Hay que pensar más sobre la vivienda y el territorio, pues hay personas sin vivienda y viviendas sin personas.

El único interés suscitado, tras el convenio de 1989 – firmado por el Ministro de Defensa Narcís Serra, el Presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina y el Alcalde de la Ciudad de Madrid Juan Barranco – consiste en "engordar" el número de viviendas para financiar el presupuesto del Ministerio de Defensa. A estas alturas nadie entiende que un Ministerio tenga Patrimonio propio al margen del de el propio Estado, pero ese es otro debate que deberán, en algún momento, resolver los legisladores.

¿Estamos de nuevo ante una Operación Chamartín? En el pasado debate sobre el Estado de la Nación (12, 13 y 14 de julio de 2022), el Presidente Pedro Sánchez comunicó el desbloqueo de la Operación Campamento, anunciando, nuevamente (Zapatero, Rajoy…), la construcción de 12.000 viviendas, concretando que el 60% serán públicas.

Parece que al cabo de 33 años desde el acuerdo original, lo único que se ha hecho es cambiar un modelo estratégico que pretendía corregir desequilibrios importantes en la ciudad, dotando a esta zona del suroeste de actividades que generaran empleo y fueran un nuevo espacio de centralidad, planteando la necesidad del traslado de Ministerios ubicados en el centro de Madrid, realización de oficinas que minimizaran desplazamientos inevitables a los puntos céntricos de la ciudad, y la realización de hasta 3.000 viviendas que sirvieran de realojo para las familias que en ese entorno residían, especialmente familias militares, por un planteamiento que únicamente contempla el aprovechamiento residencial "al límite" como se decidió en el Plan General de 1997.

La contrariedad para Madrid de esta propuesta es fundamentalmente por la desproporción de la original, de 3.000 a 12.000 viviendas, sin ningún objetivo estratégico para estructurar la ciudad, sin ningún elemento que compense desequilibrios. Madrid no necesita más construcción de viviendas. Lo que si es necesario es hacer políticas de alojamiento. Las listas de espera de personas que recurren a las administraciones buscándolo son interminables, pues sólo la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, del Ayuntamiento de Madrid) tiene una lista de espera de cerca de 33.000 solicitudes, y eso se resuelve a través de un gran parque público de viviendas, con alquiler en función de las necesidades de las familias, cuya gestión puede realizarse para que tenga más eficacia, a través de la conocida economía del tercer sector.

Madrid no necesita más construcción de viviendas. Lo que si es necesario es hacer políticas de alojamiento

En la ciudad de Madrid hay cerca de 200.000 viviendas vacías, y por encima de esas en la región, no parece razonable insistir en la construcción de más vivienda, especialmente teniendo el "remanente" público de la Sareb importante en Madrid (ciudad y región). Sería más adecuado y prudente que la Administración destine recursos a comprar vivienda vacía en lugar de consumir más territorio, lo que significa mayor coste de mantenimiento de las infraestructuras de la ciudad.

Como es evidente, la vivienda pública en Madrid no llega al 2%, cuando lo razonable para resolver el acceso a la vivienda de muchas familias sería que las administraciones sumaran entorno al 30%, por tanto, ¿qué sentido tiene ceder el 40% de ese suelo que, en el mejor de los casos, debería destinarse en su totalidad a Vivienda Pública de Alquiler?

Hay que ser consciente de que la OTAN tiene un coste importante, pero no debe sufragarse con cargo a las políticas sociales. Hay que diferenciar con claridad la financiación de las políticas sociales de los costes de otras iniciativas, en este caso las militares, que deben tener epígrafes diferenciados en los Presupuestos Generales del Estado. No se trata, como ejemplificó Paul Samuelson, de "¿cañones o mantequilla?", pues en este caso no es un coste de oportunidad. Mezclar políticas de defensa con las sociales genera problemas a la hora de comunicar ambas iniciativas, y la reactivación de esta operación genera confusión y puede que la interpretación no sea la presumiblemente bienintencionada del Gobierno, pues surge en el momento del compromiso de elevar hasta un 2% del PIB la contribución de España a la Organización Atlántica, y ser el Ministerio de Defensa el beneficiario de la venta de dicho suelo.

La conclusión es que lo importante es generar políticas de vivienda, en alquiler fundamentalmente. Huir de la venta de suelo público para realizar viviendas privadas, eliminar el proceso de fiscalidad de la VPO, no parece sensato transferir plusvalías del conjunto de los ciudadanos a unos privados que en algún momento han tenido dificultad en la adquisición de vivienda.

El fin fundamental de la vivienda es el alojamiento

Es hora de que separemos, en política de vivienda, la necesidad de alojamiento para familias sin recursos suficientes, de los desarrollos residenciales para satisfacer la posibilidad de inversión o compra, porque el fin fundamental de la vivienda es el alojamiento.

Es difícil de entender lo planteado en el proceso de la Operación Chamartín, vender el suelo público para que actúe de operador un privado, con únicamente el 10% de vivienda protegida, menos de lo que exige la legislación y, sin embargo, la Operación Campamento, aunque no es evidente, puede que el operador sea la propia Administración, con un 60% de vivienda protegida. Eso forma parte, puede parecer, de la falta de criterio del Gobierno, a la hora de defender estrategias coherentes para Madrid.

Finalmente, hay que entender, dados los argumentos precedentes, que sería más interesante para el futuro de la ciudad, promover un gran parque tecnológico, en el suroeste de la ciudad, que compense muchas actividades menos interesantes que históricamente ha soportado el conjunto del sur de la ciudad.