El caso de Valtònyc se une a otras negativas de Bélgica, que puso reparos también a entregar a Puigdemont y a miembros de ETA

La Fiscalía belga recurre el rechazo a la extradición de Valtonyc
El rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc.
Europa Press

El Tribunal de Apelación de Gante ha rechazado la extradición de Josep Miquel Arenas, conocido por su faceta musical como Valtònyc, dejando así a la justicia española sin posibilidades de hacer cumplir la sentencia que condenó al rapero a tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona. Tras el fallo de la Audiencia Nacional en 2018 y la huida de Valtonyc a Bélgica, España emitió una orden de detención que, con esta resolución de la justicia belga, sigue sin cumplirse. Esta no es la primera ocasión en la que los tribunales españoles obtienen la negativa de sus homólogos belgas, que desde hace años vienen rechazando otras peticiones de entrega por muy distintos motivos.

Es el caso de los dirigentes independentistas catalanes Carles Puigdemont, Toni Comín, o Lluís Puig, huidos en Bélgica desde la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017 y reclamados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición o malversación. Pero los tribunales belgas también han venido poniendo muchas pegas a las entregas de otros buscados por la justicia española, como ha ocurrido con miembros de la banda terrorista ETA.

Bélgica pone fin a años de resoluciones jurídicas

En el caso de Valtònyc, la primera negativa de Bélgica llegó en 2019, cuando un tribunal de primera instancia rechazó la entrega del rapero mallorquín. Entonces se presentó un recurso ante el Tribunal de Apelación de Gante, que confirmó la primera sentencia. El caso se llevó al Tribunal de Casación de Bélgica, que negó los delitos de enaltecimiento del terrorismo y amenazas, pero abrió la puerta a que se considerara un delito de injurias a la Corona. Antes de que el Tribunal de Gante volviera a estudiar si el delito de injurias tenía un homólogo en el ordenamiento jurídico belga (en cuyo caso la entrega se aceptaría) se eliminó la ley de injurias a la Corona belga, que estaba en vigor desde 1847, por sus incompatibilidades con la libertad de expresión.

La anulación de esta ley daba pistas claras sobre lo que pasaría con la sentencia de Valtònyc, que efectivamente ha concluido que el delito de injurias no es aplicable en Bélgica y ha rechazado la extradición del rapero. Un recurso ante el Tribunal de Casación de Bélgica es la única vía que quedaba a España para ver satisfecha la orden de detención y entrega después de años de resoluciones y recursos judiciales, sin embargo la Fiscalía  belga, que es la encargada de interponer el recurso, ha anunciado este martes que no va a hacerlo.

Valtònyc y los líderes independentistas huidos en Bélgica comparten en su exilio los mismos círculos y el mismo abogado, Gonzalo Boye, experto en Derecho Internacional que ha conseguido paralizar todos los intentos del Supremo para juzgarles en España.

Desde 2017, los tribunales belgas se niegan a extraditar al exconsejero catalán Lluís Puig, procesado en España por un presunto delito de malversación de fondos públicos, cuya batalla jurídica en Bélgica marca el rumbo de las que enfrentarán Puigdemont y Comín. También ha habido resoluciones de la justicia de Bélgica rechazando la entrega de estos últimos, concretamente cuando se les buscaba en España por rebelión, y no por sedición.

En el caso de Puig, los tribunales del país han negado a España su extradición apelando a una posible vulneración de sus derechos fundamentales en caso de que se le entregue a la justicia española. La pelota está ahora en el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, ya que tras el último rechazo con respecto a Puig, el juez del Supremo Pablo Llarena emitió una cuestión prejudicial para que se determine el alcance de las euroórdenes dictadas contra los exdirigentes independentistas.

El caso de la etarra Natividad Jáuregui

La misma alegación que protege hoy a Puig y por la que no ha sido entregado a España sirvió a los jueces belgas para denegar la extradición de Natividad Jáuregui, miembro del comando Vizcaya de ETA y acusada de asesinar en 1981 al teniente coronel Ramón Romeo. España utilizó tres euroórdenes en 2004, 2005 y 2015 para reclamar a Bélgica la entrega de la etarra, pero todas fueron rechazadas bajo la misma premisa.

Sin embargo, las sospechas de que en España peligraban los derechos fundamentales de Jáuregui no estaban, a ojos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fundamentadas en suficientes investigaciones. Así se sentenció en 2019, obligando a Bélgica a indemnizar a la familia del coronel asesinado. En octubre del mismo año, la Audiencia Nacional emitió una nueva euroorden incorporando los argumentos del tribunal de Estrasburgo con la que se consiguió, después de casi cuatro décadas de huída, la extradición de la prófuga.

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