El movimiento por la defensa de la vivienda de Cataluña ha denunciado este lunes la "represión" que, dicen, ejerce el Govern de Pere Aragonès contra los activistas que intentan detener desahucios. Concretamente, han señalado el desalojo del 'Bloc Llavors', que tuvo lugar en Barcelona en mayo de 2021, por el que ya hay 22 personas investigadas.

Los hechos ocurrieron el 25 de mayo del año pasado, durante el primer día de legislatura de Aragonès. Cerca de 200 personas se concentraron ante el edificio conocido como 'Bloc Llavors', situado en el Poble-Sec y propiedad de un fondo de inversión, para intentar detener el desahucio de varias familias frente a una quincena de unidades antidisturbios de los Mossos d'Esquadra. 

El edificio había sido ocupado en verano de 2017 por seis familias vulnerables con el respaldo del Sindicato de Vivienda del Poble-Sec y pasó a convertirse en un símbolo del movimiento por la vivienda en Barcelona. Tras momentos de tensión y de cargas policiales, finalmente la policía ejecutó el lanzamiento en el sexto intento.

El pasado 2 de febrero, cuatro activistas por la vivienda fueron detenidos y puestos en libertad provisional por su presunta relación con el intento de paralizar este desahucio. Las diligencias se abrieron por daños, resistencia, atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y lesiones. Este lunes, la abogada de Alerta Solidària Eva Pous ha informado de que la causa se ha ampliado a 18 personas más, alcanzando así las 22.

Libertad provisional para los cuatro activistas detenidos tras intentar parar un desahucio en mayo de 2021

En una rueda de prensa en el Parlament, Pous ha explicado que la investigación se ha llevado a cabo desde la Unidad de extremismos ideológicos de los Mossos y ha apuntado que, desde 2018, el movimiento por la vivienda acumula 59 "hechos represivos", de los cuales "48 han derivado en causas judiciales abiertas", y 500 personas identificadas y sancionadas por la Ley Mordaza, con un importe total de 300.000 euros.

Por su parte, Max Carbonell, de la Comisión Jurídica del Movimiento por la Vivienda, ha señalado que, "entre 2021 y 2022, ha habido más de una cuarentena de detenciones" a activistas. Por otra parte, ha detallado que, si "en 2016 las unidades de la BRIMO y la ARRO de los Mossos se presentaban en uno de cada 10 desahucios, actualmente se presentan en uno de cada dos".

"Sufrimos identificaciones sistemáticas y violencia policial en los desahucios; los Mossos elaboran perfiles de los militantes y entorpecen el trabajo de la prensa en los desalojos y, además, muy a menudo actúan con la colaboración de colectivos de ultraderecha, como Desokupa -así fue en el caso del 'Bloc Llavors'-", ha denunciado Carbonell.

No irán a declarar

Àxel Altadill, uno de los activistas encausados, ha anunciado que no irán a declarar y que son ellos quienes acusan al Govern "de abrir una causa judicial contra todos los trabajadores de este país". "El servilismo de Aragonès a las empresas no para de aumentar, como tampoco para de aumentar la miseria a la que estamos condenados los trabajadores: los precios de la comida, de la gasolina y de los alquileres no paran de subir y sólo encontramos represión". 

"Si nos quieren meter en la cárcel por defender nuestras casas de un fondo buitre extranjero, que vengan a buscarnos"

En este sentido, ha dicho que, "si Aragonès cree que puede combatir la pobreza en prisión, está muy equivocado. No hay suficientes cárceles para meter a todos los trabajadores que no llegan a final de mes". Y ha añadido que, "si nos quieren meter en la cárcel por defender nuestras casas de un fondo buitre extranjero, que vengan a buscarnos".

Por su parte, Ana María Banegas, del Sindicato de Vivienda del barrio de Gràcia, ha expresado que "la organización en el movimiento por la vivienda es la única solución para garantizar una casa: para los niños que malviven en un hostal, para el joven que necesita independizarse y para el anciano al que echan de su casa por equivocación".

En un comunicado, el movimiento por la vivienda señala que, ahora, quieren "meter a 22 activistas en la cárcel, trabajando otra vez al servicio de los fondos buitre", en una "macrocausa" con la que "señalar y criminalizar todo intento de asociación y lucha que cuestiona y se opone a este modelo económico que no garantiza los derechos más básicos".

El fondo de inversión denuncia también a Colau

Por otra parte, la Audiencia Provincial de Barcelona ha admitido a trámite la querella del fondo de inversión propietario del 'Bloc Llavors', Vauras Investments, contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por la multa que el Ayuntamiento interpuso contra el fondo por negarse a ofrecer un alquiler social a los ocupantes, como marca la ley catalana de Vivienda. 

La Justicia ordena imputar a Colau por la querella de un fondo buitre por el caso del Bloc Llavors

Además de Colau, la causa también se ha abierto contra el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, y la concejal de Vivienda, Lucía Martín, quienes han defendido este lunes que "se limitaron a hacer cumplir la ley".