El portavoz del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera, y dos inquilinos de Barcelona, Alpha y Fran, han sido juzgados este lunes y afrontan una petición de la Fiscalía de tres años de prisión para cada uno por una protesta en 2018 contra el "acoso inmobiliario" que sufrían los alquilados por parte de los propietarios del bloque en el que vivían.

Los inquilinos querían renovar el alquiler y, a la vez, pidieron a los dueños del piso, la familia Mas-Beya Fradera, que arreglasen importantes desperfectos, como plagas de termitas y tuberías en malas condiciones. Sin embargo, los propietarios decidieron no renovarles el contrato y, cuenta el Sindicat de Llogaters, se negaron a negociar.

Ante esta situación, el sindicato ocupó durante unas horas, como protesta, un centro de estética propiedad de la familia, el Instituto de Belleza Francis, por lo que ahora la Fiscalía les pide tres años de prisión por coacciones y violación de domicilio de persona jurídica. Además, la acusación particular, que en un principio pedía 21 meses de cárcel, también ha elevado la petición a tres años.

Piso insalubre, pero siempre pagaron el alquiler

Alpha y Fran viven desde 2010 en un piso en condiciones insalubres, con plagas de termitas y agua no potable, entre otras cosas. Pese a la situación, el Sindicat de Llogateres señala que los inquilinos no han dejado nunca de pagar el alquiler, aunque sí han pedido en numerosas ocasiones a la propiedad que solucione los problemas de la vivienda.

"Hemos bebido agua con plomo durante más de seis años, hemos tenido tuberías de amianto rotas que escupían aguas fecales, plagas de termitas y ratas", ha explicado Alpha. En su declaración en el juicio, Palomera ha dicho que la situación del piso era "dantesca" y que nunca se había encontrado con unos propietarios con "tanta falta de empatía y humanidad".

En 2018, después de que la pareja pidiera repetidamente a los dueños que arreglasen el piso, la respuesta de la propiedad fue decirles que no les renovaban el contrato de alquiler y que los iban a echar de la vivienda. Ante esta situación, los inquilinos se afiliaron al sindicato y, tras la negativa de los propietarios a negociar, comenzaron las movilizaciones.

Así, el Sindicat de Llogateres convocó una “protesta pacífica” el 17 de octubre de 2018 en el Instituto de Belleza Francis, propiedad de la familia Mas-Beya Fradera. El sindicato asegura que fue “absolutamente pacífica, festiva y ruidosa, como todo lo que hacemos” y que no impidió que el personal del establecimiento pudiera seguir llevando a cabo su trabajo. 

Paralelamente a la protesta, los inquilinos, junto a seis familias del mismo bloque, interpusieron dos denuncias por acoso inmobiliario, por las que el Ayuntamiento de Barcelona inició en 2019 dos expedientes sancionadores contra los propietarios de 90.000 euros cada uno. Además, Alpha y Fran, interpusieron una demanda a título individual por daños y perjuicios, cuyo juicio se celebrará en otoño. Por otra parte, finalmente, los propietarios se vieron obligados a ofrecer a la pareja un alquiler social dada su situación de vulnerabilidad.

En 2019, los dueños de la vivienda presentaron una querella contra Alpha, Fran y el portavoz del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera, por coacciones y amenazas durante la protesta que tuvo lugar en el centro de estética, en un intento, denuncia el sindicato, de “hacer pasar la protesta pacífica por un acto de violencia”. Por estos hechos, la Fiscalía pide ahora tres años de cárcel.

Las acusaciones han defendido que la actividad del centro sí tuvo que detenerse durante la protesta, a la que acudieron entre 30 y 50 personas, y que los activistas señalaron a la familia, con nombres y apellidos. También han explicado que la hija de la propietaria, que gestionaba el centro, sufrió una crisis de ansiedad. Tanto el abogado de la empresa como los Mossos intentaron mediar, pero estos últimos no quisieron desalojar el local porque la protesta era pacífica.

Apoyo a los acusados

A las puertas del juzgado se ha concentrado esta mañana un grupo de personas  para apoyar a los inquilinos y a Palomera, quien ha asegurado antes de que comenzase el juicio que “nunca dejaremos de defender los derechos humanos, de hacer desobediencia civil ante las violaciones de derechos y de promover el derecho a la vivienda, a una vida digna para todos”.

"¿Alguien cree que estas amenazas de querellas harán que la gente deje de desobedecer leyes injustas que permiten echar de casa a una familia que siempre ha cumplido con sus obligaciones sin ningún tipo de justificación?", ha señalado Palomera. El portavoz también ha pedido una ley que prohíba las "expulsiones injustificadas" y ha añadido que "hay una serie de amos de la ciudad que llevan toda la vida haciendo y deshaciendo a los que les cuesta asumir que hemos dicho basta".

Por su parte, la abogada Anaïs Franquesa ha considerado en su intervención que la petición de tres años de cárcel es "absolutamente desproporcionada" y ha remarcado que, en los últimos años, "está habiendo una deriva claramente represiva en este sentido". "Estos hechos, hace 10 años, ni siquiera habrían pasado por el juzgado", ha dicho.

A este acto de apoyo también se han sumado activistas de otras organizaciones, como Òmnium Cultural, los 'yayoflautas' o Élite Taxi. También han acudido representantes políticos como Alba Vergés, de ERC; Gala Pin y Jéssica Albiach, de los comunes; Dolors Sabater, de la CUP, y la concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín.