Cataluña impone cinco sanciones por incumplir la nueva ley del alquiler

El secretario d'Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala.
El secretario de Vivienda e Inclusión Social, Carles Sala.
ELISENDA ROSANAS/ACN

La Agencia de la Vivienda de Cataluña ha impuesto cinco sanciones por incumplimientos de la nueva ley que regula los precios del alquiler, aprobada el septiembre de 2020. Las multas se han puesto en los municipios de San Adrià del Besòs, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Badalona, donde se han detectado las infracciones de no adjuntar el índice del precio del alquiler en el contrato o bien de sobrepasar la renta establecida de acuerdo con los criterios de la ley. 

Además de estas cinco sanciones, la Generalitat tiene 460 expedientes abiertos en relación con incumplimientos de la norma. Desde la Agencia de la Vivienda han detectado "cierta desorientación" entre los propietarios –la ley puede quedar tumbada por el TC- y defienden que, de momento, la norma es "plenamente vigente".

Las primeras sanciones tienen un importe máximo de 6.000 euros, y dos de ellas ya han sido abonadas. En cuanto a los 460 expedientes abiertos, la Agencia Catalana de la Vivienda se está haciendo cargo de los 169 que corresponden a personas físicas. Del resto de expedientes abiertos, 127 recaen sobre la Agencia Catalana de Consumo –se encarga de los trámites con personas jurídicas- y 164 sobre los diferentes ayuntamientos que han pedido poder regular los alquileres.

De los 169 expedientes que gestiona la Agencia de la Vivienda de Cataluña, ahora mismo hay 14 de incoados, es decir, que solo los falta recibir las alegaciones por parte de la persona sancionada para proponer una sanción.

En cuanto a la detección de incumplimientos en la norma, la agencia explica que la más común es a través de inspecciones aleatorias que se hacen a través de los contratos depositados en el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl). Otra vía, en este caso menos habitual, son denuncias por parte de los arrendatarios que detectan irregularidades en el contrato de alquiler. Según detallan desde la Agencia Catalana de la Vivienda, estos casos no llegan a más de diez.

Las multas se han puesto en los municipios de San Adrià del Besòs, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Badalona

Pendientes del Tribunal Constitucional

A pesar de que la agencia recuerda que su voluntad no es sancionadora, cree que el control es necesario después de haber abierto 460 expedientes. "Creemos que son muchos", valora el secretario de Vivienda e Inclusión Social, Carles Sala. En relación con esta cuestión, Sala opina que algunos de los incumplimientos se deben al hecho que hay "cierta desorientación" entre los propietarios por la inseguridad jurídica que rodea la normativa.

El secretario de Vivienda e Inclusión Social considera que la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) de diferentes recursos en contra la norma catalana ha generado ciertas dudas sobre si la ley es vigente. En paralelo, el gobierno español ha aprobado el anteproyecto de ley de vivienda, que también incluye medidas para contener los precios del alquiler. En este sentido, Sala insiste que la normativa catalana es "plenamente vigente" y pide a todos los propietarios que "se pongan en manos de un profesional" si quieren alquilar su vivienda para evitar sustos.

Por otro lado, desde el Gobierno desconocen cuando se pronunciará el TC e insisten que, mientras el tribunal no se pronuncie, la Generalitat está "obligada a aplicar la norma".

70 municipios se declaran zona tensa

En Cataluña hay 51 municipios declarados como zona tensa, según figura en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC). Esto son nueve menos de los que declaraba inicialmente la ley. Sin embargo, entre 15 y 20 municipios más han solicitado declararse como zona tensa, el que elevaría alrededor de 70 la cifra final.

Según apunta Sala, "resulta sorprendente que algunos de los municipios que se han declarado zona tensa son municipios gobernados por partidos políticos que han presentado recursos de inconstitucionalidad" en contra la ley catalana. "Es un comportamiento antagónico", añade.

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