2,3 millones de catalanes sufren exclusión residencial o se ven obligados a habitar en infraviviendas o a alquilar una habitación

  • El 35,3% de la población catalana se ve afectada actualmente por dificultades en materia de vivienda. 
Varios miembros de la familia que iba a ser desahuciada el pasado domingo en L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. El sindicato de inquilinas e inquilinos de L'Hospitalet ha conseguido negociar con la comitiva judicial una demora del desahucio de cuatro meses para la familia de Daniela y sus hijos --procedentes de Rumanía-- que ocupan el local de un antiguo restaurante en la calle Teide 16 desde mediados de 2020. El estado de vulnerabilidad del núcleo familiar, la presencia de menores en el inmueble y la no alternativa habitacional por parte de servicios sociales del Ayuntamiento han permitido una demora de hasta el 6 de septiembre para ser desahuciados.
Familia en riesgo de ser desahuciada en L'Hospitalet de Llobregat.
DAVID ZORRAKINO / EP

Las crisis sucesivas de 2008 y 2012, la del coronavirus que comenzó en 2020 y que aún no ha acabado, y que se une con la provocada por la guerra de Ucrania, hacen llover sobre mojado para centenares de miles de personas en riesgo de exclusión social. Diversas entidades sociales catalanas han puesto de relieve este martes las dificultades en las que se encuentran muchos ciudadanos en materia de vivienda y exclusión residencial. 

Han presentado los resultados del 14º informe INSOCAT de la Federació d’Entitats d’Acció Social (ECAS), realizado mediante encuestas en línea vehiculadas desde 33 entidades de toda Cataluña, y que ponen de manifiesto dos datos "muy preocupantes": que 1,3 millones de catalanes (el 16,8% de la población) viven actualmente en una vivienda inadecuada, el equivalente a 355.200 hogares. En esta categoría entran tanto las personas que se ven obligadas a vivir en hogares temporales o no convencionales, como las que viven en infraviviendas o en situación de hacinamiento. 

Y, también, que casi un millón de personas viven en hogares inseguros, con amenazas de desahucio, también invisibles, o bajo amenazas violentas (915.000 catalanes, el 11,8% de los catalanes, y un total de 329.900 hogares). Esta última problemática, la de la vivienda insegura, ha crecido 7 puntos porcentuales de 2018 a 2022, pasando del 4% al 11,8%. Ambos datos se extraen del Informe de la Fundació FOESSA de 2021. Las cifras de población en exclusión residencial facilitadas por la Generalitat dentro del nuevo marco de acción contra el 'sinhogarismo', hablaban de 59.000 personas afectadas, mientras que ECAS la sitúa en más de un millón de personas. "No son realistas", ha afirmado Busquets. 

El estudio distingue cuatro categorías de exclusión residencial. A la de vivienda inadecuada, cuyo porcentaje de afectados ha crecido del 14% a cerca del 17% en tres años, se suman, el contar con un hogar inseguro; el no tener casa y vivir en albergues o en alojamientos para inmigrantes y vivir en la calle, la situación "más extrema", según ha explicado Ferran Busquets, vocal de pobreza de ECAS, y en la que normalmente "se enfocan los recuentos de las administraciones públicas", obviando estas otras realidades. 

1 de cada 3 catalanes, en riesgo de exclusión habitacional

Las entidades lamentan que la vivienda "a pesar de ser un derecho básico, se haya convertido en un problema estructural y en uno de los principales generadores de exclusión social en Cataluña". El 35,3% de la población catalana padece problemáticas de tipo habitacional que aumentan su riesgo de exclusión social (en 2018 eran el 22,2%). "Son uno de cada tres catalanes y es un problema estructural que llevamos tiempo arrastrando", ha remarcado Míriam Feu, responsable del Observatori de la Realitat Social de Càritas Diocesana de Barcelona. 

"Hay personas que no te alquilan una habitación en su piso si vas con niños" (Andrea Nicole, 22 años) 

Son, a menudo, situaciones "invisibilizadas" de exclusión residencial, entre ellas, las mencionadas inseguridad e inadecuación del hogar a unas condiciones de habitabilidad dignas, explican las entidades. Vivir en una casa insegura supone "que te puedan echar en cualquier momento, lo que genera miedo e inestabilidad extremos" que pueden derivar en trastornos mentales, desde estrés a ansiedad y depresión, han avisado. La salud mental se ha incrementado entre la población vulnerable a la que dan cobertura de un 8% a un 17% en cuatro años. 

Charima, de 43 años, narra que, debido a la inseguridad habitacional por la que pasaba, "no comía, no dormía, y todo esto hizo que mi salud fuera empeorando. Entré en colapso. Intentaba levantarme de la cama y no podía. El médico me dijo que tenía depresión". 

No comía, no dormía, y todo esto hizo que mi salud fuera empeorando. Entré en colapso. Intentaba levantarme de la cama y no podía" (Charima, 43 años, afectada por inseguridad habitacional)

Vivir en un hogar inadecuado, por su parte, insalubre o en condiciones de hacinamiento, "vulnera de manera flagrante el derecho a una vivienda digna", un derecho de todos, han remarcado. "Hay familias con niños en situaciones invisibilizadas de 'sinhogarismo' en Cataluña", han denunciado. Solo Càritas, atiende a un 40% de familias que han de realquilar una vivienda para poder tener un techo. En datos del Observatori DESC, el 55,8% de los hogares afectados por problemas habitacionales tienen hijos a su cargo. Andrea Nicole, de 22 años, y usuaria de servicios sociales, explica que se encuentra a menudo con personas "que no te alquilan una habitación en su piso si vas con niños". 

Gastos en vivienda excesivos e insalubridad 

Entre los problemas de exclusión social en vivienda, un 19,3% de los hogares catalanes afrontan gastos excesivos en este campo, 8,9 puntos más que en 2018 (10,4%) afectando a 584.000 hogares. Le siguen las situaciones de insalubridad, humedades, suciedad o malos olores, con un 10,2%, que ha subido 9 puntos porcentuales en cuatro años (1,9%). 

Las entidades sociales han denunciado 
que el parque público de vivienda supone solamente el 1,7% del total en Cataluña 
y han reclamado que llegue al 15% antes
del año 2030

Ante esta "emergencia social", han exigido a las administraciones "una política pública en materia de vivienda centrada en recuperar su función social". Las portavoces de Càritas y de Prohabitatge, Sílvia Laporta, responsable del Área de Género, han denunciado que el parque público de vivienda supone solamente el 1,7% del total en Cataluña y han reclamado que llegue al 15% antes del año 2030, al mismo nivel de otros países del entorno europeo. 

Han considerado "totalmente insuficientes" los 4.000 pisos de alquiler público que se ha comprometido a construir el Govern con parte de los fondos europeos Next Generation y creen que los municipios deben empadronar a personas sin domicilio fijo, al ser el primer paso para garantizarles derechos. “Hay localidades que no quieren ver la pobreza y no ponen recursos para evitar el efecto llamada”, ha denunciado Busquets.

El 80% de la actividad que llevan a cabo estas 33 entidades sociales en Cataluña está relacionada directamente con problemáticas de vivienda, un alud de necesidades que no pueden abarcar en su totalidad, han lamentado este martes. O directamente no disponen de recursos para ayudar o los que tienen son inadecuados. Esto conlleva que, a día de hoy, no puedan ofrecer una vivienda, ni siquiera temporal, a un 51,4% de personas que las necesitan. 

A día de hoy, estas entidades sociales no pueden ofrecer una vivienda, ni siquiera temporal, a un 51,4% de las personas a las que atienden y a las que las necesitan

Existen listas de espera para acceder a un alojamiento social, pero estas se pueden alargar hasta "año y medio o dos años", lo que no es, ni de lejos, "atender una situación de emergencia", han criticado, y han pedido que estas "se reduzcan al menos tres meses". En los casos en los que los afectados se quedan en este limbo, intentan darles "ayuda económica" para que puedan acceder a un alojamiento temporal. 

El perfil de población atendida por las entidades a las que más afecta la exclusión habitacional son, por este orden, las familias con niños y adolescentes, los hogares monomarentales y los jóvenes solos, junto a los inmigrantes en situación irregular, que tienen el triple de probabilidades de caer en una situación de exclusión social, según Feu. También las personas con trabajos en la economía sumergida. Es el caso de Anamelba, de 57 años, y su familia: "Actualmente vivimos prácticamente de okupas. Nuestra voluntad es pagar pero, como no tenemos papeles, no tenemos opción. Creo que todos queremos vivir dignamente". 

El alquiler se lleva el 54% del sueldo de los catalanes 

Según el último estudio 'Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2021', con datos extraídos de los sueldos medios de la plataforma de búsqueda de empleo Infojobs y de los precios medios de la vivienda en alquiler del portal inmobiliario Fotocasa, los catalanes destinaron en 2021 el 54% de su sueldo medio bruto para pagar el alquiler de su casa. Supone un incremento del un 1,9% respecto al año anterior. 

El precio de la vivienda en alquiler cerró 2021 con un incremento medio del 0,4%, con un valor medio en el mes de diciembre de 14,06 euros el metro cuadrado al mes. 

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