El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular y ha anulado parte de la ley catalana aprobada en septiembre de 2020 que regula el precio del alquiler, al entender que ciertos artículos "suponen una invasión de la comunidad autónoma en las competencias del Estado".

Pese a la anulación parcial de la ley, desde el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas), impulsores de esta norma, remarcan que "todos los artículos que el Tribunal tumba son los que dan sentido a la ley, los que hablan de declaraciones de área tensa y de la determinación del precio en nuevos contratos. Así, tumba sus efectos y la deja vacía de contenido, por lo que no es aventurado decir que el Constitucional ha tumbado la regulación de los alquileres en Cataluña".

En cuanto a los inquilinos que firmaron un contrato de alquiler con la ley vigente, la nota informativa del Constitucional asegura que "se mantienen en sus términos" y el sindicato recuerda que "las cláusulas que contemplasen una subida del alquiler en caso de que cayera la regulación son fraudulentas, porque un contrato no puede prever marcos normativos inexistentes".

Por otra parte, remarcan que "el recurso del PP entraba en dos cosas: en materia competencial y en el hecho de que vulneraba el mercado, que los precios no podían regularse". Sin embargo, "el Constitucional sólo ha entrado en el tema competencial, por lo tanto, ha venido a decir que no es cierto que no puedan regularse los precios del alquiler".

"Lo volveremos a hacer"

En una comparecencia en el Parlament de los portavoces del Sindicat de Llogateres junto a representantes de los cuatro partidos que apoyaron la aprobación de la ley (ERC, JxCat, 'comuns' y CUP), Carme Arcarazo, portavoz del sindicato, ha sido firme: "Que nadie dude que lo volveremos a hacer: volveremos a regular los alquileres". 

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La portavoz ha lamentado que el Alto Tribunal, "una vez más, haya hecho el trabajo sucio a la derecha, que perdió la batalla en el Parlament, y a la patronal inmobiliaria, que ha visto sus beneficios amenazados por una ley que, por primera vez, se ponía del lado de los inquilinos". 

Arcarazo también ha querido dirigirse a la ciudadanía "que se pregunta cuál es su situación" para decirles que "ante las leyes injustas, que permiten expulsiones injustificadas, sólo hay una respuesta posible: desobedecer", por lo que ha pedido a las familias que no puedan asumir una subida del alquiler que "no se vayan en silencio", sino que "se queden en su casa, sigan pagando lo que pagaban y se organicen con el sindicato".

La ley "ha sido un éxito"

El también portavoz del sindicato Enric Aragonès ha explicado en su intervención que la ley tiene un "amplio consenso social", ya que "fue apoyada por más de 4.000 entidades", y que durante el tiempo en el ha estado en vigor, "ha sido un éxito: ha hecho bajar los precios y ha aumentado el número de contratos firmados. Todos los sectores que se rasgaban las vestiduras pensando que caería la oferta se han visto desmentidos".

Aragonès ha remarcado que otro de los motivos que indican el "éxito" de la ley es que "ayuntamientos de todos los partidos políticos han confiado en la regulación de precios para sus municipios, y no sólo de los cuatro partidos que apoyaron la ley". Por otra parte, también ha explicado que habían dejado de ver en las asambleas "ese miedo de los inquilinos a que -al finalizar el contrato- les llegase un burofax pidiendo subidas inasumibles que podían ser sinónimo de expulsión".

Ante la decisión del Tribunal Constitucional, tomada por unanimidad, el sindicato ha convocado una concentración el próximo sábado 12 de marzo a las 18 horas en la Plaza Sant Jaume de Barcelona para "demostrar a los fondos buitre que la lucha no se ha acabado".

¿Cómo funcionaba la regulación?

La ley de regulación de los precios del alquiler entró en vigor en septiembre de 2020, tras ser aprobada en el Parlament con el apoyo de JxCat, ERC, los 'comuns' y la CUP, y se ha venido aplicando en 60 municipios considerados "áreas de mercado de vivienda tenso", es decir, que "están en riesgo de no poder disponer de viviendas de alquiler a un precio asequible a toda la población". 

La norma utilizaba dos mecanismos de contención de rentas: el índice de referencia y, si la vivienda había sido alquilada en los últimos cinco años, el precio del contrato anterior. Así, el precio más bajo actuaba como tope, por lo que los precios que estaban por debajo del índice quedaban congelados y los que estaban por encima tenían que bajar, quedando exentos los arrendadores "vulnerables", es decir, los que ingresan menos de 2.000 euros mensuales.

Los contratos firmados desde la entrada en vigor de la norma debían cumplir estos requisitos y, además, la ley también evitaba que en el momento en el que un contrato llegaba a su fin, los inquilinos recibieran un "burofax pidiendo subidas inasumibles" para renovarlo.

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El Sindicat de Llogateres ha lamentado que el Constitucional "tumbe las decisiones del Parlament y recorte el derecho a la vivienda en beneficio de los intereses del lobby inmobiliario". En un comunicado, señalan que esta regulación "ha beneficiado a más de 160.000 inquilinos en el último año bajando los alquileres una media de un 5% en las ciudades reguladas, donde vive el 70% de la población catalana".

El PP catalán, por su parte, ha apuntado a través de Twitter que "el intervencionismo de la Generalitat iba a provocar una mayor dificultad para el acceso a la vivienda" y que "gracias al recurso del Partido Popular, será más fácil tanto la propiedad como el alquiler de una vivienda en Cataluña".

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En cuanto a las representantes políticas, Marta Vilalta (ERC) ha denunciado que el Constitucional "frene las propuestas que hacemos desde el Parlament y que nos sirven para avanzar". Sobre la ley en cuestión, ha asegurado que "es una ley pionera, que ha funcionado, que surgió con un amplio consenso y que ha servido para evitar la especulación y el incremento injusto de los precios".

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"Recurrir esta ley fue un acto de irresponsabilidad. Tenemos todo el derecho a regular los precios de los alquileres y volveremos a hacerlo con la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos Catalana", ha dicho. Respecto al apoyo de su partido para tramitar la Ley de Vivienda estatal, ha señalado que "se abre la oportunidad de poder mejorarla, porque el punto de partida es nefasto, trabajando con entidades y los demás partidos progresistas para poder blindar derechos en materia de vivienda, respetando las competencias de la Generalitat porque, si no se respetan, no estaremos".

Glòria Freixa (JxCat), por su parte, ha criticado las "intromisiones competenciales de los tribunales españoles" y ha dicho que quieren trabajar junto al Sindicat de Llogateres para elaborar leyes que "no sean tumbadas" y construirlas de una manera "que sean más viables legalmente". 

Montserrat Vinyet (CUP) ha apuntado que la decisión del Constitucional "no es ninguna sorpresa" ya que "hay una genuflexión constante de los grandes partidos políticos y del Constitucional ante los grandes mercados financieros y los fondos buitre" y, como Vilalta, ha mencionado la intención de hacer una Ley de Arrendamientos Urbanos catalana, una propuesta incluida en el acuerdo alcanzado entre ERC y la CUP para formar Govern.

Por último, Susana Segovia ('comuns') ha lamentado que el Constitucional haya sido, "una vez más, la herramienta del PP para ponerse al servicio de especuladores, fondos de inversión, socimis y todos aquellos que se enriquecen a costa de un derecho básico como es al vivienda" y ha señalado a los populares como los responsables de la burbuja del alquiler tras su reforma de la LAU.

"El PP tiene sobre su conciencia los miles de familias que a lo mejor estaban a punto de firmar un nuevo contrato de alquiler o la renovación al mismo precio que tenían o más bajo y que tendrán que hacer frente a subidas que no se esperaban". Respecto a la Ley de Vivienda, ha dicho que "el inicio del debate tiene que ser un punto de partida para que sea una buena ley, que incorpore la regulación de los alquileres y que proteja la regulación catalana".