ERC, Junts, CUP y comunes han acordado un borrador para una nueva ley antidesahucios, que deberá sustituir el decreto catalán de vivienda anulado por el Tribunal Constitucional hace un año, según han confirmado fuentes parlamentarias y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El Alto Tribunal tumbó en 28 de febrero de 2021 el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, impulsado en 2019 por el Govern, que obligaba a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que "sin alternativa, ocupan una vivienda de un banco o de un fondo de inversión" o que, "después de una ejecución hipotecaria o demanda de desahucio de hipoteca, han quedado sin título en el mismo piso".

El impulso de una nueva proposición de ley para recuperar las medidas anuladas por el Constitucional había quedado en el aire después de que Junts presentase siete enmiendas que "debilitaban los alquileres sociales obligatorios y se difuminaba la mayoría parlamentaria" para sacarla adelante, por lo que quedaba bloqueado su trámite.

Pasado casi un año, ERC, Junts, CUP y comunes han cerrado en ponencia conjunta un nuevo acuerdo que ha sido celebrado por la PAH, entidad que ha participado en la negociación del texto. "Un nuevo paso adelante. Se reactiva la cuenta atrás para recuperar las medidas antidesahucios anuladas por el Constitucional", ha dicho la plataforma en un comunicado.

Renovaciones obligatorias de alquileres sociales

Entre las medidas que se recuperan con el nuevo texto están las renovaciones obligatorias de alquileres sociales de los grandes tenedores cuando llegan a su fin; o alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables después de la extinción de su contrato de alquiler.

También se recuperan los alquileres sociales obligatorios en el caso de personas que ocupan una vivienda de un banco o de un fondo de inversión o que, "después de una ejecución hipotecaria o demanda de desahucio de hipoteca, han quedado sin título en el mismo piso".

Por otra parte, se amplía la definición de gran tenedor, incluyendo a personas jurídicas con más de diez viviendas (se mantiene en 15 para personas físicas); se incluye el control de ofertas de alquiler social obligatorio por parte de la Generalitat; y se amplía a siete años la cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fondos de inversión.

La Generalitat pagará alquileres

La futura ley descarta el mecanismo del derecho a compensación para grandes tenedores, pero sí introduce medidas de fomento de alquileres sociales para evitar desahucios. 

Entre otros puntos, se promueve que, a cambio de frenar desahucios, los grandes tenedores no vinculados a bancos o fondos de inversión podrán solicitar a la Generalitat que les alquile la vivienda donde vive una familia en riesgo a precio de protección oficial, quedándose éstos como inquilinos con alquiler social.

Es por ello que será la Generalitat, a través de la Agencia de Vivienda de Cataluña, quien asuma los alquileres de estas familias, ya sea a través de ayudas o como arrendataria de estas viviendas, una medida que fuentes parlamentarias consideran que puede incentivar a los propietarios intermedios a mantener pisos en alquiler.

junts deja de lado sus reticencias

El acuerdo ha sido posible después de que Junts haya dejado de lado sus reticencias, tras sus enmiendas presentadas, y haya conseguido desencallar junto a la PAH y el resto de grupos un texto que, según ha explicado la formación, "garantiza la protección de las familias vulnerables y preserva los derechos de los propietarios".

Respecto al pago de alquileres, el doble objetivo de Junts ha sido evitar que familias vulnerables pierdan la vivienda y, al mismo tiempo, preservar los derechos de aquellos propietarios (a excepción de fondos de inversión e instituciones bancarias) que se encuentran con familias arrendatarias en situación de vulnerabilidad.

La formación independentista ha querido destacar, en un comunicado, que "esta propuesta no afecta a grandes tenedores bancarios, filiales inmobiliarias de estas entidades, fondos de inversión y entidades de gestión de activos", que estarán obligados a ofrecer un alquiler social obligatorio a familias vulnerables sin derecho a participar de las ayudas de la Generalitat.

Tras el acuerdo alcanzado en la ponencia, ahora el texto será llevado a comisión parlamentaria, antes de que sea votado junto a las enmiendas en el pleno del Parlamento el próximo 2 de febrero.