Con arreglo a la ley, el delito de revelación de secretos de Estado del que Ciudadanos y Vox han acusado al portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, por presuntamente haber revelado  información de la Comisión de Secretos Oficiales se castiga con una pena de entre uno y cuatro años de cárcel. 

Así lo estipula el Código Penal en su artículo 598 -perteneciente a un capítulo más extenso llamado 'Del descubrimiento y revelación de secretos'-. Dicho artículo dispone de esa pena para quien "sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar".

La acusación de los partidos de la oposición al Gobierno viene seguida de las declaraciones de Rufián ante la prensa a la salida de la comisión, reunida a puerta cerrada este jueves tras tres años de inactividad para que la directora del CNI, Paz Esteban, compareciera por la polémica de las escuchas a políticos independentistas vascos y catalanes. 

Rufián, igual que el grupo de diez diputados -un representante por agrupación parlamentaria- que asistía al foro, tenía prohibido divulgar cualquier tipo de información. En la sesión en cuestión pudo acceder a documentación catalogada como secreta o reservada, pero solo para examinarla o tomar notas, nunca para hacer copias. 

¿Quién es quién en la Comisión de Secretos Oficiales que se celebra este jueves por primera vez en tres años?

En primera instancia, Ciudadanos y Vox reprocharon, en la rueda de prensa posterior a la comisión, que el portavoz de ERC declarara públicamente que la directora del CNI les había reconocido a los asistentes que solo una parte de los más de 60 dirigentes independentistas espiados lo fueron por los servicios de inteligencia y siempre bajo autorización judicial. También censuraban que Rufián hubiera contado a los periodistas que la jefa de la agencia les había planteado dos posibles orígenes de la intrusión a aquellos teléfonos que no habían sido pinchados por el CNI: o se produjeron en una potencia extranjera o en "organismos descontrolados" del propio Estado español. 

Ante el gran revuelo que levantaron sus palabras, el propio Rufián trató de despojarse de toda incriminación publicando un mensaje en Twitter que trataba de apaciguar la polémica. En el tuit, el catalán matizó que su alusión a “otro país o a otro organismo estatal” como responsable del espionaje es una “interpretación” personal y que en la comisión no hubo secretos “ni oficiales ni extraoficiales” porque, a su parecer, no se dijo "nada que el CNI no haya filtrado ya”.

Las justificaciones del portavoz republicano no convencieron a su homólogo de Ciudadanos, Edmundo Bal, quién -también vía Twitter- dio un paso más en su reprimenda anunciado que la formación naranja presentará una querella contra Rufián por "haber roto el secreto de la comisión". A renglón seguido, Bal lamentaba que el Gobierno hubiera "permitido a ERC, Bildu, Junts y la CUP acceder a los secretos de Estado". Hecho que ha sido posible gracias a la votación favorable de 176 diputados del Congreso (mayoría absoluta) y en contra de la voluntad de PP, Vox y Ciudadanos, que reafirmaron su pretensión de vetar el acceso de estas agrupaciones independentistas a la comisión. 

Sea como sea, si los de Arrimadas o cualquier otro partido emprenden, finalmente, acciones legales contra Rufián por revelar secretos de Estado, el caso tendría que ser examinado por el Tribunal Supremo, al ser el órgano judicial ante el que está aforado el diputado.