El aumento del precio de la vivienda, de la energía y de los productos básicos como la alimentación, unido a los bajos salarios, ha llevado a muchas familias a vivir una situación "insostenible" por la que varias entidades sociales y el movimiento por el derecho a la vivienda han convocado este sábado una protesta en Barcelona.

Bajo el lema "así no podemos vivir", organizaciones como la PAH, el Sindicat de Llogateres y la CGT hacen un llamamiento a los ciudadanos a unirse a la manifestación, que comenzará a las 18 horas en la plaza Universitat de la capital catalana. Así lo han anunciado este jueves las diferentes entidades en rueda de prensa frente a la Delegación del Gobierno, a quien apelan directamente por la posibilidad que abre la aprobación de la Ley de Vivienda.

En este sentido, Lucía Delgado, portavoz de la PAH, ha explicado que la plataforma sale a la calle este sábado para "exigir una Ley de Vivienda que garantice el derecho a ella, que paralice los desahucios, que obligue a los grandes tenedores a hacer alquileres sociales y que acabe con las deudas de por vida y con las condenas hipotecarias". 

Así, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, "que estén a la altura de la situación" e incluyan en esta ley las enmiendas presentadas por las diferentes entidades para garantizar que la norma comporta, entre otras cosas, una regulación de los precios del alquiler y una paralización de los desahucios efectivas.

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Delgado ha señalado que la PAH también se manifiesta el sábado para defender la ley catalana 24/2015, que ya obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquileres sociales. Eso sí, reclaman al Govern que "haga cumplir la ley", porque "no podemos tener una herramienta que evita desahucios y no utilizarla". Desde la plataforma también piden que se expropien los pisos de la Sareb para ampliar el parque público de vivienda porque "los hemos pagado nosotros".

Críticas al uso del elevado IPC para subir los alquileres

Desde el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas), Guillem Aragonès ha recordado el esfuerzo económico que supone para las familias pagar un alquiler -según un estudio, los catalanes dedicaron en 2021 el 54% del sueldo a pagar el alquiler - y cómo esta situación se ha visto agravada con el incremento de la inflación. 

"Con el IPC, los rentistas han aprovechado para subir el alquiler; una subida del 10% que en Barcelona fácilmente son 100 euros más al mes por la misma vivienda y sin haber cambiado nada", ha criticado, y ha añadido que "lo que tampoco ha cambiado es la avaricia del 'lobby' inmobiliario, que también ha aprovechado la caída de la regulación del alquiler para subir los precios".

Ante esta situación, Aragonès ha reclamado al Gobierno y al Govern que "recuperen la regulación para poner solución a las dos grandes causas de la precariedad en el alquiler: las subidas de precio y la no renovación de los contratos". "Sabemos que lo que pedimos se puede hacer", ha añadido.

"Precios insostenibles de la luz" y "salarios estancados"

Además de la vivienda, desde la Aliança Contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano ha explicado que "llevamos casi un año de precios insostenibles de la luz mientras vemos que hay familias que aún no han podido levantar cabeza desde la pandemia, porque perdieron el trabajo o se redujeron sus ingresos".

En este sentido, ha señalado que la situación de muchas familias "ha empeorado para hacer frente a las facturas, pero también a los productos básicos" y ha criticado que, pese a ello, las empresas energéticas anuncien "beneficios multimillonarios". "Es inaceptable que se exijan sacrificios a la ciudadanía mientras tenemos este oligopolio que se enriquece a costa del sufrimiento de las familias", ha apuntado.

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A los precios elevados se le suma, además, "unos salarios estancados, un paro crónico y una temporalidad que, aunque ahora ha cambiado con la reforma laboral, no deja de ser precaria", ha señalado Iru Moner, de CGT Cataluña. "Cada día perdemos capacidad adquisitiva y más personas trabajadoras se acercan al umbral de la pobreza", ha añadido. 

Por su parte, Yolanda Segura, de la Intersindical Alternativa de Catalunya, ha tachado de "indecencia" que un sueldo no sea suficiente para poder acceder "a una vivienda digna" y ha criticado que los gobiernos "no piensen en la clase trabajadora".

400.000 euros en multas a activistas 

Por su parte, Max Carbonell, de la Comissió Jurídica del Moviment per l'Habitatge, ha denunciado que la "represión" a activistas que intentan paralizar desahucios "se ha intensificado en los últimos meses tanto en el número de represaliados como en los mecanismos utilizados". 

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En este sentido, Carbonell ha señalado que los Mossos d'Esquadra identifican a los activistas en los desahucios y los denuncian por la ley mordaza, con multas que, en total, suman 400.000 euros en los últimos tres años. Además, ha asegurado que, "si en 2016 los antidisturbios se presentaban en uno de cada 10 desahucios, ahora lo hacen en uno de cada dos y con dispositivos casi militares".