Colau, la alcaldesa del urbanismo táctico y de la cruzada contra el coche en Barcelona

  • Encadena dos mandatos marcados por el proyecto de Superilles, más carriles bici o la Zona de Bajas Emisiones. 
  • Colau ha asegurado que quiere "culminar el modelo de ciudad" que lleva implantantado desde el año 2015. 
La 'superilla' del Eixample prioriza al peatón.
La 'superilla' del Eixample prioriza al peatón.
MIQUEL TAVERNA

Ada Colau ha confirmado este miércoles el que ya era prácticamente un secreto a voces desde que el pasado sábado, las bases de su partido Barcelona en Comú (BComú) avalaran que opte a la reelección como alcaldesa de Barcelona en las elecciones municipales del próximo mes de mayo de 2023, es decir, de aquí a justo un año. 

La respaldaron con práctica contundencia, con 211 votos favorables de miembros participantes en la asamblea, una abstención y ninguno en contra. De esta manera, le daban vía libre para aspirar por tercera vez a un cargo en el que ya lleva 7 años y dos mandatos consecutivos. 

Este aval de las bases era un paso imprescindible, porque el código ético de la formación indica que los cargos electos pueden presentarse a dos únicos mandatos. 

Colau ha explicado este jueves por la mañana, en una comparecencia inesperada, que prefirió que la militancia de su partido debatiera la necesidad de que fuera ella la que volviera a dar un paso hacia delante sin su intervención directa en la decisión. Y que ha meditado largamente con su entorno más cercano esta posibilidad que acepta con "alegría". 

Tras el "sí" de Colau, BComú activará el proceso de primarias para escoger a la que ya se sabe con certeza que será su candidata.

Dos mandatos consecutivos de la primera mujer alcaldesa de Barcelona

Ada Colau pasó, casi por sorpresa, de ser una destacada activista del movimiento social por la vivienda desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en los duros años de las crisis (fue su portavoz de 2009 a 2014) a desbancar en el puesto de la alcaldía de Barcelona al convergente Xavier Trias en 2015. Colau pasaba del lado del activismo al de la política, bajo las siglas de una formación que se creó pocas semanas antes de estos comicios: Barcelona en Comú. 

Durante este primer mandato de la primera mujer alcaldesa de Barcelona, comenzó a aplicar en las calles de Barcelona transformaciones evidentes, sobre todo, respecto a su modelo de movilidad urbana. Amplió las zonas de áreas verdes de aparcamiento prioritario para vecinos a los barrios más periféricos de la ciudad e implantó una potente red de carriles bici restando espacio a los carriles de circulación rodada (es decir, a los vehículos privados). Proyecta 32,6 nuevos kilómetros de carril bici hasta 2023 y la mejora de 11,7 kilómetros de la red actual. Una vez que se completen todas estas actuaciones, la ciudad tendrá un total de 272,6 kilómetros de carriles bici.

El plan estrella de Colau: las Superilles 

Y comenzó el ambicioso proyecto de las Superilles, convertido ahora en referente internacional de urbanismo, en el que da el protagonismo al ciudadano y al uso lúdico y social del espacio público en forma de islas para los vecinos ubicadas en cruces de calles de barrios como los de Les Corts, Hostafrancs, el Eixample (Sant Antoni), Glòries y el Poblenou. Esta última fue la primera en implantarse en el año 2016. 

Este modelo ha llevado al de implantación de ejes verdes, un paso más respecto a las Superilles para seguir "recuperando para la ciudadanía una parte del espacio que actualmente ocupan los vehículos privados". Estos ejes verdes y plazas ya son visibles en el barrio de Sant Antoni (Eixample) y en el Poblenou (Sant Martí). 

Un modelo en expansión. El ministro de Universidades, Manuel Castells, afirmaba hace escasos días que las Superilles son el proyecto "más ambicioso en la transformación urbana de Barcelona desde los Juegos Olímpicos". La propia alcaldesa ha defendido este modelo de pacificación de calles para rebajar la polución y para que los vecinos "no piensen en irse de Barcelona". Colau ha recalcado este jueves que quiere "consolidar todos estos proyectos de ciudad reconocidos internacionalmente". 

Otra de las grandes apuestas de BComú es la conexión del Trambesòs y del Trambaix por la Diagonal. Las obras comenzaron el pasado mes de marzo, en su primera fase, entre la plaza de las Glòries y Verdaguer, un tramo de 1,5 kilómetros. Las obras tienen fecha de finalización para finales de 2023  y podría entrar en servicio a principios de 2024.

Colau ha recalcado este jueves que quiere "consolidar todos estos proyectos de ciudad reconocidos internacionalmente"

En 2019 no fue la ganadora en votos de las últimas elecciones municipales celebradas en Barcelona, y quedó por detrás del candidato de Esquerra Republicana (ERC), Ernest Maragall. Eso sí, empataron a 10 regidores. Un pacto con el PSC liderado por Jaume Collboni, actual primer teniente de alcalde, auspiciado por los regidores de Barcelona pel Canvi de Manuel Valls, la volvió a poner al frente del consistorio. 

Moratoria hotelera 

En esta segunda etapa política, que aún perdura, el equipo de gobierno continuó alargando la moratoria hotelera que prometió en 2015 y tuvo que retrasar un año, hasta julio de 2016, por falta de consenso en el Plenario municipal. La puesta en marcha del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) supuso que 33 hoteles se quedaran sin licencia en Barcelona. 

En marzo de este año, el Gremi d'Hotels de Barcelona presentaba un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el nuevo PEUAT, aprobado definitivamente en diciembre del año pasado, tras cuatro años de aplicación, y con diversas adaptaciones obligadas por sentencias judiciales. 

Este nuevo plan permite realizar reformas y rehabilitaciones en hoteles del centro, sin tener que reducir el 20% de sus plazas como establecía el primer plan. Mantiene la prohibición de alquilar habitaciones por menos de 31 días para que no ejerzan como alojamientos turísticos a excepción de que se trate de viviendas de uso turístico reconvertidas en hogares compartidos. 

Con estas normativas, el Ayuntamiento de BComú trata de "descongestionar" turísticamente el centro de la ciudad, que en los últimos años previos a la pandemia (2019 obtuvo datos récord de turistas en Barcelona) recibía múltiples quejas ciudadanas por las molestias causadas por el turismo masivo y que incluso generó un movimiento contrario al turismo. 

Con la llegada de la pandemia de coronavirus, en marzo de 2020, el consistorio se enfrentó a una intensa etapa en la que tuvo que dar soluciones a problemas urgentes. El cierre de la hostelería durante los momentos más duros del confinamiento llevó a aprobar que, con la paulatina reapertura de estos negocios, y para evitar aglomeraciones que favorecieran la expansión del virus, se permitiera excepcionalmente bajar las terrazas al nivel de calzada. Se usaron como separadores con el tráfico unos bloques de cemento conocidos como New Yersey, que tras varios accidentes, uno de ellos con la muerte de un motorista, se decidieron eliminar de forma progresiva este año. 

El equipo de Colau también paralizó en el año 2017 las obras de Glòries tras detectarse irregularidades económicas y un sobrecoste de 12 millones de euros, un 20% más que el precio de adjudicación según una auditoría que hizo el Ayuntamiento a petición de la CUP. 

Se suspendió el contrato y se volvió a pujar por las obras, que quedaron divididas en cinco lotes y el soterramiento del túnel en sentido Besòs se acabó alargando hasta la Rambla de Poblenou (inicialmente lo hacía en la calle Badajoz).

El túnel de salida de Barcelona hacia el Besòs abrió en noviembre de 2021 y en sentido Llobregat el pasado 3 de abril. Esta es una de las obras de gran infraestructura más complejas a las que se han enfrentado Barcelona, con un coste de 200 millones de euros. En la superficie de la plaza siguen los trabajos para convertirla en un gran pulmón verde urbano en el que tendrán cabida pisos sociales. 

Varias querellas contra ella 

A las puertas de su último año de mandato, Colau se está enfrentando a varios frentes judiciales abiertos. El pasado mes de abril, la Audiencia de Barcelona reabrió una causa contra ella y contra los regidores Marc Serra y Lucía Martín, denunciados por el fondo de inversión Vauras Investments de de connivencia con los 'okupas' en un conflicto en un bloque de pisos de familias vulnerables conocido como Bloc Llavors, desalojado en mayo de 2021 por los Mossos. 

Esta denuncia deriva de la cruzada iniciada por el consistorio contra los fondos buitre que compran, aprovechando la crisis económica, edificios enteros del centro de la ciudad para convertirlos en apartamentos turísticos, haciendo 'mobbing' inmobiliario a los antiguos arrendatarios hasta expulsarlos.

Colau también tenía abierta otra causa por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones directas a entidades de la ciudad, muchas de ellas cercanas a personalidades del partido de la alcaldesa, Barcelona en Comú. La alcaldesa declaró en marzo en la Ciutat de la Justícia acusada prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, y negó dichas irregularidades, asegurando que la mayoría de subvenciones venían de la época de Xavier Trias.

Entre las entidades supuestamente favorecidas por el consistorio se encuentran el Observatori DESC, del que proceden miembros de los comuns como el ahora diputado Jaume Asens, Enginyers sense Fronteres, vinculada al regidor Eloi Badia, o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La denuncia la presentó la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), que desde BComú vinculan a Agbar. 

El pasado día 12 de mayo, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba al juez del caso que archivase esta causa abierta contra Colau por la concesión de subvenciones a entidades sociales, tras concluir que vincular las ayudas a su pasado de activista "no pasa de ser un ejercicio de imaginación" sin base alguna. 

Golpe la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) 

Otro varapalo judicial para el Ayuntamiento llegó en marzo de este año desde el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSC), que anulaba la ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que prohíbe a los vehículos más contaminantes (sin etiqueta de la Dirección General de Tráfico, DGT) circular por el interior de la capital catalana de lunes a viernes de 7 a 20 horas y en vigor (con algunas moratorias) desde enero de 2020 por "deficiencias en su elaboración, falta de informes determinantes y por ser excesivo en el ámbito geográfico de aplicación y en el tipo de vehículos excluidos". El Alto Tribunal estimó seis recursos presentados por 10 colectivos diferentes. 

La ZBE afecta a 95 kilómetros cuadrados (incluyen a la propia ciudad y los municipios de L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat y Sant Adrià de Besòs),

Críticas a la suciedad en las calles

Las numerosas críticas de asociaciones vecinales por los malos olores y a la suciedad de algunas zonas de Barcelona, incluso durante la pandemia, se mitigaron en parte con la puesta en marcha en marzo de la nueva contrata de limpieza de Barcelona, la más importante del presupuesto municipal, que incorpora el cambio de contenedores en los distritos de Ciutat Vella, el Eixample, Gràcia, Sant Andreu y Sant Martí. La nueva contrata es por un periodo de 8 años y un coste total de 2.300 millones de euros (122 euros al año por habitante). 

Barcelona puso en marcha en marzo la nueva contrata de limpieza, la que cuenta con la mayor partida del presupuesto municipal

Esta misma semana, el Ayuntamiento admitía que, tal y como critican muchos ciudadanos, el hecho de que los nuevos contenedores sean más pequeños genera que muchas bolsas de residuos se queden fuera de estos.  

En 2017, el consistorio multaba a la anterior titular del servicio, la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) con 7 millones de euros por incumplir el contrato de limpieza y recogida de basuras entre los años 2013 y 2015 en los distritos de Gràcia y de la Esquerra de l'Eixample. Un año antes, el Ayuntamiento comprobó que FCC pudo haber defraudado hasta 3,3 millones de euros.

Lío con la recogida puerta a puerta 

También en relación directa con la recogida de residuos, los vecinos del casco antiguo de Sant Andreu del Palomar se sublevaron por la aplicación de la recogida de basuras puerta a puerta, un modelo que se implantó primero como prueba piloto en el centro de Sarrià con éxito en febrero de 2018. 

En julio del año pasado, se quejaban por este nuevo sistema implantado en mayo y que generaba "bolsas abandonadas en las calles durante días sin recoger" y, en consecuencia, "malos olores y plagas de cucarachas y ratas". El Ayuntamiento prometió algunos reajustes en el servicio para aplacar el descontento vecinal.  

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