El desahucio en Roger de Flor, la no renovación de los contratos en Casa Orsola o el intento de subir el precio a vecinos de una finca de la calle Rocafort son ejemplos de lo que se encuentran algunos inquilinos de Barcelona, estos tres ocurridos a finales de 2021. Entre todos estos casos, además, hay un factor común: sus viviendas son propiedad de empresas que tienen muchas otras.

Según un informe del Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona con datos del 2018, una cuarta parte (el 24,3%) de los pisos destinados al alquiler en la capital catalana pertenecen a empresas. Este porcentaje representa un total de casi 60.000 viviendas.

Desahucian a una familia vulnerable del piso en el que han vivido 20 años: "Sufrimos desamparo legal ante la especulación"

En el caso de Roger de Flor, una familia vulnerable fue desahuciada el pasado diciembre del piso en el que habían vivido 20 años después de que un fondo de inversión comprase la finca en 2017 y decidiese no renovar los contratos de alquiler. Pese a que numerosas personas se concentraron en la puerta para evitarlo, el desahucio se acabó ejecutando, contradiciendo, además, una petición de la ONU de paralizarlo.

Los vecinos de Casa Orsola viven una situación parecida: un fondo de inversión compró la finca el pasado octubre y, según denunció el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas), el nuevo propietario anunció su intención de no renovar ningún contrato. Ante esta situación, varios vecinos se unieron para conseguir una negociación con la empresa, quien ya ha anunciado su compromiso de abrir una vía de diálogo para encontrar una solución.

En cuanto al intento de subir el precio del alquiler a otros inquilinos de la calle Rocafort, cuyos pisos pertenecen a la misma empresa, una de ellas, Cecilia, cuenta a 20Minutos: "Cuando llegó el fin del contrato, nos encontramos con que nos querían subir el alquiler para renovarlo, pero nos informamos y supimos que no podían hacerlo por la ley catalana que regula el precio". Así, una vez finalizado el contrato, la propiedad comenzó a hacer prórrogas en lugar de uno nuevo.

"Tras hablar con el sindicato, nos organizamos varios vecinos con el mismo problema e intentamos hablar con la inmobiliaria, con quien teníamos el trato. Enviamos una carta, lo intentamos por teléfono, hicimos visitas a la finca, y todo sin respuesta hasta el 24 de noviembre, cuando nos juntamos y fuimos a presentar nuestra queja porque no se habían querido sentar a negociar. Al final, conseguimos firmar los nuevos contratos a siete años -lo que marca la LAU al ser la propiedad una persona jurídica- y al mismo precio", explica Cecilia.

"Te hacen una prórroga para no firmar un nuevo contrato a la espera de que el Constitucional tumbe la ley"

Además de su caso, señala que en las asambleas del sindicato "un porcentaje alto tiene este problema, que se les acaba el contrato y no les quieren renovar o que les quieren renovar a más precio y, cuando les dices que no lo pueden hacer, te hacen una prórroga para no firmar un nuevo contrato a la espera de que el Constitucional tumbe la ley -aprobada en septiembre de 2020 y recurrida por el Gobierno- y puedan poner el precio que ellos quieran".

La ley puso fin a las subidas, pero hay otros problemas

"En 2017, cuando nació el Sindicat de Llogateres, el 80% de los casos que nos llegaban eran inquilinos a los que se les acababa el contrato y les había llegado un burofax informándoles de fuertes subidas en el siguiente o diciéndoles que no les iban a renovar", cuenta Carme Arcarazo, portavoz del sindicato.

En aquel momento, explica, la organización desarrolló la estrategia 'Ens Quedem' (Nos Quedamos), que consiste en "quedarse en la vivienda, seguir pagando, organizarse con el resto de inquilinos del mismo propietario que tengan el mismo problema e intentar transformar el conflicto individual en un conflicto colectivo para conseguir una negociación conjunta y renovar los contratos sin subidas". 

"Un bien fundamental como es un piso está ligado a otras cosas, como la escuela a la que llevas a tus hijos"

Arcarazo señala que "hace unos años era completamente legal que un fondo de inversión comprase un edificio entero y decidiera triplicar el precio a los inquilinos cuando acababan sus contratos". Cuando eso ocurría, cuenta, algunos inquilinos se marchaban porque no podían pagarlo y otros "hacían un esfuerzo inimaginable para seguir pagando, destinando gran porcentaje de sus ingresos, porque un bien fundamental como es un piso está ligado a otras cosas, como la escuela a la que llevas a tus hijos o estar cerca de tu familia".

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Ahora, la ley catalana que regula el precio del alquiler no permite incrementar el precio en los nuevos contratos, pero han continuado otras problemáticas. "Nos encontramos con arrendadores que deciden no renovar sin ninguna justificación, algo que es legal aquí, pero ilegal en países como Francia o Alemania, donde los contratos son renovables de forma automática, siempre que el inquilino cumpla con sus obligaciones y que el propietario no necesite la vivienda", apunta.

"Además de la organización vecinal, hacen falta leyes garantistas"

Arcarazo lamenta que el hecho de que los propietarios puedan decidir no renovar los contratos "sin justificación" hace que los inquilinos tengan miedo a denunciar aspectos como el incumplimiento de la ley o la falta de arreglos en la vivienda porque "piensan que, si se quejan, a lo mejor no les renuevan, y esto provoca abusos permanentes por la parte arrendadora". 

Por este motivo, cree que la organización vecinal es importante: "En el sindicato insistimos mucho en que los inquilinos se tienen que organizar, porque no es lo mismo 20 vecinos contra un gran propietario que este gran propietario contra una familia". "Es David contra Goliat", apunta Cecilia.

"No puede ser que estas acciones completamente abusivas se amparen en el marco legal"

Sin embargo, Arcarazo insiste en que, además de la organización vecinal, "también hacen falta leyes garantistas, porque no puede ser que estas acciones completamente abusivas se amparen en el marco legal". En este sentido,  reclama que la ley obligue a renovar los contratos automáticamente, excepto en situaciones extraordinarias como que el propietario necesite la vivienda.

De hecho, señala que la Generalitat ya está trabajando en una ley de arrendamientos urbanos catalana que contemple esta medida, ya que la renovación automática de los contratos está incluida en el acuerdo alcanzado entre ERC y la CUP para formar Govern, además de otras cosas como prohibir que sean los inquilinos quienes paguen los honorarios de agencia.

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Por otra parte, la portavoz también subraya la necesidad de hacer cumplir la ley de regulación del precio del alquiler y lamenta las pocas sanciones que se han impuesto hasta ahora desde la administración, algo que, a su juicio, da a los arrendadores una sensación de "impunidad". Además, critica que la Generalitat no haya lanzado una campaña masiva para informar a los inquilinos de sus nuevos derechos.

"No puede ser que la gente conozca la regulación por el sindicato", denuncia, y recuerda a quienes hayan firmado un contrato desde que la ley entró en vigor que, además de comprobar que el precio no supera el índice de referencia, también pueden mandar un correo al Incasòl para confirmar que no pagan más que los anteriores inquilinos, ya que tampoco está permitido si la vivienda ha sido alquilada en los últimos cinco años. En caso de incumplimiento, "hay multas de hasta 90.000 euros y el inquilino tiene derecho a que le devuelvan todo lo pagado de más con un 6% de interés".