va camino de cumplir cuatro años de caducidad. Por cuarta vez consecutiva recibirá el magistrado al rey Felipe VI en la apertura del año judicial con el Consejo caducado. El acto, que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre, constituye el evento formal más importante del calendario de este órgano. Lesmes ha hablado este lunes de un "panorama desolador" para el CGPJ y se ha mostrado falto de esperanza de cara a su renovación.

"Dentro de poco habrá salas del Supremo que no podrán componer con regularidad sus secciones y en meses el Tribunal Militar Central se habrá quedado sin la totalidad de sus miembros y no se podrá reunir", ha denunciado Lesmes, que ha responsabilizado al Congreso, al Senado y a los partidos políticos del estancamiento del Poder Judicial. 

Feijóo acusa al Gobierno de "chantaje"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a la información publicada por El Mundo este lunes exigiendo a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que dé explicaciones "de forma inmediata" y desmienta que se esté presionando Carlos Lesmes. El presidente del Partido Popular ha hablado de un "chantaje incompatible con el respeto a la independencia judicial" sin precedentes, según ha afirmado, "en 40 años de democracia". 

Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "amenazas y chantajes" contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de haber intervenido la institución para controlar la mayoría del Tribunal Constitucional (TC) y evitar que algunas leyes sean declaradas inconstitucionales. "Las amenazas y chantajes por parte del Gobierno son inadmisibles, al Consejo General del Poder Judicial, a algunas compañías, a la oposición. No se puede amenazar y chantajear a nadie", ha sentenciado el líder popular durante su intervención en un desayuno informativo.

A sus ojos, el Gobierno pretende "controlar desde punto de vista numérico el Constitucional para evitar que leyes recurridas puedan tener una sentencia de inconstitucionalidad". 

Los asuntos pendientes del Tribunal Constitucional

El arranque de curso se presenta ante el tribunal de garantías marcado por la incertidumbre que rodea a su renovación parcial y por una importante lista de tareas pendientes que ganan peso a medida que se acercan las elecciones generales. 

Detrás de los esfuerzos del Ejecutivo por introducir a cuatro nuevos magistrados en el TC están los recursos de la oposición a la ley de la eutanasia, la ley del aborto o la ley Celaá, sobre los que deberá dirimir el órgano judicial. 

Los dos magistrados que el Consejo General del Poder Judicial debe votar antes del 13 de septiembre para ocupar asiento en el Constitucional pueden tumbar o sacar adelante los recursos del PP y de Vox, algunos de los cuales llevan más de una década pendientes de consideración. 

Es el caso del recurso presentado por diputados populares en 2010 contra la ley del aborto impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El asunto queda en manos de Enrique Arnaldo, que entró en la última tanda de jueces del tribunal heredando la cartera de ponencias pendientes del magistrado Andrés Ollero. 

Más recientes son los recursos de inconstitucionalidad presentados por PP y Vox contra la ley de la eutanasia. Los grupos de oposición presentaron sus recursos alegando, los primeros, que la ley vulnera el derecho a la vida y el derecho a la dignidad, y los segundos, que se trata de una "derrota de la civilización"

A estos dos asuntos se suma otro de gran caldo político sobre el que deberá pronunciarse el Constitucional, la nueva ley educativa, conocida como Ley Celáa. También esta fue motivo de un recurso del PP y otro de Vox. Los populares presentaron el suyo a UPN el pasado 29 de marzo. Pablo Casado dijo entonces que la ley educativa era "un atentado contra la libertad" y "un ataque contra el castellano como lengua vehicular en toda España". 

El TC deberá resolver también sobre los dos recursos de amparo presentados por la defensa del exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, contra la condena del Supremo y contra la pérdida del escaño. 

Mostrar comentarios

Códigos Descuento