"En las condiciones actuales, vivir de alquiler es sinónimo de vulnerabilidad". Así concluye el estudio que muestra que la mitad de las mudanzas en viviendas de alquiler de Barcelona son, en realidad, "desahucios invisibles", es decir, marchas forzadas por el aumento del precio, por las condiciones deficientes del domicilio o por la negativa de la propiedad a renovar el contrato, entre otras cosas.

El estudio 'Impactos sociales del mercado de alquiler', centrado entre los años 2014 y 2019, ha sido elaborado por La Hidra Cooperativa, la Agència de Salut Pública de Barcelona y la UAB, con el apoyo del Sindicat de Llogateres, y está basado en más de 2.000 encuestas realizadas, sobre todo, en Barcelona y, en menor medida, el área metropolitana.

Los resultados de estas encuestas indican que el 46% de las mudanzas que se produjeron entre estos años, 2014 y 2019, fueron "desahucios invisibles", pero, al no pasar por los juzgados, "las estadísticas públicas no los contabilizan".

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Otra de las conclusiones del informe es que el acoso inmobiliario es una práctica generalizada en la capital catalana: uno de cada dos hogares encuestados asegura haberlo sufrido, entendiendo este acoso como las "acciones destinadas a hacer imposible el derecho a la vivienda de los inquilinos con el objetivo de obligarlos a irse del domicilio para aumentar el precio del alquiler o venderlo".

Respecto a estas acciones, el 45% de los encuestados se ha encontrado con la negativa de la propiedad a reparar deterioros importantes en la vivienda y el 13% ha visto cómo el propietario ha abandonado la escalera o las zonas comunes. Por otra parte, el 11% ha recibido amenazas, engaños y presiones para ser forzados a abandonar la vivienda y el 8% ha sufrido una subida del precio del alquiler de forma ilegal durante el contrato.

Precio del alquiler: de 688 euros de media a 979 en cinco años

En la etapa en la que se centra la encuesta, entre 2014 y 2019, el coste del alquiler aumentó "sin precedentes", señala el informe, y detalla que cuatro de cada 10 hogares encuestados sufrieron una subida de precio durante estos años. De hecho, el precio medio del alquiler en la ciudad creció más de un 42%:  pasó de 688 euros en 2014 a 979 en 2019. Además, pese al estallido de la pandemia, el informe remarca que 2020 no ha supuesto un descenso significativo en los precios, sino "más bien una consolidación de las subidas".

"El mercado del alquiler no genera precariedad únicamente en los colectivos más vulnerables, sino en el conjunto de la sociedad que vive de alquiler"

Otra de las conclusiones de este estudio respecto al precio del alquiler es que, cuanto más reciente es el contrato, mayor es el coste que debe asumir el inquilino. "Se puede interpretar que esto afecta a los más jóvenes, que han entrado más tarde. Son personas con unos ingresos generalmente más bajos que afrontan los alquileres más altos", ha explicado el portavoz del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera, este martes durante la presentación del informe.

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El aumento sostenido de los precios del alquiler y la desproporción respecto a los bajos sueldos se ven reflejados en el "estrés financiero individual". Y es que 8 de cada 10 personas destinan más del 30% de sus ingresos - la cifra recomendada- al pago de la vivienda y, de ellos, el 29% destina más de la mitad, según el estudio, que también indica que una de cada cinco unidades de convivencia comparten piso para pagar el alquiler.

Pese a todas las situaciones descritas -rápido incremento del precio del alquiler, "desahucios invisibles", acoso inmobiliario y "estrés financiero", entre otras- la tasa de impago es muy baja: el 93% de las personas encuestadas afirman no haber dejado de pagar sus cuotas nunca.

La inseguridad residencial afecta a la salud

Con todo, entre los años 2014 y 2019, se produjo un aumento significativo de la inseguridad residencial: durante esta época, el 65% de los hogares encuestados cambiaron de vivienda una o más veces. Y esta situación, además de los "desahucios invisibles" y del "estrés financiero", tiene implicaciones negativas sobre la salud de quien la sufre.

Entre las personas encuestadas, aquéllas que habían sufrido uno o más "desahucios invisibles" o se veían obligadas a cambiar de vivienda durante los siguientes seis meses presentaban un estado de salud percibida peor que el resto, especialmente las mujeres. Además, esta situación también afecta a los menores: los niños que debían cambiar de vivienda por obligación presentaban también peor percepción de su salud que los que vivían en hogares sin intención de mudarse o lo iban a hacer de forma voluntaria.

Por otra parte, el incremento del "estrés financiero" también empeora la salud percibida de los inquilinos, y, de nuevo, especialmente la de las mujeres. De hecho, una de cada cuatro mujeres que destinan más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler declaran tener una salud mala o regular. "La vivienda es uno de los determinantes sociales de la salud de las personas y tiene una relación estrecha con ella", ha destacado Constanza Vásquez, de la ASPB.

El mercado del alquiler, "generador de precariedad"

"Hay que tener en cuenta que la media de edad de los encuestados es de 38 años y la mayoría tienen trabajos cualificados y estudios superiores, lo que muestra que el mercado del alquiler no genera precariedad únicamente en los colectivos más vulnerables, sino en el conjunto de la sociedad que vive de alquiler", ha remarcado Palomera.

Para abordar las problemáticas que muestra el estudio, los participantes han elaborado una serie de recomendaciones, por ejemplo, la introducción de la seguridad de tenencia en el alquiler para que un contrato sólo se pueda finalizar por una causa justificada, algo que, ha señalado Palomera, "sucede en otros países de Europa, como Francia".

El informe también destaca la necesidad de regular el mercado de las agencias inmobiliarias y de las administradoras de fincas para abordar situaciones tan habituales como que "hagan pagar los honorarios a los inquilinos cuando el servicio se hace, en primer lugar, a la parte arrendadora". 

Por último, recomienda reforzar el papel de las organizaciones que promueven los derechos de las personas que viven de alquiler porque "mejoran sus condiciones de vida", ha subrayado Palomera.