Tras cinco intentos fallidos de desocupación, el Bloc Llavors del Poble-sec de Barcelona ha sido finalmente desalojado este martes por los Mossos d'Esquadra en cumplimiento de una orden judicial.

La policía catalana desplegó un fuerte dispositivo que arrancó a las 06.30 horas de la madrugada de este martes. La movilización de diversos grupos de activistas (unos 50) que llegaron a pasar la noche en el edificio del número 38 de la calle Lleida, propiedad del fondo buitre Vauras, y ocupado por seis familias (algunas con menores de edad a su cargo) no ha conseguido paralizar el desahucio.

Los antidisturbios acordonaron la zona y las familias residentes rechazaron , una vez sacadas del bloque a la fuerza, alojarse en las alternativas habitacionales que les ofreció el Ayuntamiento. Todas ellas han preferido pasar la próxima noche en casas de amigos o familiares. 

Vivían en este edificio desde el pasado mes de julio de 2017 y Vauras no ha proporcionado en todo este tiempo un alquiler social a los ocupantes, como pedía el consistorio, que también había llegado a reclamar la propiedad de la finca. 

Los activistas que también han sido desalojados han denunciado la "desproporción y falta de justificación en el uso de la fuerza" con la que han actuado los agentes. Las críticas se pueden leer, por ejemplo, en la cuenta de Twitter del Sindicat de Barri del Poble-sec. 

Las familias del Bloc Llavors de Barcelona retoman la resistencia ante el desahucio con fecha abierta

A su vez, la regidora de Vivienda, Lucía Martín, ha cargado duramente contra "las agresiones a las personas concentradas" por parte de los antidisturbios movilizados. "Enviar dispositivos policiales desproporcionados, impedir la acción de los equipos municipales y agredir a las personas concentradas son actuaciones injustificables que hoy se están produciendo en el desahucio del Bloc Llavors", ha denunciado. 

Martín ha lamentado los mensajes contradictorios enviados por la Generalitat en materia de vivienda: "Es incomprensible que el Govern, que hace dos días aprobaba un decreto con el que obligaba a los grandes propietarios a ofrecer alquileres sociales a familias vulnerables, hoy haya facilitado que se produzca este desalojo". 

"Enviar dispositivos policiales desproporcionados, impedir la acción de los equipos municipales y agredir a las personas concentradas son actuaciones injustificables que hoy se están produciendo en el desahucio del Bloc Llavors" (Lucía Martín, regidora de Vivienda)

El regidor de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, se ha quejado de que los Mossos no hayan permitido la mediación de la unidad contra desahucios del consistorio.

Según Serra, dos técnicas del Servicio de Intervención en la Pérdida de Vivienda y Ocupación (SIPHO) se han dirigido a la calle Lleida a primera hora y los Mossos no les han permitido actuar y negociar con la comitiva judicial. "Interior tiene que garantizar la tarea de este servicio", ha remarcado a través de Twitter.

La CUP ha alertado de que este desahucio evidencia que el decreto de vivienda queda "en papel mojado" por el sistema judicial y porque "un fondo buitre tiene más poder que el propio Govern". 

Expediente sancionador del Ajuntament de hasta 500.000 euros

Por su parte, el gobierno municipal ha comenzado a tramitar este mismo martes un expediente sancionador contra el fondo Vauras por seis faltas de oferta de alquiler social con multas de hasta 90.000 euros cada una que podrían comportar un paquete sancionador de más de 500.000 euros. 

El último intento de desalojo del Bloc Llavors, del pasado mes de enero, se paró en aplicación del decreto de vivienda. Aunque en febrero se dictó en el juzgado una nueva orden de desocupación con fecha abierta entre el pasado 26 de febrero y el próximo 11 de marzo. 

A partir de entonces, los activistas iniciaron una campaña con conciertos y actividades para garantizar la presencia de gente en el edificio e impedir el desahucio.

El Sindicat del Barri del Poble-sec y las familias del Bloc Llavors han pedido medidas cautelares al comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. También han enviado una carta a Leilani Farha, la relatora de la ONU en materia de vivienda.

ACN