La Justicia ordena investigar a Colau por presuntamente coaccionar a un fondo buitre: "No conseguirán asustarnos"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una rueda de prensa.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una rueda de prensa.
Europa Press

Nuevo revés judicial para la alcaldesa de la capital catalana, Ada ColauLa Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado parcialmente el recurso del fondo de inversión Vauras Investments contra ella por coacciones y prevaricación, al presionarle supuestamente para que destinara inmuebles de su propiedad a alquiler social, bajo la "amenaza" de no concederle licencias de obras. Así, el tribunal ha ordenado investigar a la alcaldesa.

La negativa de Vauras a ofrecer alquiler social a las seis familias vulnerables ocupantes del conocido como Bloc Llavors, ubicado en el número 38 de la calle Lleida y desalojado en marzo de 2020, llevó al Ajuntament a multarle, tal y como marca la ley catalana, con 417.000 euros. A finales de ese año el fondo se querelló contra Colau por cercanía con grupos okupas y coacción, pero el caso fue archivado, porque ni fiscal ni jueza instructora del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona vieron delito en la actuación municipal. Vauras recurrió esta decisión y ahora se ha reabierto al admitir el recurso la Audiencia. Además de contra Colau, este va dirigido hacia el concejal de Sants-Montjuïc, Marc Serra; la de Vivienda, Lucía Martín; y la responsable de Disciplina de Vivienda e Inspección, Fuensanta Alcalá.

La Audiencia de Barcelona difiere del criterio del fiscal y la jueza instructora y mantiene que el caso sí debe investigarse por la vía penal. Sin embargo, solo por coacciones y prevaricación y no por los demás delitos que denunció el fondo: presunta extorsión, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.

En opinión de la sala, de ser ciertos los hechos que relata la querellante, podría ser delictiva "la conducta consistente en compeler ilegítimamente" al fondo inversor para forzarle a ceder inmuebles para alquiler social, utilizando para ello como "mecanismo intimidatorio" la amenaza de no concederle licencias de obras o no desbloquear las que tenía paralizadas.

La Audiencia asegura en su auto que no cuestiona la "competencia" del Ajuntament para "para preservar la función social de la propiedad, en línea con lo que establece la normativa emanada del Parlament". "Lo que se censura en la querella y sería repudiable penalmente, de ser cierto, es que, para conseguir esas cesiones de vivienda para fines sociales, se presione a los tenedores de inmuebles con paralizarles licencias de obras y con causarles perjuicios", remarca.

Respecto al delito de prevaricación, la Audiencia considera que se tiene que investigar si es cierto, como sostiene la querella, que el Ajuntament incurrió en prácticas "supuestamente arbitrarias" para, de forma "ilegal", parar obras ya empezadas en algunas de las propiedades del fondo, al amparo de licencias parciales, exigiendo el permiso de rehabilitación integral.

En la querella se aportaba un recorte de prensa sobre una comparecencia de Martín de marzo de 2020 para anunciar que el consistorio sancionaría a Vauras tras el desahucio del Bloc Llavors. En esta, según el fondo inversor, la regidora había reconocido "abiertamente" el apoyo del Ajuntament "al movimiento okupa" y la "realidad de esas presiones y de ese presunto mercadeo de permisos de obras a cambio de cesión de viviendas para alquiler social".

"Se hace pues preciso indagar la realidad de esa imputación, que sí reviste apariencia delictiva", apunta la Audiencia, por lo que ordena al juez instructor que cite a declarar como investigados a los querellados, así como a los testigos "que pudieran arrojar luz sobre lo acontecido".

Defensa del Ajuntament

Como la Fiscalía, el Ajuntament pidió al tribunal desestimar el recurso de Vauras y dejar la investigación del caso cerrada como había decidido la primera jueza.

En su escrito, el consistorio defiende inadmitir la querella, y afirma que recoge hechos que "no son ciertos". Reconoce que requirió varias veces a Vauras para que ofreciera un alquiler social a las personas que ocupaban el Bloc Llavors, pero recuerda que así lo prevé la ley catalana de emergencia en la vivienda y descarta que cometiera ningún delito en el procedimiento.

Colau ha afirmado en Instagram: "No conseguirán lo que buscan, que es asustarnos". Serra y Martín han negado que el Ajuntament coaccionara al fondo de inversión. "Nos limitamos a hacer cumplir la ley", ha asegurado el concejal. "Se nos acusa de aplicar la legislación de vivienda que protege los derechos de los vecinos. Como gobierno de la ciudad, no podíamos hacer otra cosa. Lo hicimos tanto por convicción como por obligación legal", ha señalado. También ha recordado que fondos buitre y grandes empresas ya han impuesto 10 denuncias al Ajuntament y todas se han archivado. "Confiamos en que esta denuncia acabará archivada como el resto", ha apuntado.

Por su parte, Martín ha dicho estar "ante un caso clarísimo de especulación inmobiliaria" y de "expulsión de vecinos". «Estas querellas buscan que las administraciones no defiendan el derecho ala vivienda y no lo conseguirán», aseguró.

El Bloc Llavors, un símbolo

El Bloc Llavors, en el Poble-sec, fue un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en Barcelona. Vauras Investment lo adquirió en 2016 para rehabilitar los pisos, que en un principio fueron de protección oficial, y poderlos vender más caros. En verano de 2017 fue ocupado.

La alcaldesa ya declaró como investigada el 4 de marzo por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por la concesión de subvenciones a entidades afines.

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