El Gobierno ha vuelto a defender la puesta en marcha del plan de ahorro energético que ha entrado en vigor este miércoles y ha declarado que no se siente amenazado por la intención de la Comunidad de Madrid de recurrirlo al Tribunal Constitucional al identificar en la norma "al menos diez puntos inconstitucionales". Tras las declaraciones en días pasados de Teresa Ribera, María Jesús Montero, Félix Bolaños y el propio presidente Pedro Sánchez, hoy ha sido la ministra de Justicia Pilar Llop la encargada de justificar unas medidas que no cree que Isabel Díaz Ayuso pueda tumbar. Unas declaraciones que no han sentado bien en el Partido Popular que, en boca de su vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, ha acusado a la ministra de "interferir", ha insistido en pedir la retirada del plan y ha defendido que las comunidades acudan a la Justicia si consideran que la normativa estatal invade competencias autonómicas, como en este caso. 

A solo unas horas de estrenar las primeras medidas para tratar de recortar un 7% el gasto energético, la titular de Justicia ha opinado que "va a ser muy difícil" que este plan de ahorro sea declarado inconstitucional, y ha indicado que, aunque la Comunidad de Madrid tiene las herramientas para recurrirlo, va a tener que hacer "contorsiones jurídicas" para echarlo por tierra. 

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Llop ha apelado al "sentido común" en un contexto de "guerra energética" y "emergencia climática" y para "no hacerle el juego a Putin", y ha vuelto a pedir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "ponga orden" en el partido. "Estoy echando de menos a Casado, que sí se enfrentó a Ayuso", ha señalado la ministra en una entrevista en El programa de Ana Rosa. 

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Desde el PP, han contestado posteriormente a la ministra, a la que han acusado de "interferir" en una toma de una decisión judicial. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, ha dicho que las palabras de Llop son "un insulto" y ponen de manifiesto, en su opinión, que "el Gobierno en modo alguno respeta la separación de poderes".

El dirigente popular, como ya hiciera su compañero Miguel Tellado hace solo unas horas, ha vuelto a reclamar al Gobierno que retire el plan de recorte energético, que obliga desde esta misma noche a apagar el alumbrado de las tiendas a las 22.00, insistiendo en pedir de nuevo los informes técnicos que han sustentado este plan. "Estamos abrazados a una cartilla de racionamiento energético", ha proclamado el dirigente popular, que ha reprochado al Gobierno lanzar una "cortina de humo". 

Y aunque ha admitido que Génova no acudirá a los tribunales para intentar pararlo, Rollán ha defendido que los Ejecutivos regionales que así lo estimen oportuno recurran al Tribunal Constitucional si creen, como en su caso y como ya ha expresado el Gobierno madrileño, que esta normativa invade competencias autonómicas.

Madrid cumplirá "mientras esté en vigor"

A pesar de los rifirrafes entre el Gobierno central y el regional, el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha reiterado que la Comunidad va a cumplir el Real Decreto, al menos, “mientras la norma esté en vigor” -refiriéndose al recurso que presentará la Comunidad- y pese a las "repercusiones negativas" y la “inseguridad normativa” que considera que tendrá.

Así se lo ha explicado en una carta al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, quien este martes escribió a su vez a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, solicitando una reunión "urgente" para analizar el contenido del "supuesto plan" del Gobierno madrileño para contribuir al objetivo de ahorrar el 7 % de la energía que ha solicitado la Unión Europea.

En su texto, el consejero de Presidencia madrileño insiste que las medidas que ha adoptado el Gobierno de España para la reducción energética se tomaron "con un elevado grado de improvisación" y como parte de un plan "no dialogados previamente".