La reforma legal exprés que permitirá al Gobierno garantizarse un Tribunal Constitucional (TC) de mayoría progresista para la recta final de la legislatura ya es una realidad. El Senado aprobó este miércoles, ya de manera definitiva, la proposición de ley para permitir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda nombrar a los dos magistrados del tribunal de garantías que le corresponden pese a estar en funciones. El Ejecutivo concede a esta reforma una enorme importancia, y buena prueba de ello es la celeridad con la que se ha aprobado: en apenas una semana, Congreso y Senado le han dado luz verde para ser publicada en el BOE.

La votación en el Senado ha salido como se esperaba, con la aprobación de la proposición de ley, pero ha registrado una anécdota, y es que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, senador por designación autonómica, se ha equivocado y ha votado a favor. No obstante, su voto no ha sido en ningún caso decisivo para la aprobación de la reforma, pues el Ejecutivo tenía garantizados ya los apoyos con sus socios parlamentarios habituales.

La votación se ha saldado con 147 votos a favor -los del PSOE, Izquierda Confederal, Bildu, ERC y PNV, entre otros- y 110 en contra, entre ellos los de PP, Vox y Ciudadanos, con lo que la propuesta socialista "queda aprobada definitivamente por las Cortes Generales", según ha anunciado seguidamente el presidente del Senado, Ander Gil.

La modificación legal, planteada por el Gobierno a través de una iniciativa del PSOE, es muy simple, pero tendrá unos importantísimos efectos para el Ejecutivo. La idea es permitir que el CGPJ caducado pueda renovar las dos plazas que le corresponden en el Constitucional para que, así, el Ejecutivo pueda igualmente completar las dos vacantes que le competen. Acometiendo la renovación de estos cuatro magistrados, el tribunal de garantías pasaría previsiblemente a tener una mayoría progresista, en teoría más cercana a los intereses del Ejecutivo a la hora de dictar sentencia sobre algunas leyes recurridas, como la del aborto o la de la eutanasia.

Aprobada en una semana

Esa es la razón por la que el Gobierno ha querido aprobar esta reforma antes del verano, y también el motivo por el que ha utilizado el procedimiento más rápido que le permite el reglamento: la tramitación de urgencia y en lectura única. Se trata de una vía poco ordinaria en el funcionamiento de las Cortes Generales, aunque es perfectamente legal, y lo cierto es que ha permitido al Ejecutivo sacar adelante su reforma del poder judicial en tiempo récord: la semana pasada se debatió y votó en la Cámara Baja y, este miércoles, la tramitación terminó en la Cámara Alta. Apenas una semana para una reforma de una ley orgánica, las de mayor importancia porque regulan materias especialmente delicadas.

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Lo más irónico es que esta reforma del método de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional supone volver a cambiar la norma tan solo año y medio después de la última modificación, que también fue aprobada a instancias de PSOE y Unidas Podemos. A principios de 2021, ambas fuerzas limitaron la capacidad del CGPJ de nombrar altos cargos mientras tuviera su mandato caducado, con la idea de presionar al PP para que se aviniera a desbloquear su renovación. Pero los populares no cedieron y el Gobierno se ha visto ante la tesitura de no poder aprovechar su turno para tener un Tribunal Constitucional de mayoría progresista si no volvía a cambiar la norma, que es exactamente lo que hizo este martes.

De hecho, la reforma que ha aprobado el Senado es un síntoma más de la anomalía institucional que supone que el CGPJ lleve tres años con su mandato caducado por el bloqueo del PP, que se niega a renovarlo -como obliga la ley- pactando con el PSOE si antes los socialistas no se avienen a modificar el método de elección de sus integrantes. Al llegar Feijóo a la presidencia popular, en la Moncloa renacieron las esperanzas de un golpe de timón que permitiera pactar la renovación de los órganos judiciales. No obstante, las negociaciones se han ido dilatando sin éxito, y la última condición que ha puesto el PP para negociar ha sido, precisamente, que el PSOE retirase la reforma aprobada este miércoles.

Tras la votación en el Senado, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha celebrado la oportunidad de renovar "cuantos antes" el Tribunal Constitucional y poder "devolver el prestigio y la normalidad" a las instituciones democráticas. A su juicio, es "incomprensible" el "bloque antidemocrático y contrario a la Constitución y a la ley" a la que, ha denunciado, están sometidos el CGPJ y el TC y por ello ha celebrado que se pueda "agilizar" la renovación de un órgano como el tribunal de garantías.

El PP acusa al Gobierno de "manosear la Justicia"

El PP tiene una opinión bien distinta. Durante el debate en la Cámara Alta, la senadora del PP Salomé Pradas ha denunciado el "manoseo total de la Justicia" por parte del Ejecutivo, al que ha acusado de querer controlar "a toda costa" el TC porque en la corte de garantías "penden asuntos que comprometen directamente la acción de este Gobierno".

En la misma línea, su compañero Fernando de Rosa ha sostenido que aunque Moncloa haya usado "el mantra de que el PP no quiere renovar" el CGPJ, esta "contrarreforma" probaría que en realidad la situación del órgano de gobierno de los jueces "les ha dado igual" porque el verdadero objetivo del Ejecutivo es "ocupar el TC". Y así, ha preguntado qué hará el Gobierno si el CGPJ no nombra a sus dos candidatos al Constitucional antes del 13 de septiembre -plazo que les impone la propuesta aprobada-, un escenario que ha asumido que "es poco probable pero no imposible", o si los dos designados "no les gustan".

En el turno de réplica, la senadora del PSOE Victoria de Pablo ha contestado que "el Grupo Socialista hará cuantas reformas por instrumentos democráticos y parlamentarios sean necesarias para intentar (...) normalizar la situación" que, en su opinión, el PP "ha llevado al borde del precipicio", al tiempo que ha instado a los populares a volver "a la sensatez y, sobre todo, al sentido democrático y de Estado" pactando la renovación del CGPJ, que lleva tres años y medio en funciones.