El Congreso será este martes el escenario en el que se visibilizarán, de nuevo, las diferencias entre el PSOE, por una parte, y Unidas Podemos, ERC o EH Bildu, por la otra, en relación a dos temas fundamentales para el Gobierno: la prostitución y los impuestos. La Cámara Baja votará si comienza a tramitar una propuesta del los socialistas para endurecer la persecución del proxenetismo en el Código Penal, y también decidirá si empieza a diseñar un impuesto destinado a gravar a los patrimonios superiores a 10 millones de euros, como quieren los morados. La primera de las dos iniciativas, salvo sorpresa, saldrá adelante, mientras con la segunda ocurrirá todo lo contrario.
La proposición de ley del PSOE para endurecer la persecución del proxenetismo contará, al menos, con el apoyo de la mayor parte del grupo de Unidas Podemos para que comience a tramitarse, según confirmaron este martes fuentes de la coalición morada. La única duda está en los siete diputados de En Comú Podem -la marca catalana de Unidas Podemos-, que aún están valorando el sentido de su voto porque históricamente su postura ha sido regulacionista de la prostitución.
Pero que los morados vayan a apoyar -al menos, mayoritariamente- la toma en consideración de la propuesta no supone que este asunto no genere roces en el seno de la coalición de Gobierno. Unidas Podemos, pese a tener mayoritariamente una postura abolicionista, considera que el endurecimiento de los tipos penales no es la vía más adecuada para combatir la prostitución, y de hecho socialistas y los morados ya tuvieron hace un par de semanas un fuerte choque sobre este tema que llegó incluso a poner en peligro la aprobación de la ley del 'solo sí es sí', ya que el PSOE quería introducir a última hora una enmienda sobre este tema.
Por el contrario, la reforma fiscal para la que Unidas Podemos lleva meses presionando en el seno Gobierno va a seguir topándose, al menos por ahora, con el muro levantado por el PSOE. Los socialistas han confirmado que votarán este martes en contra de iniciar la tramitación de esta iniciativa, y su posición supone volver a tensar las relaciones no solo en el seno del Gobierno, sino también con EH Bildu y, especialmente, con ERC, con quien los puentes siguen dañados tras las revelaciones sobre escuchas a diferentes líderes independentistas con el programa Pegasus.
El voto a favor de Unidas Podemos, salvo sorpresa, implicará que comience a tramitarse la propuesta para endurecer la persecución al proxenetismo, y los morados ya han anunciado que tratarán de introducir sus propias medidas en el texto negociando enmiendas con los socialistas. Por el contrario, con su negativa a apoyar la proposición de ley sobre el impuesto a grandes fortunas, el PSOE bloqueará que esta propuesta pueda debatirse en profundidad, ya que eso es precisamente lo que se votará este martes en el Congreso: la toma en consideración de ambas iniciativas, lo que no implica necesariamente que vayan finalmente a aprobarse dentro de unos meses.
El papel de la inflación
El PSOE argumenta que no es momento de subir impuestos, ni siquiera a los muy ricos -la tasa propuesta por Unidas Podemos afectaría únicamente a patrimonios superiores a los 10 millones de euros-, debido a la elevada inflación y prefiere esperar a que la curva de la subida de precios se vaya corrigiendo.
No es la primera vez durante la legislatura que los socialistas se oponen a abrir el debate sobre la reforma fiscal. La parte morada del Gobierno lleva meses intentando forzar al PSOE a negociar subidas de impuestos a rentas altas, pero en primer término el Ministerio de Hacienda se negó argumentando que había que esperar a que su comité de expertos elaborase un informe al respecto. Este informe se presentó en marzo, pero, con el inicio de la guerra en Ucrania, los socialistas han dejado en suspenso cualquier reforma impositiva.
La proposición de ley de Unidas Podemos que se debate este lunes no pretende ser una reforma fiscal completa, sino que supondría -de aprobarse- la puesta en marcha de un impuesto que complementaría al de patrimonio y que gravaría a "menos de 10.000 personas", como señaló este lunes la portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto. La tasa tendría un total de ocho tramos: los patrimonios que estén entre los 10 y los 30 millones de euros tendrían que pagar un 3,6% de su riqueza anualmente, y ese porcentaje iría subiendo paulatinamente hasta alcanzar el tipo del 5% previsto para los patrimonios superiores a los 150 millones de euros.
Ese diseño del impuesto a las grandes fortunas supondría elevar el gravamen al que está sujeta la riqueza entre 0 y 0,7 puntos porcentuales adicionales para quien ya contribuye pagando el impuesto sobre el patrimonio. El aumento que sería mucho mayor para las fortunas que no pagan esta tasa: de entre 1,7 y 4 puntos porcentuales. Según la propuesta de Unidas Podemos, el nuevo impuesto sería de gestión directa por parte del Estado, a diferencia de lo que ocurre con el de patrimonio, delegado a las comunidades. Eso impediría que las autonomías lo bonificasen hasta evitar su cobro, como ya ocurre con el impuesto de patrimonio en regiones como la Comunidad de Madrid.
Menos millonarios, más ricos y que aportan menos
Según datos oficiales de la Agencia Tributaria relativos al año 2019 -los últimos publicados-, un total de 7.800 personas declaran tener patrimonios netos por encima de los seis millones de euros, y de ellos 701 personas poseen bienes con un valor superior a 30 millones. Eso supone que, del total de más de 212.000 contribuyentes que hicieron declaración de su patrimonio en 2019, tan solo el 3,72% estaba en los tramos más altos, y el impuesto que quiere introducir Unidas Podemos tampoco afectaría a todos ellos, ya que solo gravaría a las personas con patrimonios por encima de los 10 millones de euros.
El número de declarantes del impuesto de patrimonio, no obstante, ha caído en los últimos años, pese a lo cual ha crecido el número de personas que se ubican en los tramos más altos de esta tasa que grava la riqueza. 15 años atrás, en 2004, eran nada menos que 920.676 las personas que declaraban patrimonio, pero tan solo 1.986 contribuyentes decían tener bienes por valor superior a los 30 millones de euros. Conclusión: la riqueza se ha concentrado en menos manos, incluso entre los más ricos, algo que refleja el hecho de que en 2004 el patrimonio total de los declarantes fuera de en torno a 537.000 millones de euros y, en 2019, ascendiera a más de 730.000 millones con muchos menos contribuyentes afectados por el impuesto de patrimonio.
Pese a este aumento del número de personas con patrimonios superiores a los seis millones de euros y al incremento del valor total de los bienes afectados por el impuesto, la recaudación se ha mantenido prácticamente igual en los últimos 15 años. En 2004, la Agencia Tributaria ingresó 1.203 millones de euros a través de este gravamen, mientras en 2019 la recaudación total fue de 1.219 millones.
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