Gobierno, sindicatos y empresarios se reunirán el próximo miércoles con la intención de resucitar el pacto de rentas. Un acuerdo para repartir los costes de la crisis económica que el Ejecutivo trató de impulsar hace unos meses sin éxito y que ahora trata de recuperar en un contexto de creciente inflación. 

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció este lunes que el Gobierno se volverá a sentar con los agentes sociales el próximo miércoles con la intención de "encauzar el diálogo" y contribuir a que sindicatos y patronal alcancen un acuerdo de rentas. Una reunión que, según Economía, se había ido posponiendo hasta ahora por cuestiones de calendario y agenda. Pero también es cierto que en las primeras reuniones que mantuvieron, las partes estaban muy alejadas.

Calviño no ha querido entrar en detalles sobre las propuestas que llevará el Gobierno a la mesa de negociación y se ha limitado pedir una genérica "moderación que afecte a todas las rentas". Sin embargo, el Ejecutivo ha ido dejando pinceladas estos días sobre lo que espera del cónclave. 

En una entrevista concedida a El País el pasado domingo, el presidente Pedro Sánchez reivindicó la necesidad de "un pacto de rentas y de beneficios" e incluyó en este marco el impuesto a las grandes empresas energéticas que plantea el Ejecutivo. "Cuando hablamos de ese gran pacto entre empresarios y sindicatos, no solamente estamos hablando de rentas, estamos hablando de beneficios. Y ahí tiene mucho que ofrecer la patronal", expresó el presidente. 

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Discrepancias entre patronal y sindicatos

Desde el empresariado también ven con buenos ojos el pacto de rentas, pero su concepción difiere de la del Ejecutivo. La CEOE no está dispuesta a aceptar cláusulas de revisión salarial vinculadas a la inflación en los convenios, un extremo que los sindicatos consideran imprescindible y en el que no están dispuestos a ceder. Además, los empresarios consideran que los funcionarios y los pensionistas deben entrar también en el reparto de las pérdidas que ha causado la crisis, algo a lo que el Gobierno no está dispuesto, al menos en lo que respecta a las pensiones.

Por su parte, los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, exigen una subida de los salarios del 8% repartida en tres años (3,5% en 2022, 2,5% en 2023 y 2% en 2024), acompañada indisolublemente de cláusulas de garantía de los salarios. Una reivindicación por la que ambos sindicatos se movilizarán el mismo día de la reunión. La CEOE ya planteó una propuesta de subida similar, pero sin incluir cláusulas de garantía, el pasado mayo.

Las centrales sindicales se desvincularon del pacto de rentas en abril al considerar que no se habían puesto propuestas serias sobre la mesa. Desde Comisiones trasladan que un pacto de rentas debe ser más que un pacto salarial e incluir cuestiones como "limitación de precios, de beneficios empresariales, mejoras de protección, política fiscal". Un marco similar al que defienden desde Unidas Podemos, donde daban por muerto el pacto de rentas tras los desencuentros pasados entre ambas partes.

El Banco de España, más próximo a la patronal

Más allá de las idas y venidas de Gobierno, sindicatos y empresarios sobre el pacto de rentas, el Banco de España ha sido siempre el gran impulsor de este acuerdo. Pero con una visión del mismo más próxima a la de los empresarios. El gobernador, Pablo Herández de Cos, concibe un acuerdo en el que los trabajadores renuncien a subidas automáticas de sus salarios con la inflación, pero que incluya compromisos "explícitos y verificables" para moderar los márgenes empresariales. 

Además, el supervisor bancario defiende que se incluya en el acuerdo tanto a funcionarios públicos como a pensionistas, para quienes pide evitar "cláusulas de indiciación en el gasto público", como es el caso de la actualización de las prestaciones conforme al IPC.

Lo cierto es que, tal y como reconoce el propio Banco de España, el pacto de rentas ya se está produciendo de forma tácita. Los salarios pactados por convenio apenas habían subido un 2,4% hasta mayo en comparación con una inflación promedio del 8,1% hasta esa fecha. Los beneficios empresariales son más difíciles de medir, pero el Banco de España sostiene que las empresas no están trasladando totalmente el aumento de costes que sufren a los precios de venta y que hay indicios de que los márgenes de beneficios se están estrechando.