La Comisión Europea acudirá al Consejo Europeo del jueves y viernes de esta semana con una propuesta muy concreta para tratar de evitar cortes de energía el próximo invierno y reducir la dependencia de los Estados miembros de países como Rusia, pero distinta al desacoplamiento del precio del gas del resto de energías o el establecimiento de un precio máximo que países como España reclaman de manera urgente. Por el contrario, el Ejecutivo comunitario ultima una propuesta que obligará a los países de la UE a aumentar sus reservas de gas y que permitirá a sus gobiernos conceder ayudas de estado para ello si es preciso.

Junto  este documento, la Comisión tiene previsto aprobar otro, llamado "marco temporal de ayudas de estado" para apoyar la economía europea tras la "agresión de Rusia sobre Ucrania", que incluye la posibilidad de que los Estados miembros subsidien a empresas y consumidores por medio de ayudas o créditos oficiales y supone una ampliación de las medidas que se aprobaron el pasado octubre. Fruto de ello, fueron las primeras bajadas de impuestos sobre el precio de la energía, en septiembre. Trasladado al momento actual, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya dijo hace unos días que han quedado obsoletas.

También se especifican ayudas de Estado, adelantos, garantías o créditos para hacer frente al "severo incremento de los precios del gas y la electricidad", y es la única medida que en este sentido propone la Comisión, muy alejada del desacoplamiento de los precios o de la fijación de precios máximos por los que aboga España.

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La Comisión Europea aprobará estas propuestas este miércoles de cara a la Cumbre europea de esta semana. De acuerdo al borrador al que ha tenido acceso este periódico, el aumento de las reservas de gas en Europa es el elemento que el el Ejecutivo comunitario considera que debe afrontarse de forma "inminente" para evitar una carestía del gas el próximo invierno, dada la "actual situación geopolítica", en alusión a la guerra en Ucrania, que "requiere medidas adicionales a corto plazo". Sin embargo y a pesar de la reclamación de España y otros países del sur de Europa, estas medidas más inmediatas no tienen que ver con actuar sobre los precios de la energía, sino con "introducir una política de seguridad sobre el nivel de llenado de las instalaciones de almacenamiento de la UE".

Esta propuesta legislativa parte de la comunicación de la Comisión Europea del pasado 8 de marzo, en la que ya mencionaba la posibilidad de "optimizar el mercado de la electricidad" o incluso de establecer "límites temporales de precios" de una manera más vaga y, en todo caso, más a medio plazo. Para ello, espera todavía un informe del regulador europeo de la energía que llegará en abril y no se espera una eventual decisión hasta mayo, tal y como confirmaron recientemente fuentes comunitarias. 

En aquel documento, la Comisión también se abría la posibilidad de que los Estados miembros pudieran "considerar la adopción de medidas fiscales temporales sobre los beneficios imprevistos", los llamados "beneficios caídos del cielo" de las eléctricas. En todo caso, la medida a "corto plazo" que la Comisión concreta en su propuesta al Consejo y al Parlamento Europeos solo tiene que ver con el aumento de reservas de gas.

Estos planes chocan con la urgencia que tienen países como España, Italia, Portugal o Grecia para actuar ya sobre los precios del gas o de la energía en su conjunto, que ya se están trasladando a la cesta de la compra y al precio del carburante y que en España por ejemplo están provocando ya una huelga de transportes. 

Para lograr una decisión en este Consejo Europeo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se embarcó la semana pasada en una gira europea para convencer a sus homólogos de la necesidad de tomar una decisión. De momento, ha logrado forjar un frente con los países del sur, pero Alemania se resiste a regular precios y su negativa estaría detrás de la decisión del Gobierno español de dar marcha atrás y desmarcarse de la propuesta para fijar un máximo de 180 euros por MWh, tal y como hasta hace días negociaba con Portugal. 

El Gobierno vuelve al precio máximo

En todo caso, y a pesar de que la propuesta de la Comisión se limita solo al almacenamiento de gas, nada impide a los jefes de Estado y de Gobierno proponer y acordar otras medidas en el Consejo Europeo. "Es un Consejo Europeo importantísimo, lo que se supone seguro es que los jefes de Estado y de Gobierno tendrán un debate sobre aspectos e implicaciones" de propuestas como la que hace España para desacoplar los precios del gas del resto de la energía, ha señalado Ribera, preguntada por los temas ausentes del borrador de la Comisión Europea.

Un día después de descartar un tope, Ribera ha vuelto a apuntar a la posibilidad de que todos o algunos países de la UE puedan fijar un precio máximo a la producción del gas, compensando a las centrales de ciclo combinado que lo generan si este es más alto en realidad.

Así lo ha apuntado en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros al ser preguntada por la propuesta que hará España en la Cumbre europea. "Se trata de ver la manera en la que en el mercado mayorista pueda incidir menos la distorsión del gas sin que eso afecte al mercado mayorista".

"Lo más sencillo es introducir una referencia máxima del precio al que pueden ofertar las centrales de ciclo combinado, combinado con una compensación en el caso de que esté por encima", ha dicho la vicepresidenta, que añadido que entre las cuestiones "técnicas" que hay que determinar está la posibilidad de "que sean unos Estados miembros y no todos los que quieran sumarse a estas medidas".

Más reservas de gas para el próximo invierno

En concreto sobre el almacenamiento de gas, la Comisión Europea propone que los Estados miembros acumulen un nivel mínimo obligatorio de reservas, que en su comunicación de principios de marzo estableció en "al menos el 90%" de su capacidad, aunque ahora en su propuesta legislativa no figura ningún umbral, porque Bruselas la determinará ante cada invierno. Entrará en vigor para el próximo, el de 2022-2023, porque considera que es cuando podría haber cortes debido a la situación que está creando la guerra en Ucrania, toda vez que el presente invierno que ha sido "eventualmente seguro" y que a partir de primavera, sin el uso de la calefacción, el consumo se reduce.

"Se espera que la situación sea particularmente problemática el próximo invierno", que es cuando Bruselas cree que "podría haber riesgo de insuficiente gas almacenado".

Para asegurarse el nivel de gas almacenado que se fije cada año, los Estados miembros podrán incentivar la creación de estas reservas -y no su venta a precios disparados como los de ahora- con ayudas de estado. Los países que no dispongan de almacenes deberían asegurar acuerdos con los operadores en otros Estados miembros que les aseguren reservas de al menos el 15% de ol volúmenes que vayan a utilizar.

En estas relaciones entre Gobiernos y operadores de energía quedará fuera la empresa estatal rusa de la energía, Gazprom, de la misma manera que la Comisión vigilará que las ayudas de estado que concedan los Estados miembros para ayudar a empresas y consumidores por el precio de la energía no terminan en empresas sometidas a sanciones.

En el caso de las reservas de gas, la propuesta de la Comisión contempla que para que un operador pueda transportar o almacenar gas en la UE deberá contar con un certificado de algún regulador europeo para poder operar y que no se dará "si se demuestra que una persona que directa o indirectamente controla o ejerce algún derecho sobre el operador que ponga en riesgo la seguridad del abastecimiento energético", algo de lo que precisamente la UE acusa al presidente de Rusia, Vladimir Putin.