Grupos parlamentarios de izquierda y formaciones independentistas no cejan en su empeño de abrir una comisión de investigación en el Congreso sobre las escuchas a políticos catalanes y vascos a través del programa Pegasus. De ahí que este jueves han presentado una nueva propuesta ante la Mesa de la Cámara Baja, después de que la semana pasada PP, Vox y Cs sumaran sus votos a los del PSOE para tirar por tierra su idea de que se abran pesquisas sobre asuntos clasificados de alto secreto. Con la lección aprendida, Unidas Podemos, ERC y Bildu, entre otros, tiran de ingenio en su segunda intentona. 

El nombre de la iniciativa dice así: "Propuesta de creación de una comisión de investigación sobre la vinculación de diversos estamentos oficiales del Estado y un entramado mediático, empresarial y 'parapolicial', con recursos y armas reservadas a organismos estatales al servicio de intereses espurios al margen del interés general y presuntamente sufragados con fondos reservados". Debajo del larguísimo enunciado plasman su firma Gabriel Rufián (ERC), Mertxe Azipurua (EH Bildu), Joan Baldoví (Compromís) y otros representantes de  BNG, CUP, En Comú Podem y el Grupo Plural, que incluye a Junts. 

Así, ya desde el encabezamiento comienzan a marcar distancias con su propuesta anterior. En esta ocasión, los grupos evitan mencionar expresamente los malware de "Pegasus" o "Candiru", con los que a su parecer se espió a líderes "políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y a sus familiares". En su lugar, se habla esta vez de "un entramado mediático, empresarial y 'parapolicial'" que, a su juicio, empleó fondos reservados con fines que etiquetan de "espurios" y lejos del interés de los "españoles". Todo, censuran, bajo una supervisión que atribuyen a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior en el primer gobierno de Mariano Rajoy.

Para aportar identidad a su acusación, los grupos indican que este "sistema institucionalizado" y "al margen de la ley" -comúnmente conocida como policía patriótica- quedó acreditado en unas conclusiones extraídas por "una mayoría amplísima de representantes" en una comisión de investigación del año 2017. No obstante, "hasta hoy no se ha explicado a la ciudadanía en ningún tipo de foro cuáles han sido los movimientos llevados a cabo por el titular del Ministerio ni sus cargos subalternos", denuncian.         

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Andando el texto, los partidos firmantes tan solo dedican dos párrafos de un total de 7 páginas al caso del software Pegasus, del que recuerdan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha sido víctima y sobre el que "se ha creado una suerte de magma de confusión general difícil de esclarecer", comentan. Así pues, justifican la comisión de investigación como "un paso previo imprescindible a la asunción de responsabilidades pertinentes y la depuración de responsabilidades". 

A renglón seguido, deslizan -sin más detalles- que en los últimos días han proliferado todo tipo de "especulaciones" como que el responsable del espionaje a los teléfonos móviles del presidente y ministros fue un "agente externo". 

A continuación, pasan a enumerar casos como Tándem, 'pequeño Nicolás' o la operación Kitchen, como ejemplos de "sombras" en las que se han visto vinculadas "altas instituciones" y sobre las que todavía pesan "dudas". Algo que -dicen- no es propio de una democracia. 

La izquierda e independentistas maniobran, con esta astucia, para que el presunto espionaje aterrice en el Congreso de los Diputados, camuflado entre "un sinfín" de episodios todavía por resolver y que se han asociado, en los últimos años, a un poder "descontrolado" en el seno del Estado, tal y como contempló Rufián sobre el caso de las escuchas a su salida de la Comisión de Secretos Oficiales en la que participó la pasada semana.

Lo hacen conscientes de que una comisión sobre el caso Pegasus requeriría hacer de dominio público documentos clasificados de alto secreto, una exigencia que no contempla por el momento ni el ala socialista del Gobierno ni parte de la oposición. 

Esta propuesta tiene que ser tramitada por la Mesa del Congreso, que salvo error en su formulación, dará paso a la Junta de Portavoces para que tomen la última decisión. Visto el precedente que marcó la anterior solicitud, PSOE y PP harán frente común para tumbar la idea de que el presunto espionaje se trate en el Parlamento.