La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha comunicado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, su renuncia al cargo alegando "motivos de salud". El Consejo de Ministros ha nombrado este mismo martes a su sustituto, Álvaro García Ortiz, quien hasta ahora era el número dos de Delgado en el Ministerio Público.

En el comunicado en el que se ha anunciado la dimisión a primera hora de este martes, la Fiscalía ha recordado que el pasado 20 de abril Delgado se sometió a una intervención de urgencia en la columna vertebral, que consistió en la eliminación de un quiste sinovial que comprimía el conducto de las vértebras L2/L3 del lado derecho, así como la eliminación de una fractura de la faceta articular de la vértebra, con una columna muy afectada que obligará a nuevas intervenciones quirúrgicas.

Tal y como explica el Ministerio Público, Delgado subraya en su comunicación a la ministra "lo difícil de una decisión en la que ha tenido que conjugar su inequívoca vocación de servicio público con un alto sentido del deber y responsabilidad, lo que le ha llevado a la convicción de que no se encuentra en las condiciones físicas exigidas para tan alta función".

Bruselas instó la semana pasada a desligar la Fiscalía General del control del Gobierno

Aunque los motivos alegados por la fiscal son cuestiones de salud, lo cierto es que Delgado ha estado muy cuestionada desde que fue propuesta para el cargo, debido a que tan solo unas semanas antes había dejado de ser ministra de Justicia, puesto que había ocupado durante año y medio en el primer Gobierno de Pedro Sánchez. 

Precisamente, hace solo una semana la Comisión Europea emitió su informe anual sobre la salud democrática del Estado de Derecho de los países miembros y emitió recomendaciones, entre las que volvió a poner el foco en el fortalecimiento de la Fiscalía para garantizar su independencia con respecto al Gobierno. Si bien constataba que se han adoptado "enmiendas dirigidas a una mayor transparencia en las relaciones" entre ambos, el documento instaba a desvincular la duración del mandato del Ministerio Público de los cuatro años de duración de la legislatura del Gobierno, en línea con los estándares europeos sobre independencia y autonomía de la Fiscalía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Llop ha incidido este martes en las razones dadas por Delgado y ha remarcado que la renuncia se debe "exclusivamente razones médicas y de salud". Según la ministra, la fiscal "tiene la espalda muy afectada" por un estado de "degeneración de la columna". "Como ella misma dice, tiene la espalda rota y dos hernias discales, y los médicos le han recomendado tranquilidad y le han dicho que su salud está en riesgo", ha explicado. "Ella es consciente de la exigencia de su cargo en la cúspide de la Fiscalía y entiende que el servicio público exige una dedicación absoluta que ahora no puede dar", ha añadido.

Para Delgado, el balance de los dos años y medio que ha ostentado el puesto de fiscal general es "satisfactorio", pues, en su opinión, "se han cumplido los objetivos del proyecto, en el que se han logrado hitos históricos para la Carrera Fiscal y la Justicia española y un cambio de paradigma en la Fiscalía centrado en la transparencia, los valores democráticos, los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección de los más vulnerables".

Álvaro García Ortiz, el fiscal del 'caso Prestige'

Para sustituir a Delgado al frente de la Fiscalía General, el Consejo de Ministros ha aprobado la candidatura del que hasta ahora ha ejercido como mano derecha de la fiscal al frente de la Secretaría Técnica del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz.

Según Llop, García Ortiz es un "perfecto conocedor de la Fiscalía General, de los proyectos que están en marcha ahora y también de las relaciones institucionales". Además, ha destacado su "dilatada experiencia como fiscal de carrera", de más de veinte años, en la que, entre otras cosas, ha ejercido como "experto en medio ambiente". De hecho, fue el fiscal encargado del caso del petrolero Prestige. 

De ahí que Llop haya ensalzado la figura de García Ortiz, dado el "momento de emergencia climática" y con un Gobierno "comprometido con el medio ambiente". Es, según la ministra, "conocido especialista con reconocimiento internacional en la lucha contra los incendios forestales" como los que ahora están asolando la península. 

García Ortiz, que además es fiscal de Sala -a diferencia de Delgado, motivo por el cual su nombramiento también generó suspicacias dentro de la carrera- fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación profesional más cercana al PSOE, entre 2013 y 2017.

La designación como candidato por el Consejo de Ministros no es suficiente para ser fiscal general. Como ocurre cada vez que el Gobierno propone a una persona para el puesto, tendrá que obtener ahora el aval de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -el órgano ya ha convocado Pleno para debatir el asunto este mismo jueves, día 21- y también someterse a preguntas en la Comisión de Justicia del Congreso a fin de obtener el beneplácito del Poder Legislativo.

Dos asociaciones ven una propuesta continuista

Una vez conocido que Álvaro García Ortiz será la apuesta del Gobierno para suceder a Delgado, tanto la Asociación de Fiscales (AF) como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), las que han sido más críticas con el mandato de la ya ex fiscal general, han interpretado la propuesta como una línea "continuista" de las políticas desarrolladas por Delgado, cuyo balance han coincidido en calificar de malo. "García Ortiz ha sido su mano derecha y su mano izquierda, su 'alter ego'", ha afirmado la AF. Para la APIF, no cabe esperar "cosas diferentes" de quien ha sido 'de facto' el número dos en la Fiscalía General.

Por el contrario, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que presidió García Ortiz, ha puesto en valor el "prestigio profesional" del futuro fiscal general y "profundo conocimiento" de la carrera fiscal.