"Mañana es el día de las trabajadoras domésticas y les anticipo que, con carácter casi inmediato, vamos a ratificar el Convenio 189" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), avanzó este martes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es una reivindicación que acumula ya 11 años y que los socios de Gobierno se comprometieron a cumplir en el acuerdo de investidura. "Ya era hora. Queremos tener derecho a paro", celebra a 20minutos Carolina Elías, presidenta de SEDOAC, una asociación en defensa del sector.
Tienen un sistema especial dentro del régimen general que las excluye de los derechos y las prestaciones sociales del resto de trabajadores. Están abocadas a la precariedad, a la temporalidad y a la inestabilidad. Y es que el sistema de contratación de las trabajadoras del hogar se lleva a cabo con un mecanismo particular que, entre otras cosas, las somete a unas peores condiciones de trabajo y les arrebata el derecho a la prestación por desempleo. Una situación que se buscó corregir con la aprobación del Convenio 189 de la OIT en 2011, pero que, sin embargo, no se ha ratificado todavía en España, pese a que ya hay 35 países que sí lo han hecho.
De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reprendió recientemente al Gobierno en una sentencia en la que concluía que la legislación española discrimina a las trabajadoras del hogar e insta a España a revertir esta situación. En concreto, el fallo reza que negar el acceso al paro a las casi 400.000 mujeres es contrario a la Directiva de Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres; y es discriminatoria según la norma en materia de desempleo de España.
Se trata de un sector ya no solo invisibilizado, sino especialmente feminizado. Nueve de cada diez trabajadoras domésticas son mujeres. El 61% tienen más de 45 años, según datos de la Seguridad Social, y un alto porcentaje (casi la mitad) son extranjeras. A diciembre de 2021 había dadas de alta 381.485 trabajadoras domésticas, pero, según Comisiones Obreras (CC OO), habría otras 200.000 se mantienen en empleo sumergido y sin derechos.
"La falta de valor social y económico ha conseguido que tenga una infraarregulación legal. Con el paso de los años se han ido consiguiendo cosas, pero nos quedan escollos importantes y el primero de ellos, el más grave, es todo lo que tiene que ver con la cotización del desempleo", asevera a 20minutos Carolina Vidal, secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO.
Temen que la ratificación quede "en papel mojado"
Lo que exigen, cuenta Vidal, es que se reconozca el derecho a tener prestaciones. "Queremos un cambio legal y recibimos con mucha esperanza que [Yolanda] Díaz se haya manifestado diciendo que pretenden hacerlo. Se habían comprometido a ello y después habrá que trabajar en otras cosas como la salud laboral o la inspección en los centros de trabajo", afirma la representante del sindicato.
Según explicó la ministra de Trabajo, "están todos los trámites culminados" y la ratificación se encuentra ahora "en la antesala del Ministerio de Exteriores", con la mirada puesta en que sea trasladada cuanto antes a las Cortes Generales. Fuentes del departamento de Díaz explican a este diario que lo más probable es que se apruebe en el Consejo de Ministros en las próximas semanas, y que, además, están preparando una ley complementaria para apoyar esa ratificación, pero de la cual todavía no hay detalles.
"Ahora, por la sentencia, se van a dar prisa. Está bien, pero, por otro lado, nos preocupa algo que nos dijo el secretario de Empleo justo cuando salió el fallo, y es que iban a acelerar la ratificación y a ver qué tipo de medida iban a adoptar, que no fuese una prestación contributiva. Es decir, que no nos van a dar el paro y queremos tener ese derecho", teme la presidenta de SEDOAC. Según considera Carolina Elías, será un paso más, pero no es algo que vaya a resolver el problema si no se modifica y adecúa la norma para que se les reconozca la prestación por desempleo. "Puede quedar en papel mojado si no se adoptan medidas públicas", asegura.
Piden "igualdad de trato" con el resto de trabajadores
Lo que exigen es que "desaparezca" el sistema especial que se incluyó para este sector dentro del Régimen General y que las ancla a una serie de condiciones específicas. Por ejemplo -explica Elías- cotizan por tramos y no por salarios reales y, en la práctica, los empleadores no están obligados a reportar al SEPE el contrato de trabajo o una nómina mensual. Así lo estableció una reforma del PP en 2013 por la cual se permitió que las empleadas domésticas que trabajan menos de 60 horas al mes puedan "pactar" con su empleador que tanto el alta en la Seguridad Social como el depósito de las cotizaciones corra a cuenta de la propia trabajadora.
Esto, al final, revirtió la tendencia a la formalización del empleo que se veía observando desde 2011 y que hizo aflorar parte del empleo sumergido. En los últimos nueve años, se ha perdido el 35% del empleo que se formalizó en el primer año en el que se integró a este sector en el Régimen General. No es que no hubiese mujeres trabajando, sino que se disparó de nuevo el número de trabajadoras que no estaban dadas de alta.
"Imagínate que te dicen que te van a pagar siete euros la hora, y que ahí va el pago de la Seguridad Social, las vacaciones, las pagas extra... Al final, si nos ponemos a descontar, el dinero que ganan por hora queda en nada. Si ahí la trabajadora acepta no cotizar, es por necesidad. Y para las extranjeras es fundamental, porque es la única manera en la que podemos garantizar la renovación de nuestros permisos de trabajo y residencia", explica Elías.
En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar y Cuidados, este 30 de marzo, diversas asociaciones de todo el país han enviado una carta al Gobierno en la que exigen "igualdad de trato". No piden más que su trabajo sea garantía de derechos y que se reconozca una labor que tras la pandemia ha demostrado ser igualmente esencial como infravalorada.
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