El Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles la ley antidesahucios que sustituirá al decreto de vivienda que el Tribunal Constitucional tumbó en 2021 tras alegar que estas regulaciones deben hacerse mediante leyes y no mediante la figura del Decreto-Ley. La norma, impulsada por las entidades de defensa del derecho a la vivienda como la PAH, ha salido adelante con el apoyo de ERC, PSC, Junts, la CUP y En Comú.

Con esta ley se amplían, entre otras cosas, los supuestos en los que los grandes propietarios están obligados a ofrecer alquileres sociales con el objetivo de evitar desahucios de familias vulnerables. "Tenemos una moratoria que es insuficiente porque los desalojos no han parado y necesitamos esta herramienta para poder hacerles frente", señala a este diario Lucía Delgado, portavoz de la PAH.

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Delgado cuenta que, después de que el Constitucional tumbase el decreto, la PAH "comenzó a trabajar en una ley que, en un principio, contó con el apoyo de ERC, Junts, la CUP y En Comú. Sin embargo, más adelante, Junts se descolgó del acuerdo y presentó enmiendas que no nos gustaron nada porque no eran mejoras, sino recortes". Finalmente, y tras más de seis meses de bloqueo, el pasado enero se llegó a un acuerdo con Junts, al que también se acabó uniendo el PSC, para poner en marcha el trámite parlamentario que ha derivado en la aprobación de la ley.

Medidas aprobadas: más alquileres sociales

Con esta ley de emergencia habitacional, explica Delgado, se amplía el concepto de 'gran propietario' en el caso de personas jurídicas: los bancos, fondos de inversión y empresas serán considerados grandes propietarios a partir de las 10 viviendas y no de las 15 como hasta ahora. En el caso de las personas físicas, en cambio, se mantiene el límite en 15 viviendas.

Esta ley también amplía los supuestos en los que los grandes tenedores están obligados a ofrecer un alquiler social a personas vulnerables. Hasta ahora, la ley 24/2015 obligaba a estos propietarios a ofrecer esta alternativa en ejecuciones hipotecarias o desahucios por impago de alquiler de personas vulnerables, aunque estos lanzamientos se han seguido produciendo en varias ocasiones.

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Ahora, estos alquileres sociales también deberán ofrecerse a las personas vulnerables que ocupan una vivienda de un banco o de un fondo de inversión desde antes del 1 de junio de 2021 y también a aquellas cuyo contrato de alquiler finalice. Además, la renovación de los alquileres sociales pasa a ser obligatoria si las condiciones de vulnerabilidad continúan.

Asimismo, los grandes propietarios tendrán un tiempo máximo de un mes para hacer la oferta de alquiler social antes de que la Agencia de Vivienda de Cataluña pueda empezar a sancionarlos. Esta agencia tendrá también un registro de grandes tenedores para poder localizar rápidamente a las empresas que están obligadas a ofrecer este alquiler social. 

La Generalitat pagará alquileres

La nueva ley descarta el mecanismo de compensación, que era "una de las enmiendas de Junts", apunta Delgado. En su lugar, recoge una medida de "fomento del alquiler social" para aquellos grandes propietarios que no sean ni bancos ni fondos de inversión.

Esta medida consiste, señala Delgado, en que "si la empresa dueña de la vivienda no se comporta como un banco y evita la demanda, se puede acoger a una ayuda en la cual la Agencia de Vivienda de Cataluña se hace cargo del pago de la renta y se encarga ella de formalizar un alquiler social con la familia".

Por otra parte, la ley dificulta "las prácticas que se han utilizado para escapar de la consideración de vivienda vacía" y amplía a siete años el tiempo de cesión obligatoria de estas viviendas de bancos y fondos de inversión.

Delgado apunta que, una vez aprobada la ley, "ahora nuestro objetivo es exprimirla al máximo, conseguir firmar los máximos alquileres sociales y, sobre todo, que las administraciones se pongan las pilas para poner la maquinaria en funcionamiento. Las leyes están muy bien, pero se tienen que aplicar".

Necesidad de "medidas estructurales"

Delgado señala que "tanto la ley 24/2015 como esta ampliación son leyes de emergencia. Nosotros reivindicamos que, además, se ponga freno a la situación, porque no es sólo un problema para las familias vulnerables. El acceso a la vivienda está cada día más negado y hay que buscar soluciones".

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Para ello, cuenta, están en proceso de redactar enmiendas a la Ley de Vivienda estatal, una ley que, a su juicio, "tiene que tener medidas sobre los desahucios, porque no sería lógico que no se abordase, pero tenemos que mirar más allá: ampliar el parque de vivienda social y asequible, regular el precio de los alquileres y poner las bases de cómo queremos que sea el urbanismo para garantizar el derecho a la vivienda".

Esta ley, tal y como está planteada, "no resuelve los problemas de urgencia como los desahucios ni tampoco mira más allá", apunta Delgado, y añade que es por este motivo que las entidades de defensa del derecho a la vivienda trabajan ahora en estas enmiendas.

Denuncias del PP y Cs

En el debate parlamentario de la ley aprobada este miércoles, los diputados Nacho Martín Blanco (Cs) y Lorena Roldán (PP) han denunciado que la Mesa haya rechazado -por defectos de forma- que estos partidos presenten una petición de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Martín Blanco ha considerado que la ley tiene "elementos de muy dudosa constitucionalidad" y Roldán ha anunciado que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ninguno de los dos partidos ha votado.

El diputado de ERC Pau Morales ha señalado que "esta proposición de ley es heredera del Decreto 17/2019 suspendido parcialmente por el Tribunal Constitucional por una cuestión de forma" y ha hecho autocrítica por el hecho de que una ley, cuyo trámite comenzó el pasado julio y que fue calificada "de urgencia extraordinaria", haya tardado ocho meses en aprobarse. También ha dicho que "la situación de la vivienda actualmente es insostenible", con bajas tasas de emancipación y previsiones de desahucios "terroríficas".

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Por su parte, la diputada del PSC-Units Eva Candela ha apuntado que Cataluña ya fue pionera con la ley de derecho a la vivienda de 2007, pero ha lamentado que, desde entonces, "se ha legislado mucho, pero queda claro que no se han obtenido resultados". También ha pedido abordar la ocupación para "luchar contra las mafias que se aprovechan de familias vulnerables".

La diputada Montserrat Vinyets, de la CUP, ha agradecido la "persistencia" del movimiento por la vivienda y ha pedido no "detenerse" en esta ley, sino legislar para "evitar que las personas caigan en la categoría de riesgo de exclusión social". La diputada de En Comú Susana Segovia también ha puesto en valor el trabajo de las entidades sociales y ha pedido al Govern que, tras la aprobación, haga cumplir la ley, ya que "los jueces muchas veces no interpretan las leyes a favor de las familias vulnerables".

La diputada de Junts Glòria Freixa ha explicado que la tardanza en aprobar la ley se ha debido a que "si bien perseguíamos la misma finalidad, hemos discrepado en la manera de llegar a esta solución" y ha considerado que "obligar a la propiedad privada a hacer políticas públicas no es la solución".

En cuanto a la diputada de Vox María Elisa García, ha asegurado que la ley "choca frontalmente" con varios artículos de la Constitución y que mantiene la esencia de lo que "ya ha sido rechazado". El partido ha votado en contra.