La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declara este viernes desde las 10.30 horas ante el juez por presunta concesión irregular de subvenciones. Será después de que el pasado 17 de febrero, el juzgado de instrucción número 21 de la capital catalana que la investiga confirmara su imputación tras desestimar el recurso de su defensa contra la admisión a trámite de la querella.

Colau afirmó este lunes que está "muy tranquila" y que acudirá a declarar con este ánimo. Estos son los detalles del entramado que la ha llevado hasta el banquillo:

¿De qué se acusa a la alcaldesa?

La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), que presentó la querella en diciembre, considera que el Ayuntamiento barcelonés habría otorgado ayudas de forma arbitraria y sin una tramitación formal con el único objeto de financiar los salarios y actividades de "organizaciones afines" -como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatori DESC o la Alianza Contra la Pobreza Energética- mediante subvenciones directas, convenios o contratos menores.

La querella cifra en 80 millones de euros la cantidad económica destinada a estas entidades en 2019 y 2020. Según el Ayuntamiento, las ayudas denunciadas suman 1,2 millones de euros en cuatro convenios de 2014 a 2022.

¿Qué delitos se le imputan?

El proceso judicial a la alcaldesa se abrió por presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público. El 20 de enero la Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 21 de Barcelona.

¿Es la primera vez que se denuncia a Colau por los hechos de los que se le acusa?

No lo es. El pasado julio, la Fiscalía archivó la investigación que abrió a la alcaldesa de Barcelona y a los diputados del Congreso y exconcejales Jaume Asens y Gerardo Pisarello por subvencionar con 3,4 millones de euros a entidades con las que colaboraron antes de dar el salto a la política.

El ministerio público no encontró indicios de delito en las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento a organizaciones como el Observatorio DESC o la PAH.

La denuncia que hizo que se abriera la investigación la presentó Abogados Catalanes por la Constitución. Acusaba a Colau y a su equipo de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales y tráfico de influencias.

¿Qué alegó la defensa de Colau en su recurso?

El 11 de febrero la defensa de Colau presentó un recurso contra el auto por el que el juez aceptó la querella de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Los abogados Olga Tubau y Àlex Solà pidieron que se archive el caso.

La defensa ve "mala fe procesal" en la querella, de la que asegura que oculta que la Fiscalía archivó los mismos hechos por los que se la investiga ahora, lo que provocó que la justicia actuara con normalidad y que citara a declarar a la alcaldesa.

Critican en el texto del recurso que la querella se refiere a acciones del Ayuntamiento de Barcelona en genérico, sin concretar la actuación de Colau en la concesión de subvenciones, supuestamente sin concurso público y de manera continuada, a entidades sociales.

Reprochan que se señala que la alcaldesa es afín a estas asociaciones y por eso se le atribuye presunta prevaricación, pero no se especifica cómo participó en la tramitación de las ayudas.

Creen que la querella argumenta como si su cargo como representante municipal "permitiera atribuirle una responsabilidad penal en relación a cualquier acto o resolución administrativa" en el consistorio. Por eso, sostienen que no debería haberse admitido a trámite, y que en caso de considerar que los hechos deben investigarse judicialmente, "no debía tenerse por querellada" a Colau.

Los abogados tramitaron hasta ocho informes técnicos para que el juez dispusiera de toda la información necesaria antes de la declaración.

¿Por qué el juez rechazó el recurso?

El juez Ignacio Sánchez García-Porrero del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona mantuvo la imputación de Colau y rechazó el recurso al considerar que el escrito se limita a una "declaración exculpatoria" y recordó que cuando se admite a trámite una denuncia es porque existen hechos "indiciariamente" constitutivos de la comisión de un delito.

También alegó que el hecho de que la fiscalía archivara una denuncia similar no impide que se abra una investigación. 

Añadió que si tras la investigación de los hechos se concluye que no son constitutivos de delito, se podría decretar el sobreseimiento, pero en ningún caso con anterioridad.

El juez solicitó "los expedientes de todos los convenios firmados por las organizaciones enumeradas en la querella para la obtención o concesión de subvenciones en el periodo 2014-2021".

¿Cómo reaccionó la oposición ante la investigación por la que Colau declarará este viernes?

Los grupos municipales de Cs y PP en el Ayuntamiento de Barcelona pidieron la dimisión de la alcaldesa. La líder de Cs en la ciudad, Luz Guilarte, dijo que "no debe seguir arrastrando el nombre y la marca de Barcelona", e insistió en que no puede continuar siendo la representante de la ciudad.

El grupo municipal del PP recordó que "el reglamento de BComú deja muy claro que los miembros del partido imputados se comprometen a dimitir".

¿Cómo respondió la alcaldesa ante quienes exigieron su dimisión?

Colau afirmó que le parece "fuera de lugar plantear ningún cese". "Tranquilidad total porque los hechos fueron archivados por la Fiscalía hace unos meses, al no ver ningún indicio de irregularidad", dijo. "Me sorprende esta causa abierta y creo que quedará en nada", añadió.

Cuestionó también quién hay detrás de la entidad que interpuso la querella, puesto que "no se conoce actividad, quienes son, ni como se financia", y vio intencionalidad política tras la denuncia.

"Me da rabia que se quiera criminalizar a unas entidades sociales y quererlas mezclar con corrupción cuando lo que es la corrupción son grandes empresas con ánimo de lucro que compran políticos y técnicos para tener acceso a contratos públicos. Esto es corrupción", argumentó.

Por su parte, BComú, su partido, negó en un comunicado que la alcaldesa deba dimitir porque, según el código ético de la formación, solo debería dejar el cargo si hay una acusación de "ánimo de lucro personal", y lo que se está investigando son subvenciones a entidades que conceden la Comisión de Gobierno como órgano colegiado.

¿Qué estipula el texto del código ético de BComú?

El código ético de Barcelona en Comú recoge "comprometerse a la renuncia o el cese de forma inmediata en todos los cargos, ante la imputación judicial de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos, ya sea en interés propio o para favorecer a terceras personas".